Se conoció ayer, un fallo firmado por dos de los tres jueces
– Salvador Norberto Ruiz y Ebe Marta López Piossek; Horacio Castellanos se
abstuvo de toda participación- de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo del Poder Judicial de Tucumán, que anula los comicios
provinciales que se desarrollaron el 23 de agosto, y en los que Juan Manzur,
candidato del Frente para la Victoria, resultó electo Gobernador por amplísimo
margen.
El fallo, que utiliza como argumentos algunos informes
pasados en un programa de televisión – sí sí, la administración de justicia en
este país se da, no pocas veces, según lo que dicen en la tele-, era previsible.
De hecho, era el paso lógico tras un primer fallo de esta
misma Sala, conocido apenas el frente opositor Acuerdo para el Bicentenario que
nuclea radicales; Macri; y Massa hizo la presentación original ante el fuero en lo Contencioso Administrativo, que
declaraba la inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley 6.944 del Código
Procesal Constitucional de Tucumán, según el cual era la Junta Electoral
Provincial, la única con competencia judicial en los comicios.
Ese fallo original, no sólo le saca la competencia a la JEP,
sino que también hace una autoproclamación respecto a las atribuciones, las
cuales a partir de allí, se las arroga la misma Sala.
Traducido, los jueces de esta Sala del fuero en lo
Contencioso Administrativo, decidieron, con el acto eleccionario concluido, que
de ellos depende el resultado de la elección; eso, como antesala del fallo de
ayer, en el que desconocen el voto emitido por los tucumanos e indican que los
comicios deben volver a realizarse.
Todo esto, con base en lo dicho en palabras e imágenes en la
tele como fundamentación central, que para estos jueces, alcanza y sobra como
para omitir los más de 100.000 votos de diferencia existentes entre el ganador
de la elección, Manzur, y su inmediato perseguidor, el radical José Cano.
Podría uno, brindar calificaciones y epítetos en cantidades
industriales, para describir lo que estos dos jueces están llevando adelante,
pero creo que lo más atinado es decir que los hechos muestran a las claras un
golpe institucional y entierran a la democracia en Tucumán, al menos, 4 metros
bajo tierra, a la fecha.
Obviamente, el Frente para la Victoria va a llevar el caso
hasta las últimas instancias, donde, esperemos, el Poder Judicial recupere el
valor del voto popular.
Más allá de ello, la oposición está demostrando que la
táctica por deslegitimar lo que eligen los ciudadanos en las urnas, es su
opción primaria a fin de terminar con el actual proceso político, y no tiene
ningún reparo en llevarse puesta a la democracia de ser necesario; lo que bien se puede definir como un avance sostenido en su creciente caprilización.
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