Una reflexión sobre el software libre.

No soy un especialista en lo que a software libre se refiere ni mucho menos, e inicio estas líneas aclarándolo porque es justamente desde mi desconocimiento en su utilidad práctica, que me permito reflexionar sobre algunas razones para avanzar en una política de Estado.

En efecto, adopar al software libre, permitiría al Estado no pagar millones y millones de dólares en licencias a las dos compañías multinacionales que acaparan prácticamente la totalidad del mercado – a saber Microsoft y Apple -, porque justamente, una de sus características es la gratuidad, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones.

Lógicamente, la cuestión no radica en la simpleza de la adopción de un día para el otro en todos los ordenadores del Estado Nacional y las provincias, sino en iniciar un proceso de adaptación que implique necesariamente la capacitación para su uso, y la concientización social entorno al porque debe utilizarse.

Es precisamente a partir de introducirnos en el porque debe utilizarse, cuestión que nos ata a porque debemos tener una política de Estado, que encontramos un argumento central.

Encaminar una política de Estado, es sin dudas un avance más en la construcción de soberanía, porque significa empezar a cortar los lazos que sujetan todo lo que a informática oficial se refiere, a las multinacionales que manejan el mercado mundial y sus intereses particulares.

Hoy en día el Estado y la sociedad se encuentran prácticamente encerrados en un círculo diseñado para el beneficio de estas empresas porque se educa; se trabaja; se crea; se investiga; e inclusive se juega, bajo sus sistemas operativos.

La dependencia desde la instrucción hasta el uso e inclusive la modernización de equipamientos, es casi total, y un Estado Soberano no tiene porque asistir y convalidar ese círculo que redunda en ganancias exponenciales para empresas que desconocen el valor cultural y social del software.

Allí, creo, radica la clave para entender porque necesitamos empezar a pensar un modelo alternativo que contemple un pasaje gradual del uso del software privado al libre, y que a su vez, fortalezca la investigación y producción propia en esta materia.

Jubilaciones en el país y la región.

En el día de la fecha, el diario Tiempo Argentino destaca en la nota titulada “La Argentina duplica el promedio de las jubilaciones de América Latina”, un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la reciente Conferencia Regional sobre Envejecimiento.

Según este, en comparación con la media de América Latina, la cobertura a jubilados en nuestro país es superior en un 45,1%.

A ello, debe agregarse que Argentina supera en cobertura a Brasil, Chile y Uruguay, países puestos como ejemplo desde sectores opositores, cada vez que intentan denostar a nuestro gobierno.

Por otra parte, el informe da cuenta de las diferencias en los haberes jubilatorios, y nuevamente son los nuestros, los más altos de la región.

Comparando nuevamente, mientras el haber jubilatorio mínimo local es de U$S 389,1, el brasileño es de U$S 355,5, el chileno de U$S 246,3 y el uruguayo de U$S 229,4.

Pero la brecha se amplia, cuando la comparación se centra en el llamado “Índice de Paridad de Poder Adquisitivo” – estima que se puede comprar en moneda local que equivalga a lo que podría ser adquirido en EE UU con un dólar-, según el cual Argentina pasa a U$S 635,4, Brasil a U$S 326, Chile a U$S 285,1 y Uruguay a U$S 241,9.

Por ende, los números no hacen otra cosa que reflejar el acierto de carácter estratégico obtenido a partir de la estatización de las AFJP, y del Plan de Inclusión Previsional.

Se pone en evidencia que Argentina, cuanta con el sistema previsional más inclusivo de la región, tanto por su capacidad de cobertura en la población, como por sus haberes los cuales se han incrementado un 314% en dólares, desde 2003.

Es evidente, que hay que continuar en este camino para lograr el 100% de cobertura en la población con edad de jubilarse, así como para que los haberes sigan recuperando poder adquisitivo.

El pensamiento dolarizado.

Hace varias semanas, desde que el Gobierno Nacional y Popular tuvo nuevas iniciativas a fin de terminar con el libertinaje en la compra- venta de dólares, las empresas que dominan la comunicación en el país buscan instalar el terror social entorno al precio del dólar.

Conocedores del pensamiento dolarizado imperante sobretodo en las clases media y alta, los multimedios y afines naturalizan la supuesta legitimidad del mercado ilegal del dólar, también denominado bajo el eufemismo “dólar blue”, y magnifican con ríos de tinta y horas de aire, un mercado que no llega a ser ni el 10% de la operación de divisas totales.

Así, machacan para instalar la idea de que el dólar se esta disparando, y que ese es un problema que afecta a toda la sociedad, cuando bien saben que el mercado de divisas es algo completamente ajeno a más del 70% de la población.

Una vez más, nos encontramos ante la imposición de una agenda que nada tiene que ver con las grandes mayorías, pero que se pretende instalar como un problema para todos los sectores.

Una vez más, se masifica un sentido elaborado para generar pánico social, sobretodo en la clase media; el sector más permeable a este tipo de operaciones, pero que esconde el interés especulativo de los sectores corporativos que tanto daño han hecho al país.

Frente a ello, la disputa en la construcción de sentido aparece como una urgencia para desarticular ese discurso que apuesta a deslegitimar la intervención del Estado en un mercado históricamente sospechado por su cuanto menos, falta de claridad, pero también, para iniciar un camino que quiebre el pensamiento dolarizado imperante, algo que desde luego no se logra ni de un día para el otro, ni a partir del mero debate discursivo.

Será necesario, avanzar en medidas concretas que estimulen la desdolarización de la sociedad que existe en varios rubros como ser: El mercado de inmuebles; el ahorro; o el mercado de transporte aéreo.

Primer paso: De TBA a la UGOFE.

El jueves pasado conferencia de prensa mediante, el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció el fin de la concesión de la empresa TBA perteneciente al grupo Cirigliano, en los dos ramales de FFCC en los que operaba; Mitre y Sarmiento.

Sin dudas, una medida esperada y con enorme consenso social, a la cual se llegó luego de tres meses de intervención en la concesión por parte del Estado tras la tragedia ocurrida en Once, y que abre una nueva etapa en el sistema ferroviario nacional.

De Vido también anunció que a partir de ese momento, los ramales Mitre y Sarmiento pasaban a estar bajo la administración de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), la cual está compuesta por dos operadores privados (Grupos Roggio y Romero) – El Grupo Cirigliano que antes era parte, quedó afuera-; representantes sindicales; y representantes del Estado Nacional, y ya opera las líneas Belgrano Sur; Roca; y San Martín.

Es claro que desde su creación en 2005, la UGOFE, se ha limitado a administrar el servicio cotidiano de trenes, no sin contratiempos y problemas varios.

A su vez, es claro que desde su misma creación, la unidad se planteó como un órgano de emergencia a tales fines, y por ello ilógico sería plantear la necesidad de que cumpliera otras funciones.

En consecuencia, es conveniente valorar la medida dispuesta por el Gobierno Nacional y Popular en términos de un avance en un camino dificultoso que aún debemos andar para construir un nuevo sistema ferroviario; tarea que debemos resolver desde la política necesariamente, porque es desde el único lugar a partir del cual se conciben las transformaciones estratégicas aún pendientes en nuestro país.

CGT: Camino a la fractura.

Las grietas en la Confederación General del Trabajo son cada día más profundas, y ayer, cuando el moyanismo se reunión bajo el título del Comité Central Confederal, se evidenciaron categóricamente.

Moyano y sus aliados, buscaron dar una demostración de fuerza en una reunión cuya legitimidad se cuestionó desde el espacio opositor, que tiene como máximo referente a Antonio Caló.

En el mitin, tanto el titular de la central como varios de sus aliados embistieron con dureza contra el heterogéneo espacio opositor y contra el Gobierno Nacional y Popular, acusando a ambos de la crisis cegetista.

Desde luego, el sector opositor no tardó en responderle no reconociendo esa reunión como legítima, y cuestionando su legalidad al punto de especificar que de ser necesario, llevarán el conflicto al Poder Judicial.

A esta altura, los canales de dialogo para convenir un congreso normalizador de la CGT consensuado entre ambos espacios están completamente rotos, por lo que difícilmente se pongan de acuerdo antes del 12 de julio; día que promueve el oficialismo para realizar la renovación de autoridades.

Si bien no está dicha la última palabra, el espeso clima que se vive comienza a dar paso a un escenario de fractura.

Uribe, las bombas de estruendo y el fallo de la CSJN.

Casi como si hubiera estado planificado de antemano, el hecho ocurrido en el Teatro Gran Rex ayer, sirvió para bajar de la primera plana mediática el fallo de la Corte Suprema durante todo el día.

Sobredimensionado y producido a base de desinformaciones lanzadas al aire sin mayores reparos en las que mucho tuvo que ver la conferencia de prensa brindada por el juez a cargo, Norberto Oyarbide, quien no midió sus palabras, el hecho sobre un artefacto encontrado en el teatro porteño – compuesto por dos bombas de estruendo que según los análisis de la Policía Federal, no tenían poder de daño relavarte-, resultó de enorme utilidad para tapar la decisión de la CSJN de dar por tierra con la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación.

El fallo, establece que Clarín tiene hasta el 7 de diciembre para ajustarse a derecho y cumplimentar lo que indica el artículo 161 de la ley, respecto de las cantidades de licencias radiales y televisivas que un multimedios puede manejar.

Desde luego, este fallo representa un paso más hacia la plena aplicación de la ley, y por ende, hacia la pluralidad de voces.

Sin embargo, es sabido que el multimedios más impune del país, continuará utilizando todo tipo de artilugios para no cumplir con una ley democrática, y así, mantener sus privilegios.

Por eso, es un avance importante en el camino de la democratización comunicacional, pero aún resta camino por recorrer.

Ahora bien, volviendo a la noticia sobredimensionada y con dudoso origen – un artefacto armado con dos bombas de estruendo y encontrado por un empleado de limpieza de casualidad, resulta cuanto menos sospechoso, máxime, cuando conocemos el profesionalismo de la seguridad personal con la que viaja a todos lados el supuesto destinatario, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe-, no sólo permitió tapar o relegar el fallo de la Corte, sino que también, termina catapultando a los encabezados, la conferencia que el fiel colaborador con los intereses yanquis en nuestra región, hará hoy en el Gran Rex.

Precisamente, es a partir del hecho de ayer, que se dio a conocer masivamente esta conferencia.

Siendo mal pensado, uno podría elucubrar que ayer, se montó una escena para publicitar la actividad de hoy del socio de las organizaciones paramilitares en Colombia, y que además, vino como anillo al dedo a los intereses del diario de la cornetita, en pos de tapar el revés judicial.

UBA: Trabajo comunitario curricular en todas las carreras.

Hoy por la mañana en declaraciones radiales, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, dio a conocer la inclusión de lo que denominó “trabajos comunitario o educación solidaria”, como nuevo requisito curricular para poder obtener el diploma universitario en todas las carreras.

En consecuencia, los estudiantes que ingresen a cualquier carrera de las 13 facultades de la UBA en 2013, para poder recibirse, deberán cumplimentar 40 horas de prácticas comunitarias relacionados con su profesión, a desarrollarse en el marco de una o varias materias con actividades fuera del aula, algo que el rector definió como “una estrategia pedagógica para devolverle a la sociedad algo de lo que nos da”.

“Puede ser un instrumento de cambio, acercando a la universidad a los sectores más desfavorecidos y ayudando a promover su desarrollo”, expresó Hallu, y agregó que “la producción de saberes de la universidad debe contemplar las particularidades de la sociedad en la que está inserta, detectar los problemas y desafíos, ofrecer respuestas, realizar acciones directas y retroalimentar el desarrollo de nuevos contenidos”.

Hasta aquí, la noticia resulta inmejorable y viene a dar respuesta a un reclamo histórico de los sectores nacionales y populares de la universidad.

La UBA, durante años pretendió forjarse como una isla exenta de las realidades sociales, y abocada a una producción de conocimiento ligado a intereses, en muchos casos corporativos.

30 años de gobiernos radicales, hicieron de la universidad más grande del país una suerte de cantera de las grandes multinacionales, dejando de lado un sentido crítico tan necesario como aislado a espacios desfinanciados.

Evidentemente, las consecuencias saltan a la vista en un momento en el que nuestro país necesita de espacios académicos trabajando; generando conocimiento, en pos de las necesidades del pueblo, y de allí el camino que se inicia con el trabajo comunitario.

Habrá que discutir cómo se llevan adelante las prácticas universitarias; con qué objetivos; y cómo se piensan en su articulación con otros sectores sociales, porque en ese debate radica el sentido y los fundamentos de las mismas.

Subtes: Reunión por paritarias.

Reunión clave, la que se llevará adelante en breve en el Ministerio de Trabajo buscando tanto desde Gobierno Nacional y Popular como de los representantes de los trabajadores, destrabar el conflicto por la ausencia de paritarias en los subterráneos de la CABA.

Como es sabido, la empresa concesionaria Metrovías viene negándose a la discusión con la excusa de supuestos intereses afectados, dado el incumplimiento de las funciones por parte de la intendencia que encabeza Mauricio Macri.

Si bien es injustificable y vergonzoso que el pro no asuma sus responsabilidades de gobierno, eso no puede ser excusa para abrir la ronda de negociaciones, por lo que la empresa abusa de una situación para sacar ventajas particulares mezquinas e ilegítimas.

Dicho esto, el panorama hasta hace algunas horas no parecía tener modificaciones de cara a la reunión, dado que desde el macrismo se anunciaba y se reiteraba que ningún funcionario del municipio concurriría al encuentro en Trabajo.

Sin embargo e inesperadamente, el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, dio a conocer su concurrencia por lo que se aguarda, la posibilidad de llegar a buen puerto en un conflicto llevado a la irracionalidad por la voracidad empresaria y la decidía del gobierno porteño.

Sin quórum.

La actualización impositiva en zonas rurales que impulsa el Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires y que ya cuenta con la media sanción de los senadores bonaerenses, continuará siendo una cuenta pendiente tras la falta de quórum que impidió su tratamiento ayer en la cámara baja provincial.

Parecía estar todo acordado a principios de semana, para que el tratamiento del proyecto que apunta a normalizar un impuesto casi inexistente hacia el sector más rico del país, se efectuara sin mayores contratiempos.

Sin embargo y ante la presión realizada por los estancieros, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio progresista, se echaron atrás y definieron no dar quórum a la sesión en diputados que debió llevarse adelante el miércoles.

Ante esta situación, cabe recalcar una vez más, cómo la oligarquía terrateniente es capaz de manejarle la agenda a ambos espacios, aún siendo estos concientes del verdadero disparate que representa hoy en día el impuesto que deben pagar.

En la zona rural más productiva del país como es la pampa húmeda, y en ella la Provincia de Buenos Aires, la hectárea paga un valor promedio de $ 30,00 desde hace 15 años; en efecto un monto vergonzoso, considerando cuanto se han valorizado los campos y los millones y millones de dólares que permiten ganar a sus dueños con la producción de materias primas.

Huelga la aprobación de la reforma impositiva que encamina a sacar un privilegio injusto e innecesario del sector que más plata a ganado en los últimos 8 años, y que permitiría aumentar los fondos del Estado provincial.

Huelga pero nuevamente, tuvimos que asistir al lastimoso accionar de espacios permeables al lobby corporativo que aún así, pretenden dar clases de progresismo.