El macrismo vuelve a mostrar su vocación por reprimir toda
protesta social, esta vez, en el marco del conflicto existente por el intento
de cambio de currícula que pretende instaurarse en las escuelas secundarias de la CABA a partir del año próximo.
Haciendo un breve racconto, la intransigencia en perpetrar
un cambio curricular sin consulta alguna a docentes y estudiantes porteños,
quienes vienen solicitando ser participes del debate, por parte del ministro de
educación Esteban Bullrich, ha derivado en diversas medidas de fuerza, las más
recientes; la toma de escuelas que ya alcanaza a 32 establecimientos educativos
en la ciudad.
Pese a ello y haciendo oídos sordos al legítimo reclamo, el macrismo
vuelve a incurrir en la vía represiva y persecutoria hacia quienes defienden la
educación pública, tal cómo se desprende de lo contado por la directora del Colegio Mariano Acosta, Raquel
Papalardo, quien explicó que desde el ministerio de educación porteño, se
distribuyó un protocolo según el cual deben denunciarse las tomas de los
establecimientos ante la comisaría correspondiente en cada caso.
En dialogo con Radio
Nacional, la académica detalló que en la reunión con directivos realizada por el
gobierno municipal y encabezada por Ana María Ravaglia, Subsecretaria
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, se recomendó “dar cuenta del hecho a las direcciones de área y
concurrir a la comisaría más cercana a efectos de denunciar la situación de
toma, los ilícitos que se estarían configurando por usurpación e ingreso o
permanencia de personas contra la voluntad del titular”.
A su vez, denunció
que el protocolo “no tiene membrete ni está firmado por nadie” lo que da cuenta
de una informalidad útil en pos de cubrirse por la nefasta orden impartida, y reveló
que de las modificaciones estructurales de la educación en las escuelas porteñas,
directivos y docentes se enteraron “hace veinte días, cuando la resolución
habla de que todo lo que conlleve a una modificación en los planes de estudios
debería bajarse a las escuelas y ser discutidos por los docentes. Para eso
teníamos de 2009 a
2012 porque se van a ejecutar en 2013”.
A esta altura de los
acontecimientos, es claro que el modelo de gestión pro no piensa incluir la
resolución de conflictos sociales, pues siempre ante cada protesta el mecanismo
elegido es alguna forma de represión.
No es la excepción
este conflicto, en el cual lejos de escucharse a los estudiantes, la respuesta
es avanzar con una reforma curricular que encarece la educación pública.
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