Así No.

Hoy temprano en la mañana, trabajadores de la autopartista Lear acompañados por varios partidos de izquierda, realizaron un piquete en la autopista Panamericana reclamando por la reincorporación de 100 operarios despedidos y 200 suspensiones.

Dejando de lado la incesante búsqueda que la denominada izquierda realiza en pos de que el Gobierno nacional reprima, con un conocido modus operandi que va desde provocaciones hasta ataques a las fuerzas de seguridad en manifestaciones varias, y más allá de la veracidad del reclamo, lo cierto es que el piquete terminó en un enfrentamiento con la gendarmería.

Enfrentamiento que obviamente concluyo con represión y al menos 10 manifestantes heridos, como paso previo al desalojo total de la autopista.

Este Gobierno ha tenido durante más de 10 años, la no represión a la protesta social como una de sus banderas, y este hecho, indudablemente, va a contramano de ello.

Va a contramano porque la represión se produce en un operativo encabezado por el propio Secretario de Seguridad, Sergio Berni, y porque a diferencia de tantas otras veces, se decide actuar asumiendo riesgos innecesarios, en vez de notificar al Poder Judicial y que el mismo se ocupe alguna vez de situaciones como esta.

La decisión de actuar, como era previsible, termina con los incidentes; los gases; los palos; y las balas de goma, porque no hay medias tintas a la hora de abordar una situación como es el piquete.

Es un gran verso, aquello de que se puede desalojar sin reprimir, cuando resulta evidente que ante una situación de contravención como un piquete, y la negativa de levantarlo, la única forma, si se decide actuar, es usar la fuerza a sabiendas de sus más que probables consecuencias.

Entonces, y volviendo a la senda de la no represión de la protesta social, la solución ante el conflicto que plantean manifestaciones que afectan otros derechos como el de la libre circulación, pasa por escuchar los reclamos y acercar a las partes en primera instancia, y posteriormente solicitar la intervención del Poder Judicial y que este en todo caso defina los pasos a seguir en materia penal.

No se resuelve nada cuando la respuesta a un reclamo son los palazos, aun cuando el reclamo venga acompañado de ataques a piedrazos a las fuerzas de seguridad como ha ocurrido en varias ocasiones.

Piquetes y agendas.

De la inseguridad, al ahora, flamante proyecto de ley antipiquetes que presentaron los diputados del FpV, Carlos Kunkel y Juan Manuel Pedrini, la agenda que se sigue desde algunos sectores del kirchnerismo, no es otra que la impuesta desde el sentido común instalado por los multimedios opositores, y seguido al pie de la letra por todos los sectores de la oposición.

Allí radica, el primer problema que hace a una gran fortaleza del reflujo restaurador y en consecuencia, multiplica los signos de interrogación entorno al momento que vive el proceso político.

Es que, hacer seguidismo de la agenda opositora, siempre, de 2003 a la fecha, ha sido motivo de debilidad e incertidumbre hacia dentro de un kirchnerismo que aun así, no se priva jamás de una de sus principales virtudes: Dar todos los debates en todas las circunstancias y a pesar de las visiones contrapuestas que pudieran existir internamente.

Es por ello que más allá del contenido de un proyecto con el que a priori no acuerdo, porque ya está tipificada la legalidad del derecho a la libre circulación y en todo caso quienes debieran intervenir y hacerse cargo de esas situaciones son los miembros del Poder Judicial al que le compete actuar ante el supuesto de un incumplimiento de la ley, lo cierto es que el propio hecho de pensar en el mismo, no hace más que atender una consigna impuesta desde el sentido común opositor.

En este sentido, son entendibles las declaraciones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, despegando al Gobierno de la iniciativa, no porque haya un acuerdo con el piquete en tanto método de protesta – y diría modus vivendi de varias organizaciones que no tienen capacidad para legitimar sus reclamos-, sino porque en el mejor de los casos es responsabilidad de los fiscales y jueces de turno definir acciones ante el hecho consumado, y fundamentalmente, porque sigue primando la visión lógica sobre la necesidad de resolver el conflicto social por canales racionales.

Ahora bien, estas palabras están lejos de apuntar a Kunkel y Pedrini, y menos aún pretenden quedarse en realzar el despegue en tanto postura oficial.

Más bien, pretenden ser un llamado de atención a esa lógica de tomar la agenda ajena como propia o al menos, supeditar la segunda a la primera, cuando es sabido que ello implica perder el foco sobre para quien se gobierna y se legisla, y en todo caso, cuales son las políticas concretas a partir de las cuales se construye un país para todos.

Represión, la fórmula pro ante el conflicto en las escuelas secundarias.

El macrismo vuelve a mostrar su vocación por reprimir toda protesta social, esta vez, en el marco del conflicto existente por el intento de cambio de currícula que pretende instaurarse en las escuelas secundarias de la CABA a partir del año próximo.

Haciendo un breve racconto, la intransigencia en perpetrar un cambio curricular sin consulta alguna a docentes y estudiantes porteños, quienes vienen solicitando ser participes del debate, por parte del ministro de educación Esteban Bullrich, ha derivado en diversas medidas de fuerza, las más recientes; la toma de escuelas que ya alcanaza a 32 establecimientos educativos en la ciudad.

Pese a ello y haciendo oídos sordos al legítimo reclamo, el macrismo vuelve a incurrir en la vía represiva y persecutoria hacia quienes defienden la educación pública, tal cómo se desprende de lo contado por la directora del Colegio Mariano Acosta, Raquel Papalardo, quien explicó que desde el ministerio de educación porteño, se distribuyó un protocolo según el cual deben denunciarse las tomas de los establecimientos ante la comisaría correspondiente en cada caso.

En dialogo con Radio Nacional, la académica detalló que en la reunión con directivos realizada por el gobierno municipal y encabezada por Ana María Ravaglia, Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, se recomendó “dar cuenta del hecho a las direcciones de área y concurrir a la comisaría más cercana a efectos de denunciar la situación de toma, los ilícitos que se estarían configurando por usurpación e ingreso o permanencia de personas contra la voluntad del titular”.

A su vez, denunció que el protocolo “no tiene membrete ni está firmado por nadie” lo que da cuenta de una informalidad útil en pos de cubrirse por la nefasta orden impartida, y reveló que de las modificaciones estructurales de la educación en las escuelas porteñas, directivos y docentes se enteraron “hace veinte días, cuando la resolución habla de que todo lo que conlleve a una modificación en los planes de estudios debería bajarse a las escuelas y ser discutidos por los docentes. Para eso teníamos de 2009 a 2012 porque se van a ejecutar en 2013”.

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el modelo de gestión pro no piensa incluir la resolución de conflictos sociales, pues siempre ante cada protesta el mecanismo elegido es alguna forma de represión.

No es la excepción este conflicto, en el cual lejos de escucharse a los estudiantes, la respuesta es avanzar con una reforma curricular que encarece la educación pública.

Cordobesismo y represión.

Continúan los serios problemas para el cordobesisimo impulsado por José Manuel De la Sota puertas adentro de la provincia que gobierna, pues en el marco de la lucha que están dando los trabajadores estatales frente al ajuste previsional que implementó por medio de una ley provincial, se esta llevando adelante en estos momentos, una gran movilización en Córdoba Capital.

Es que a las inequidades ya conocidas del sistema, la ley suma barbaridades como dejar sin efecto el pago simultáneo de aumentos a jubilados activos y pasivos - a partir de ahora los pasivos recibirán el incremento seis meses después-, y brindar la potestad al Ejecutivo para modificar los porcentajes de los aportes, tanto patronales como de los trabajadores, a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Es claro, que el cordobesísimo se dispone a sacrificar lo percibido por los jubilados provinciales en pos de plantear una batalla irracional contra el Gobierno nacional y Popular.

Para colmo de males, la policía provincial esta utilizando las viejas tácticas represivas, a fin de erradicar la movilización de los trabajadores.

La situación es grave, pues la policía reprime de manera brutal con gases lacrimógenos y balas de goma, y esto se traduce en por lo menos una decena de heridos.

Esperemos que el gobernador, fuere o no una orden suya la de reprimir, tome cartas en el asunto a fin de frenar la violencia policial.

Raíces y significados de diciembre del 2001.

10 años han pasado de aquel estallido social, producto tan genuino como doloroso, de un modelo económico- político de exclusión y hambre para los sectores populares.

10 años también pasaron, de la conjunción de ello con un hartazgo de los sectores medios quienes tomaron las calles muñidos de cacerolas.

Las jornadas del 10 y 20 de diciembre, trágicas por la represión discrecional orquestada desde el gobierno que conducía Fernando De la Rua, en efecto, fueron la confluencia de reclamos disímiles con consignas incapaces de escapar a la lógica neoliberal.

Lejos del Argentinazo como expresión popular conciente, lectura pretendida como válida desde algún oportunismo de izquierda, aquellos días asistieron más a la confluencia de una reacción social desesperada de los pobres, los excluidos del fantástico mundo neoliberal de la convertibilidad y el mentado país de los servicios, y de la bronca de una clase media que veía caer su nivel de vida de manera notable, al tiempo que aumentaba su disconformidad respecto de un modelo que apoyaron ciegamente durante la década que había precedido a los hechos.

Es claro que el 2001 como reacción popular, tiene sus raíces en la resistencia del MTA y la CTA al desguace del Estado en los ´90, y en las crecientes organizaciones piqueteras que habían surgido cortando las rutas en 1997 en Cutral Có (Neuquén) y Tartagal (Salta), pero indudablemente, a las organizaciones fueron sobrepasadas por la irrupción popular en las calles, aún cuando la protesta estaba lejos de embanderar ideas o un proyecto político común.

Tampoco podía esperarse eso, pues los 30 años de neoliberalismo cultural inevitablemente jugaban su papel en las limitaciones que la declamación sobre hartazgos - hacia “los políticos” y los bancos- tenía, dejando en claro que lejos estaba de cuestionar los fundamentos del neoliberalismo.

En todo caso, aquellas horas de angustia; dolor; y muerte, si pudieron cristalizar que la lógica del sálvese quien pueda tenía una limitación irreductible cuando el individuo ya no podía salvarse y por ende dejaba de ser rentable, y de igual forma permitieron hacer visible el agotamiento de la teoría del derrame, y la crisis de representación, producto exclusivo de la destrucción de las identidades políticas partidarias cooptadas por el paradigma neoliberal.

Compañero Ikal Samoa

Una política central.

Con muy buen tino y ratificando una vez mas la política que el Gobierno Popular tiene con respecto a la protesta social, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández expresó hace instantes la comprensión oficial en cuanto al conflicto en los colegios de la capital.
Aníbal dijo “Ojalá no existieran las tomas, pero reivindico que los estudiantes puedan defender sus derechos” marcando claramente que el aspecto fundamental se encuentra en la discusión de fondo sobre la educación que vienen dando los jóvenes en este momento histórico.
En este sentido destacó que “los pibes recuperaron valores políticos y hablan con seriedad, no piden estupideces”, reafirmando la importancia impresa en los acontecimientos que han visibilizado el resurgir de la política y el pensamiento crítico estudiantil.
Lógicamente aclaró el desacuerdo con ciertas formas de reclamo, pero ratifico la política de no represión que desde el año 2003 se viene efectuando al exponer “No me gustan ni las tomas ni los cortes, pero tuvimos una política clara de respeto a las formas de peticionar”.
Resulta central en la construcción de un país para todos, entendiendo que ello implica la capacidad de dar respuesta a las necesidades y los intereses de los sectores populares, la fortaleza del Gobierno, que a pesar del coro mediático represor constante y sonante, sostiene una línea política que comprende el conflicto social de forma integral.

Compañero Ikal Samoa

La tolerancia de Clarín y la comprensión del pueblo.

En el editorial del día de la fecha “Tolerancia oficial a cortes de calle” el monopolio Clarín, con un enfoque visiblemente opositor, intenta instalar una de esas falsas verdades que lo que ocultan es la exigencia hacia el Gobierno Nacional del uso de la fuerza represiva para frenar las protestas de distintos sectores sociales.
Conocido es que en épocas del lock out de las patronales agrarias que incluían cortes de ruta y marchas afectando la libre circulación, el monopolio no se rasgo las vestiduras en defensa de tal derecho así como tampoco cuestionó la política de no reprimir manifestaciones que con tanto aplomo y mas allá de las presiones ha venido desarrollando el Gobierno Popular desde 2003.
Recordando los pedidos de Rodríguez Larreta y el pasquín neoliberal Ámbito Financiero, no cabe mas que afirmar la evidente dificultad que tienen las corporaciones dominantes y sus títeres para esconder su rechazo no sólo a las protestas sociales, sino a cualquier tipo de demanda sea esta o no justificada, que lleve adelante una organización social.
Esta claro que el rechazo es hacia la organización de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de los “negros”.
El monopolio una vez mas intenta conectarse con el costado mas fascista de la clase media con este tipo de editoriales que desprecian la organización de los sectores populares y solicita que el Gobierno Popular sea intolerante con la protesta social.
Demasiado bien cuida sus palabras acusando a la autoridad de no cumplir con su derecho de garantizar el libre transito e invisibilizando las formas en las cuales se debería llevar adelante el cumplimiento de tal derecho, porque convengamos que solicitar la intervención del Estado en estos sucesos, es solicitar el uso de la fuerza para liberar calles, puentes, caminos, lo cual se traduce en reprimir las manifestaciones.
Seguramente para Clarín y para cierto sector de la sociedad la disyuntiva entre ser tolerante con las manifestaciones y garantizar la libre circulación esta resuelta hace rato de la mano de la opción represiva.
Para el Gobierno Popular, para el pueblo y el movimiento popular esa disyuntiva es inexistente.
A diferencia de la tolerancia de Clarín, los sectores populares no pensamos ni sentimos la idea de ser tolerantes con el otro, no la concebimos por que el hecho de ser tolerante implica intrínsecamente un prejuicio, una visión negativa y de desconfianza del otro en el mejor de los casos.
A diferencia de Clarín el pueblo no tolera, el pueblo comprende.

Compañero Ikal Samoa