Develar el entramado económico.

Con el objetivo de avanzar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de todos delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura genocida que debimos sufrir, el Ministerio de Justicia ha hecho efectiva la creación de una unidad de investigación que se especialice en los crímenes de lesa humanidad ejecutados a fin de obtener beneficios económicos durante el periodo 1976- 1983.
De esta forma se apunta a echar luz en delitos como la apropiación de los bienes de las personas detenidas- desaparecidas; y asesinadas, así como en el entramado de intereses económicos que se expresa en las apropiaciones de empresas vía el desapoderamiento del capital accionario.
La Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, tal es su nombre, instituida por medio de la Resolución 3216/2010 firmada por el Ministro de Justicia Julio Cesar Alak y publicada hoy en el Boletín Oficial, funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos.
El nuevo organismo es el resultado y así se lo señala en los considerandos de la resolución, de la experiencia recogida por la Secretaría de Derechos Humanos la cual puso de manifiesto que dentro del “universo de las graves violaciones de los derechos humanos causadas por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquellas que tuvieron motivaciones económicas”.
De está forma, también se apunta a esclarecer y evidenciar los objetivos macroeconómicos de la dictadura, y los entretejidos políticos destinados al enriquecimiento individual de los funcionarios de la dictadura y de sus grupos económicos afines.
“La apropiación de los bienes de las personas detenidas, asesinadas, desparecidas, exiliadas o presas, la apropiación de empresas, vía el desapoderamiento del capital accionario de sus titulares a punta de pistola, el saqueo de campos y propiedades con similar metodología, secuestros extorsivos a empresarios, las quiebras de entidades financieras, la creación de monopolios como el del papel para diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio, son sólo algunas muestras de las aberraciones cometidas” se expresa en la resolución, y luego se acota “de ese accionar hay suficientes constancias en los casos que el Estado democrático debió indemnizar a las víctimas de tales desapoderamientos violentos”.
Dado que en una gran cantidad de casos intervinieron, civiles y grupos económicos afines además de los jefes militares que están siendo sometidos a procesos judiciales, se agrega que “es necesario arbitrar los medios para conformar una unidad especial de investigación que recopile informaciones y coordine su accionar con los organismos competentes del Poder Judicial de la nación, del Ministerio Público Fiscal, de otras jurisdicciones de la Administración Pública Nacional y de las áreas incumbentes de este Ministerio, en la satisfacción de los requerimientos que se formulen, tendientes al total esclarecimiento de los hechos criminales y a la individualización y juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica”.
También, cabe destacar que la resolución establece la creación de un registro de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica e insta a diseñar las estrategias de comunicación pertinentes para que las víctimas de esos delitos y/o familiares brinden información al respecto, y a su vez, puedan acceder a toda la información sobre las actividades de la Unidad Especial.
Indudablemente, la sola puesta en marcha de un organismo de estas características implica un sustancial avance en la comprensión social del integro entramado político y económico orquestado por la dictadura genocida al tiempo que expresa esa necesidad urgente por determinar las responsabilidades y culpabilidades civiles en todo lo actuado en esa época.

Compañero Ikal Samoa