Participación en las ganancias empresariales.

Ayer por la noche ingresó a la cámara de diputados el proyecto de ley de Héctor Recalde que busca garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias.
El mismo apunta a certificar la participación de los trabajadores en hasta un 10% de las ganancias de las empresas comenzando así, un proceso de recuperación de una política de redistribución más equitativa de la riqueza que fuera extraída de cuajo con la imposición del modelo neoliberal.
Cabe recordar que esta política intrínsecamente ligada a la concepción de justicia social, tiene sus conocidos antecedentes en las revolucionarias dos primeras presidencias del General Perón, y que como expusiera hace algunos días el Compañero Néstor Kirchner, se encuentra en un momento inicial con un contundente objetivo, el de recuperar la participación en el 50% de las ganancias empresarias por parte de los trabajadores.
Precisamente este puntapié inicial en la recuperación, prevé que la participación en las ganancias se instrumente de inmediato en empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta y, a los dos años de la promulgación de la ley, en las que cuenten con hasta 100 trabajadores.
En cuanto al cálculo de las ganancias en cada empresa, el proyecto explica que se realizará en base a la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones, y que la distribución se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, quedando exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no siendo contemplada en la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
A su vez, el proyecto establece que la proporción de ganancia correspondiente a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.
Por último el texto marca la creación de un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo, y del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, como autoridad de aplicación, el cual estará conformado por 12 miembros, cuatro del estado, cuatro de la CGT y cuatro representantes de asociaciones de empleadores suficientemente representativas.
Indudablemente este proyecto de ley representa un paso ineludible para retomar una política redistributiva central, y con ello, además del sentido expresado en cuanto a sus contenidos simbólicos y fácticos que cuadran y refuerzan el carácter nacional y popular de nuestro Gobierno, viene a inaugurar a una etapa superadora en la cual la construcción institucional empieza a surgir a partir de los intereses de los sectores populares.

Compañero Ikal Samoa