Avanza la democratización del Poder Judicial.

Tras una maratónica sesión de 21 horas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por el cual se crean la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal; la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social; y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, y el que da un marco regulatorio a las medidas cautelares.

También, dio media sanción al modificado proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que contiene las propuestas realizadas por camaristas de todo el país y el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la nación, Ricardo Lorenzetti.

De esta forma y pese al circo montado por la oposición en las afueras del Congreso, y luego trasladado a la sesión, continúa el avance en la reforma del poder más antidemocrático del Estado.

Desde luego, es conocido el modus operandi de esta oposición que cada vez que pierde un debate político apuesta a la judicialización, y como ya han anticipado varios de sus mediáticos jefes, se espera una lluvia de medidas cautelares avaladas por jueces de la mafiosa “Familia Judicial” que frenen la implementación de las leyes que dan consistencia a la reforma del Poder Judicial.

Consecuencia de ello, tanto para las ya nuevas leyes como para la que se espera termine aprobándose en el Senado que refiere a la democratización del Consejo de la Magistratura, habrá una larga batalla en el terreno judicial; justo el que hoy está en el ojo de la tormenta.

Dejando las suspicacias de lado, la democratización del Poder Judicial aún incluyendo su ilegitima judicialización, ya tiene una impronta fundamental e innegable en la instalación social de la desnaturalización de ciertos preceptos instalados como puros; inmutables; e intocables, pues ha empezado a discutirse su conformación y las formas por las que se llega a la misma, y hasta su propia concepción en cuanto a cuales son sus fundamentos y para quienes debe administrar justicia. 

Digan lo que digan las corporaciones y sus delegados parlamentarios y judiciales, el Poder Judicial ha empezado a visualizarse como algo que necesita un cambio porque es incapaz de hacerle cumplir las leyes a las corporaciones, y porque ha devenido en un refugio legal de los abusos del poder económico en el país.