jueves, 14 de abril de 2011

Bossio y la participación del Estado en las empresas.

El Compañero Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) Diego Bossio, explicó ayer los pormenores de la norma que establece que el Estado ejercerá su pleno derecho de participar en los directorios de las empresas en las que posee paquetes accionarios.

En declaraciones a la Televisión Pública, Diego Bossio expuso que “lo que se busca es lo justo, nada más que lo que corresponde. Hasta ahora, la ANSES ejercía el voto por el 5% en las empresas, cuando su capital era mucho mayor. Con esta medida, la representación será proporcional a las tenencias y el Estado adquiere la representación que corresponde, pero además garantiza la rentabilidad, y muy especialmente la rentabilidad social” dando cuenta de la total legitimidad que posee la medida adoptada.
También, aseveró que la presencia del Estado en las empresas representa un mayor seguimiento y participación en los dividendos, para así poder contribuir a que a las empresas les vaya bien”, y que “el hecho de hacer valer los activos permite mayor participación en los órganos de fiscalización, ya que si bien son empresas privadas, están expuestas a la oferta pública y tienen que dar cuentas a la sociedad.
En este sentido, recordó que la ANSES es, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el mayor inversor institucional del país y la rentabilidad social de sus dividendos es un factor clave de redistribución y solvencia a futuro”, por lo que el decreto 441, publicado hoy en el Boletín Oficial, no constituye otra cosa que hacer valer un derecho adquirido por el Estado como inversionista.
Por otra parte, el Compañero aclaró que “ANSES no ha comprado nuevas acciones sino que mejoró las que tenía, gracias a la política que implementamos desde que se traspasaron los fondos que estaban en manos de las AFJP. Las acciones se valorizaron mucho en el último año y medio, y añadió que “este Fondo, que actualmente tiene $ 181 mil millones, significa el cuidado y la garantía de los activos para los futuros y actuales jubilados.
Es claro que la legitimidad y la legalidad de la medida adoptada son incuestionables, y de la misma forma lo es su racionalidad.
Por más que los empresarios y su sequito de empleados con cargos legislativos lloren y pataleen, el Estado debe ejercer su derecho de intervenir en las decisiones empresarias en toda compañía en la cual participa con activos, en pos de salvaguardarlos y multiplicarlos.
Y por ello el Gobierno Nacional y Popular tomó ésta tan acertada resolución.



Compañero Ikal Samoa

1 comentario:

Unfor dijo...

Solo la cuestionan los liberales, claro. Que quieren que el Estado esté nada más para pagar las trapisondas que hacen ellos. Ahora, cuando el Estado reclama sus derechos; "avanza el chavismo"! y demás parafernalia.

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