viernes, 5 de octubre de 2012

Sobre el reclamo de prefectos y gendarmes II.



Ayer pretendí hacer un análisis sobre las causas que hacían a la legitimidad del reclamo inicial de prefectos y gendarmes, y dos cuestiones que subyacen el conflicto: La carencia de canales legales y legítimos para que miembros de las fuerzas de seguridad puedan plantear reclamos de índole salarial- gremial y la discusión que nos debemos como sociedad entorno a ello sin dejar de lado las complejidades que acarrea el pensar esos canales por un lado, y la finísima línea entre un reclamo de estas características y el desacato a la autoridad que representa una amenaza real a la Constitución Nacional y las instituciones democráticas por otro.
Con la necesidad de recordar esto y ante las circunstancias presentes considero, ya desde ayer, se empezó a evidenciar que lo que era un reclamo legítimo de prefectos y gendarmes esta mutando en una maniobra extorsiva a fin de imponerle condiciones a un gobierno legítimamente constituido hace menos de un año y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los argentinos.
Afirmo esto porque ante la respuesta oficial respecto del reclamo inicial, que brindaba solución al mismo o al menos encausaba la situación hacia una solución definitiva en el transcurso de los próximos días, prefectos y gendarmes, lejos de cesar con su accionar que cabe aclarar en ningún momento ha sido ni legítimo; ni legal; ni democrático, continúan tomando edificios; amotinándose en distintos puntos del país.
Lejos de deponer una actitud sediciosa que desconoce la cadena de mando a la cual deben responder en tanto miembros de dos fuerzas de seguridad, la mantienen y pretenden imponer un petitorio con siete puntos en lo que ellos, con el aval y el fogoneo de las empresas privadas mediáticas Clarín y La Nación y demás golpistas, denominan negociación.
Conciente o inconcientemente, están siendo útiles a intereses que pretenden desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, y están poniendo en riesgo las instituciones de la República cuando se les ha dado respuesta al primer legítimo reclamo.
El petitorio posterior no tiene relación alguna con este último, y la insistencia en su imposición hace, con cada hora que pasa, al agravamiento de una situación que esta completamente fuera de la ley. 
Más de un ejemplo en la región tenemos, sobre golpes de Estado que se iniciaron con acciones similares al amotinamiento que prefectos y gendarmes están efectuando, y así como no se pretende dramatizar, tampoco se puede naturalizar los penosísimos hechos aportando a su legitimación.

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