El ataque de la SIP.

En los últimos dos días, los cráneos de la SIP pasaron por Buenos Aires y no perdieron oportunidad para atacar al Gobierno Nacional y Popular, y a las instituciones democráticas del país.

Mediante la voz de su presidente Gonzalo Marroquín, la SIP como buena defensora del consenso mediático americano y las corporaciones que la integran, ejecutó su venenoso ataque argumentando que “las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”.

Ahora, uno se pregunta cuan reales son esas supuestas evidencias y cae en la cuenta de que allí incluyen:

Una medida de tipo gremial como fue el bloqueo a la salida del diario Clarín, que encima vía investigación de Tiempo Argentino quedo demostrado, como si la empresa se lo hubieran propuesto, los diarios salían en tiempo y forma.

“El uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales”, algo totalmente falaz dado que el Grupo Clarín es quien mayor cantidad de pauta oficial percibe cumpliéndose la normativa vigente - la cual inclusive puede cuestionarse desde una simple pregunta: ¿Porqué el Estado Nacional debe bancar a los medios, y más aún a los grandes medios?-.

“La existencia de una legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos”, otra mentira bestial dado que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, elogiada entre otros por las Naciones Unidas y el PNUD, lejos de discriminar abre el abanico para que se otorguen más licencias y haya más voces; y tiene una normativa precisa entorno a una necesaria constatación de que los contenidos no atenten contra el bien común y las buenas costumbres, y aporten a la pluralidad.

A su vez, el proyecto para declarar de interés público la fabricación; comercialización; y distribución de papel para periódicos de transformarse en ley, justamente garantizaría un costo igual del papel para todos los diarios lo cual apuntalaría la igualdad de competencia entre ellos.

Y finalmente, que “los medios públicos están al servicio del gobierno u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes”, algo que más haya de que no debiera competerle a la SIP que defiende los intereses de lo que denomina “prensa libre”, constituye una forma engañosa de análisis por dos razones.

La primera es que los medios públicos son herramientas del Estado y como tales siempre deben ser utilizadas por el gobierno, quien recordemos, es el legítimo y legal encargado de conducir las políticas estatales dado que es, por lo menos, la primer minoría.

El gobierno, acá y en cualquier lugar del mundo, utiliza las herramientas del Estado y genera nuevas herramientas, en pos de llevar adelante políticas que cuenten con cierta legitimidad.

En el mismo sentido y con total lógica, los periodistas que trabajan en los medios estatales deben estar en consonancia con el proyecto que se lleva adelante y tener la capacidad de reflexionar entorno al mismo.

La segunda razón que conforma este engaño, da cuenta de una forma de pensamiento fragmentada, muy útil a los intereses de la SIP, que intenta validar una postura discriminadora entre periodistas profesionales u objetivos, y periodistas militantes.

Así, mientras los primeros supuestamente nos informan la realidad objetivamente - algo que sabemos es irreal e imposible dado que todo lo que se informa y lo que no se informa cuanta con una línea editorial subjetiva-, los segundos están destinados a dar un discurso sesgado por una postura.

Se cae de maduro que en ambos casos se sigue una línea editorial y se informa dentro de lo que ésta contiene, pero la diferencia radicaría en que los primeros responden a intereses corporativos y reflexionan acorde a ellos transformándose en muchos casos en mercenarios de la comunicación, mientras que los segundos se sienten contenidos en un proyecto político que, cuanto menos, cuenta con la legitimación del voto popular.

En fin, habiendo analizado esas supuestas evidencias una a una, resulta notable la debilidad argumentativa de quienes se auto titulan como los guardianes de la libertad de prensa.

Máxime si ponemos sobre el tapete las esquivas respuestas que diera Marroquín sobre temas como la no inclusión de varios canales en su grilla por parte de Cablevisión; o la investigación que se le sigue a Ernestina Herrera de Noble por apropiarse dos hijos de desaparecidos.

Es que día a día, la Sociedad Interamericana de Prensa nos muestra que, como diría John William Cooke, su objetivo es salvaguardar la libertad de empresa y así, sostener la cadena de poder que le permite a sus miembros, seguir teniendo ilegítimos privilegios.

Compañero Ikal Samoa