La suba de precios abusiva e injustificada, en los productos
de primera necesidad y consumo masivo, es sin dudas, una de las principales
cuestiones económicas a la fecha.
Tanto por lo que implica en cuanto al encarecimiento del bolsillo
de la sociedad, como por el desafío que presenta al Gobierno Nacional y al
Estado, el aumento en los productos, argumentado falsamente desde los carteles
que disponen del mercado interno a partir del reacomodamiento del dólar en el
mes de enero, resulta una maniobra tendiente a la desestabilización.
Afirmo esto, porque el aumento en productos de primera
necesidad y en combustibles, nada tiene que ver con la suba del dólar, pues en
todos los casos son productos fabricados totalmente en nuestro país que no
utilizan insumo externo ninguno, y porque el mismo tiene su complemento en el
flagrante incumplimiento del acuerdo de “Precios Cuidados” que observamos a
diario las cadenas de supermercados.
No existe razón económica alguna para las subas, más que la
urgencia de los carteles económicos por maximizar su rentabilidad, que se nota
acompañada por una voluntad manifiesta en pos de generar desconfianza en la
economía y multiplicar los ataques especulativos contra el gobierno y la
sociedad.
Dicho esto, resulta relevante poner en análisis que medidas
se pueden adoptar desde el Estado y la sociedad, a fin de contrarrestar el
ataque empresario.
Como se viene realizando, es importante el trabajo pormenorizado
desde la Secretaria
de Comercio Interior sobre cada eslabón de la cadena comercial a fin de lograr
acuerdos con todos los sectores, así como resulta vital que el Estado utilice
toda su capacidad de control y sanción a fin de que esos acuerdos se cumplan en
la práctica.
Pero el cumplimiento de estos acuerdos, como bien explicó la Presidenta, Cristina
Fernández, el día martes, también depende de la capacidad de organización y
control social - algo que sería un avance en cuanto a la dimensiones de participación y
compromiso colectivo en pos de una democracia que exceda la visión
liberal publicitada por los propietarios de los medios de producción, sus
únicos beneficiarios-, que resulta un complemento ante la imposibilidad de un Estado
que se pretende, recupere toda su potencialidad para la intervención en la
economía.
Urge el control de la sociedad -desde sus organizaciones
sociales; civiles; sindicales; y políticas, hasta el ciudadano de a pie-, no
sólo por esto último, sino también porque es justamente su enorme mayoría, la
que se ve perjudicada por este tipo de ataques especulativos.
Ahora, resulta difícil pensar, por las características de
nuestra economía doméstica – cartelizada y por ende dominada aún por grupos
económicos con la capacidad de fijar precios-, que no sean necesarias otras
políticas en pos de frenar la avanzada de libertinaje del mercado.
En este sentido, considero, pese a lo expuesto por Cristina
el día martes, que es necesaria una resignificación del Estado Empresario, y
que ante un mercado abusivamente concentrado, se necesita un Estado con
capacidad de jugar fuerte desde adentro, en lo que a fijación de precios
refiere.
Si la cartelización hace a que las cadenas de supermercados
sean las que definan los precios de los artículos de primera necesidad de los
argentinos, urge un Estado que pueda actuar sobre los precios no sólo mediante acuerdos, sino también desde su intervención en el llano, algo que bien puede
pensarse a partir de la creación de una cadena de supermercados o de la
estatización parcial o total de alguna de las existentes.
Esta política permitiría al Estado tanto fijar precios de
los productos básicos como garantizar el abastecimiento, y obligaría a que las
restantes cadenas que vienen ganando fortunas a costa de los consumidores desde
su ingreso al mercado interno en los años ´90, deban retraer sus precios
finales.
Es evidente que ante ataques del poder económico, el Estado y los sectores populares deben aumentar y diversificar su capacidad de respuesta, para salvaguardar los intereses de la enorme mayoría de los argentinos, sean opositores u oficialistas.
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