Macri y las promesas sin sustento.

Leemos en Minutouno.com sobre la juntada de candidatos opositores más Daniel Scioli, que realiza en el día de la fecha, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En ese marco, Mauricio Macri, prometió que de ser presidente, tardará de “dos a tres años” en terminar con la inflación.

Como suele ocurrir con él susodicho y el resto de la oposición, nunca explican cómo harán para concretar sus promesas, y en este caso como en otros, las propuestas a desarrollar para concretar lo anunciado como objetivo, pueden tener una terrible potencialidad – recuérdese el modelo neoliberal con el cual se terminó con la hiperinflación, pero también con la industria; las paritarias; la salud; la educación; y el trabajo-.

De allí, el planteo que desde 2003 ha señalado el kirchnerismo sobre la necesidad de no pensar la economía a partir de preceptos monetaristas como las metas de inflación, y sin desconocer que no es lo mismo una inflación anual del 7% que una del 24%, abordar la problemática considerando el complejo entramado económico del país.

Para ello, necesariamente debe avanzarse con políticas que apunten, no sólo a desandar el libertinaje del mercado defendiendo a los consumidores – el proyecto de la nueva ley de abastecimiento va en este sentido-, sino también generando alternativas que ataquen la fuerte concentración y carterización; claves a la hora de entender quién fija los precios y como lo hace.

En el discurso de Macri como en el resto de los opositores, nada de todo esto se presenta.

Las prioridades de los remarcadores.

Ayer, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, se reunió con el Secretario de Comercio, Augusto Costa, a fin de tratar las subas injustificadas en los productos alimenticios, algo de interés para la enorme mayoría de los que vivimos en Argentina.

La reunión, es una de las tantas que funcionarios del Gobierno Nacional vienen teniendo con todos y cada uno de los eslabones de la cadena de producción y distribución, en el marco de intensivas negociaciones.

Más allá de lo tratado en la cita, resultan de un nivel de importante caradurísmo, las declaraciones radiales realizadas hoy por la mañana, por el señor Funes de Rioja, quien destacó su pedido a Costa para que no se ponga en evidencia a quienes no cumplen con el acuerdo de precios.

Este es un buen punto para entender porque, a la enorme mayoría de los argentinos nos importa todo lo que implica la suba ilógica e irracional en los precios de los productos, sobre todo en los alimenticios, mientras para algunos la prioridad es sí los comercios o industrias que incumplen el acuerdo son o no escrachados – entiéndase puesta su falta, en evidencia ante la sociedad-.

Lo que Funes de Rioja quiere dar a entender, claramente, es que su concepción empresarial es permisiva con la ruptura de un acuerdo que tiene valor contractual legal, pero no lo es tanto con las consecuencias sociales de ello.

¿Por qué? Simple, porque a empresarios industriales; distribuidores; y comerciantes de su tipo, no les importa remarcar en pos de saturarse de ganancias.

No esta entre sus intereses pensar en el perjuicio social de la remarcación, pues lo que manda es sí cierra favorablemente la ecuación costo- beneficio a corto plazo.

Eso sí, a la hora de romper un acuerdo firmado por propia voluntad, valga la redundancia, sí muestran preocupación en cuanto a si se da o no a conocer la ruptura que los deja en evidencia ante la sociedad. 

Lo que se dice, pretenden tomarnos el pelo, no al Gobierno Nacional o a los kirchneristas, sino a todos los que sufrimos la demarcación compulsiva.

Acuerdo de precios en los materiales para la construcción.

Mientras el anunciado convenio con farmacias y laboratorios, a fin de lograr que los medicamentos recuperen sus precios de fines de 2013 aparece estancado – y sería deseable, por no decir urgente, lograr concretarlo-, el día de hoy, el titular de ANSES, Diego Bossio, informó sobre un nuevo acuerdo: El que afecta a los productos de la construcción.

Este consiste en garantizar precios de referencia en 30 productos esenciales para la construcción, y alcanza a más de 50 corralones de la Provincia de Buenos Aires, aunque se pretende extenderlo al resto del país.

El objetivo a lograr es claro, evitar una injustificada suba de precios en productos totalmente realizados en el país, a fin de no encarecer los costos de la construcción; algo que entre otros, afectaría considerablemente a las familias asociadas el programa Pro.Cre.ar.

En este sentido, Bossio destacó, al momento del anunció, que “Estos acuerdos permiten que los asociados al Procrear tengan precios de referencia, y no sean víctimas de especulación”.

Los acuerdos de precios en toda la cadena de valor de cada producto, vienen siendo una de las medidas centrales en pos de frenar los ilógicos aumentos de precios perpetrados por los empresarios dueños de una economía cartelizada. 

La pregunta sigue siendo, si no serán necesarias medidas más profundas que ataquen el problema de fondo: Esa cartelización de la economía. 

Acuerdo de precios, también en medicamentos.

Hoy por la mañana, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que 12 mil farmacias han adherido a un acuerdo de precios consistente en retrotraer el valor final de 18 mil medicamentos al 15 de enero, y de otros 600 a diciembre de 2013.

“Llegamos a un acuerdo y se van a retrotraer al 15 de enero los precios de 18 mil productos, a partir de la semana que viene, y también habrá una disminución de 600 precios a diciembre”, fueron las palabras de Capitanich quién a su vez explicó que el acuerdo forma parte de las negociaciones que el Gobierno Nacional viene teniendo con todos los sectores a fin de cuidar el bolsillo de los argentinos.

Y resulta clave, en un sector como el farmacéutico, que hace a la salud de la población, lograr que se retrotraigan los precios, sobre todo, considerando que no existe justificación ni lógica económica alguna, en el aumento de productos fabricados en el país que no requieren de insumos importados.

Más allá del anuncio, queda pendiente en el país un profundo debate entorno a la salud, y específicamente en cuanto a la industria farmacéutica que por su carácter privado, no piensa su valor público y se rige, pura y exclusivamente, por la lógica del costo- beneficio.

Sobre la suba de precios.

La suba de precios abusiva e injustificada, en los productos de primera necesidad y consumo masivo, es sin dudas, una de las principales cuestiones económicas a la fecha. 

Tanto por lo que implica en cuanto al encarecimiento del bolsillo de la sociedad, como por el desafío que presenta al Gobierno Nacional y al Estado, el aumento en los productos, argumentado falsamente desde los carteles que disponen del mercado interno a partir del reacomodamiento del dólar en el mes de enero, resulta una maniobra tendiente a la desestabilización. 

Afirmo esto, porque el aumento en productos de primera necesidad y en combustibles, nada tiene que ver con la suba del dólar, pues en todos los casos son productos fabricados totalmente en nuestro país que no utilizan insumo externo ninguno, y porque el mismo tiene su complemento en el flagrante incumplimiento del acuerdo de “Precios Cuidados” que observamos a diario las cadenas de supermercados. 

No existe razón económica alguna para las subas, más que la urgencia de los carteles económicos por maximizar su rentabilidad, que se nota acompañada por una voluntad manifiesta en pos de generar desconfianza en la economía y multiplicar los ataques especulativos contra el gobierno y la sociedad. 

Dicho esto, resulta relevante poner en análisis que medidas se pueden adoptar desde el Estado y la sociedad, a fin de contrarrestar el ataque empresario. 

Como se viene realizando, es importante el trabajo pormenorizado desde la Secretaria de Comercio Interior sobre cada eslabón de la cadena comercial a fin de lograr acuerdos con todos los sectores, así como resulta vital que el Estado utilice toda su capacidad de control y sanción a fin de que esos acuerdos se cumplan en la práctica. 

Pero el cumplimiento de estos acuerdos, como bien explicó la Presidenta, Cristina Fernández, el día martes, también depende de la capacidad de organización y control social - algo que sería un avance en cuanto a la dimensiones de participación y compromiso colectivo en pos de una democracia que exceda la visión liberal publicitada por los propietarios de los medios de producción, sus únicos beneficiarios-, que resulta un complemento ante la imposibilidad de un Estado que se pretende, recupere toda su potencialidad para la intervención en la economía. 

Urge el control de la sociedad -desde sus organizaciones sociales; civiles; sindicales; y políticas, hasta el ciudadano de a pie-, no sólo por esto último, sino también porque es justamente su enorme mayoría, la que se ve perjudicada por este tipo de ataques especulativos.

Ahora, resulta difícil pensar, por las características de nuestra economía doméstica – cartelizada y por ende dominada aún por grupos económicos con la capacidad de fijar precios-, que no sean necesarias otras políticas en pos de frenar la avanzada de libertinaje del mercado. 

En este sentido, considero, pese a lo expuesto por Cristina el día martes, que es necesaria una resignificación del Estado Empresario, y que ante un mercado abusivamente concentrado, se necesita un Estado con capacidad de jugar fuerte desde adentro, en lo que a fijación de precios refiere. 

Si la cartelización hace a que las cadenas de supermercados sean las que definan los precios de los artículos de primera necesidad de los argentinos, urge un Estado que pueda actuar sobre los precios no sólo mediante acuerdos, sino también desde su intervención en el llano, algo que bien puede pensarse a partir de la creación de una cadena de supermercados o de la estatización parcial o total de alguna de las existentes. 

Esta política permitiría al Estado tanto fijar precios de los productos básicos como garantizar el abastecimiento, y obligaría a que las restantes cadenas que vienen ganando fortunas a costa de los consumidores desde su ingreso al mercado interno en los años ´90, deban retraer sus precios finales. 

Es evidente que ante ataques del poder económico, el Estado y los sectores populares deben aumentar y diversificar su capacidad de respuesta, para salvaguardar los intereses de la enorme mayoría de los argentinos, sean opositores u oficialistas.

Sobre el nuevo acuerdo de precios.

Se conoce desde hace unos días que a partir del 03 de enero, entrará en vigencia un nuevo acuerdo de precios que incluirá 200 productos de primera necesidad a ser develados en esa misma fecha.

Firmado la semana pasada entre el Gobierno Nacional y las principales cadenas de supermercados, y refrendado también en las últimas horas por los supermercados chinos, el acuerdo pretende extenderse hasta diciembre de 2014.

La intención del Gobierno Nacional en efecto, es que se cumpla a rajatabla a fin de combatir la inflación generada por toda la cadena de valor, y para ello, no sólo viene trabajando con los precios de los productos que fijan los supermercados y están en las góndolas, sino también, con la cadena de distribución y las empresas que los desarrollan que vale recordar, suelen ostentar monopolios u oligopolios en la producción de bienes de consumo.

De esta manera, el trabajo de gestión apunta al sostenimiento de los precios para muchos productos e inclusive, a la disminución en algunos que han sido aumentados deliberada e injustificadamente por empresarios y supermercadistas.

Es justamente clave, para que el acuerdo se cumpla, el hecho de apuntar al problema de forma amplia y trabajar con cada eslabón de la cadena de valor. 

Sin embargo, el problema de fondo seguirá persistiendo en la medida en que continúe la denominada cartelización de la economía – en cada rama de la producción nos encontramos con una o dos marcas que concentran más del 90% del mercado lo cual les permite fijar precios a gusto-, y por ello, el desafío a futuro es poder generar políticas que apunten a la desconcentración y el surgimiento de más competidores por rama económica, ya sean producidas desde el sector privado o desde el Estado.

Hay pan y se consume.

Leemos en el opositor Infobae “Los consumidores evitan el pan de $10 y pagan más por los miñoncitos”; un artículo realizado en base a las declaraciones de Emilio Majori, titular de la Federación de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires.
Al margen de los supuestos de Majori sobre el porque de la elección de un tipo de pan más caro, lo cierto es que el consumo no sólo no ha bajado, sino que continúa en un producto más caro.
Entonces, es fácil darse cuenta que si la venta de panificados que superan al de $10 es mayor que la de éste, es producto de un crecimiento en el acceso al consumo de los sectores populares que disponen de mas ingresos.
Algo lógico, si consideramos que el promedio de cierre de las paritarias fue del 24% de aumento salarial, en un año en el que la suba de precios en los productos básicos ha estado, desde febrero y gracias al acuerdo logrado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Guillermo Moreno, excluida de las grandes cadenas supermercados. 
Los dichos de Majori se condicen en definitiva, con una realidad sobre el aumento del consumo popular que va de la mano del crecimiento, producto de un modelo económico que mal que les pese a muchos, esta lejísimos de estar agotado.

Más y mejor cobertura social.

Ayer por la tarde, en cadena nacional, la Presidenta de todos los Argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, anunció medidas que constituyen una notable ampliación en materia de cobertura social, algo en lo que nuestro país es un claro líder regional, como bien cabe recordar.
En el anunció, la Jefa de Estado dio a conocer que se harán efectivos aumentos en la Asignación Universal por Hijo; la Asignación Universal por Embarazo; en los montos y topes salariales de asignaciones familiares; y en el subsidio de contención familiar, y además se realizará un pago adicional por ayuda escolar por única vez.
En el caso de la AUH y la AUE, señaló que aumentarán “de 340 pesos a 460 pesos, lo que implica un incremento del 35,3%”, beneficio que alcanzará a 1.480.000 familias.
Respecto de los montos y topes salariales en asignaciones familiares, indicó que subirán de “250 a 320 en la primera de las categorías” y de “90 a 110 pesos en la última”, lo que significa “una inversión adicional de 5.892 millones de pesos”.
A su vez, informó incrementos en el resto de las asignaciones: “Como es el caso de nacimiento de un hijo pasan de 600 a 750; de 3.600 a 4.500 en caso de adopción; por matrimonio de 900 a 1.125 pesos”, y aclaró que “todos estos incrementos entran a regir a partir del 01 de julio, mientras que las excepcionales serán a partir del 01 de junio”.
Sobre estos últimos Cristina destacó que “habrá un pago adicional de ayuda escolar por única vez de 340 pesos”.
En cuanto al subsidio por contención familiar, la Presidenta anunció que “pasa de 1.800 a 4.000 pesos”, algo que sumado a todos los demás aumentos de un total de 16.803 millones de pesos.
Por otra parte, la Presidenta explicó que se lanzará la campaña “Mirar para cuidar” que implica un trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones políticas y sociales a fin de controlar que se cumplan los acuerdos de precios con los supermercados que anteayer, fueron refrendados nuevamente hasta el primero de noviembre. 
“Los precios no los pone ni Moreno, ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, son ustedes (los empresarios). Vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero como son ustedes también, los anunciantes más importantes de los medios de comunicación, terminan hablando del gobierno. Vamos a controlar todo esto”, explicitó Cristina y detalló que convocarán a las “fuerzas de movimientos políticos para desplegarlos en el territorio con la campaña Mirar para cuidar, mirar los precios, cuidar el bolsillo del pueblo”.
En este sentido también recordó que “el Gobierno Nacional no ha aumentado un solo impuesto, cuando se habla de presión tributaria que se dirijan a los intendentes o gobernadores, también hacemos un llamado a todos los dirigentes del país para que contribuyan a este círculo virtuoso”, solicitando la necesaria colaboración de aquellos que ocupan cargos ejecutivos distritales.
Indudablemente, por calidad y cantidad, los anuncios expresados ayer resultan claves a fin de mejorar el poder adquisitivo de los argentinos en un momento en el cual el mundo se cae a pedazos.
No es algo menor y era algo que se esperaba, el aumento de las asignaciones que resultan vitales en la vida de los sectores más desprotegidos.
Tampoco es algo menor la interpelación a la sociedad civil, a través de sus organizaciones, respecto de su colaboración para cuidar que se cumplan los precios acordados, lo que representa también un interesante avance a la hora de pensar en la urgencia por controlar al mercado y sus actores.
Es, todo ello, parte del tener un Estado protagonista que crea instrumentos para garantizar políticas que respondan a los intereses de los sectores populares.