Inicia hoy, el juicio por algunos de los asesinatos
cometidos por el gobierno radical de Fernando de la Rua el 20 de diciembre de
2001.
Un juicio acotado, no por sus extendidos y vergonzosas tiempos
procesales, sino por la ya pasada eximición de culpa y cargo para el ex
presidente, y por la escueta acusación a sólo 17 personas, entre funcionarios y
policías.
Ello, también considerando que sólo se está juzgando por los
asesinatos de Alberto Márquez; Gastón Riva; Carlos Almirón; Ariel Benedetto; y
Diego Lamagna, excluyendo del proceso a las decenas de heridos en Plaza de Mayo
y alrededores aquel día.
No alcanza con que los acusados sean los ex policías Orlando
Oliverio; Carlos José López; Eugenio Figueroa; Roberto Juárez; Jorge Toma;
Carlos Loforte; Víctor Belloni; Omar Bellante; Ariel Firpo Castro; Norberto
Sabbino; Sebastián Saporitti; Horacio Berardi; y Mario Seia, a quienes se le suman:
Enrique Mathov, ex Secretario de Seguridad
y segundo del fallecido ex Ministro del Interior Ramón Mestre; Rubén Santos, ex
jefe de la Policía
Federal; y Norberto Gaudiero ; ex Superintendente de
Seguridad Metropolitana.
No alcanza porque en la brutal represión participaron
centenares de policías de los cuales, la enorme mayoría actuó por fuera de la
ley.
Y no alcanza porque en el proceso, se está juzgando la negligencia
de los acusados y no su conducta represiva.
No pretendo desconocer que el juicio representa un avance, pero es milimétrico, por lo tardío; lo acotado; y por el propio enfoque procesal.
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