Se conoció ayer la decisión de Daniel Scioli de desdoblar la
cartera de Seguridad y Justicia en la Provincia de Buenos Aires, quitándole la potestad
sobre la seguridad a Ricardo Casal - quedó a cargo del flamante Ministerio de Justicia-,
y otorgándosela al hasta ahora intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.
Más allá de la novedosa salida del, tantas veces cuestionado,
Casal, no hay a priori, un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad.
Granados ya ha expresado su voluntad por profundizar la
reinstalada política inundación de calles con efectivos de la fuerza a los que
se acompaña con los gendarmes que envía Nación a las denominadas zonas
calientes del conurbano, y también por avanzar en la municipalización de la
materia - el fue pionero entre los intendentes, en plantear
la idea de las policías municipales-.
No aparecen en el horizonte, al menos por ahora, cambios en
los manejos y el control civil de la una de las fuerzas de seguridad más
cuestionadas del país, aunque si vale rescatar que por condiciones propias
probadas, el nuevo ministro dista de ser un gestionador del dejar hacer.
Habrá que esperar que corra agua bajo el puente para ir corroborando lo
expuesto y el significado ulterior en términos políticos: Un paso más hacia la
municipalización de la política.
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