La necesidad por reformular al poder más antidemocrático del
Estado ha empezado a traducirse en debates y propuestas.
Debates entre los propios miembros del Poder Judicial, como
el que se dio en las jornadas que se realizaran en la Biblioteca Nacional,
y también propuestas que dominan la agenda pública; las anunciadas por la Presidenta de todos los
argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, el viernes pasado ante la asamblea
legislativa.
Es que el envío para el tratamiento parlamentario de los
cuatro proyectos de ley que Cristina dio a conocer, significa un avance inequívoco
en la senda democratización judicial porque empieza a bajar a tierra la discusión.
Una vez más, el Gobierno Nacional y Popular sale a marcar la
cancha respecto de un tema central: El funcionamiento y la composición de un poder
del estado dominado por visiones oscurantistas y feudales.
Y una vez más, la reacción de los opositores parlamentarios no
concibe ni propuestas, ni alternativas.
Como ocurriera con otros temas, el Gobierno Nacional y
Popular es el que da la discusión transformadora ante una oposición que oscila
entre el negacionismo y la apuesta por el show mediático, y la verdad, no
sorprende porque es la lógica con la que se han manejado durante todo este
proceso histórico, la que se traduce en utilizar todo artilugio posible para
deslegitimar el debate político, aún cuando esa táctica los ha llevado de
fracaso en fracaso a nivel electoral.
La oposición institucional vuelve a ser previsible con sus
excusas vestidas de argumentos, con las que pretenden sostener un Poder
Judicial tan vetusto, como sumido a los intereses del poder económico.
Es que en definitiva y como lo ha demostrado del 2003 a la fecha, esta
oposición sigue sin pensarse por fuera de la defensa de esos intereses
particulares.
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