Como se expresó en el documento leído ayer, en el acto tras
la marcha por la conmemoración del 37° aniversario del golpe de Estado cívico-
militar del 24 de marzo de 1976, la instauración de la dictadura genocida tuvo
una coautoría.
El brazo armado, con las fuerzas de seguridad como
protagonistas, destinado a realizar un genocidio con asesinatos; torturas y
desapariciones forzadas de personas, para garantizar el exterminio de una
generación de militantes comprometidos con el momento político y el futuro de la Patria por un lado, y el
brazo civil, el gran autor y beneficiario del genocidio económico perpetrado
para el cual era necesario el plan de exterminio.
El brazo civil que durante todos estos años intento
deslindarse imponiendo la "Teoría
de los dos demonios", pero que tomó las definiciones para llevar adelante la política
económica neoliberal que dio inicio a la destrucción total del país productivo;
del trabajo; y del desarrollo interno.
El brazo civil, que como se expuso ayer era conformado por
los grupos económicos – los Mercedes Benz, Acindar, Fiat, Techint, Macri, City
Bank, La Nación,
Clarín, Ledesma, la
Sociedad Rural Argentina, Ford y Loma Negra-; la corporación
judicial, cómplice y garante de la impunidad; y la cúpula de la Iglesia, fue el que
orquesto el golpe de Estado y todas las atrocidades que se cometieron después.
Ese brazo civil que sigue gozando, mayoritariamente, de la impunidad
que le brinda la vetusta corporación judicial, es al que urge someter ante la
ley.
Es al que urge investigar profundamente para continuar
avanzando en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Por ello, la necesidad de democratizar este Poder Judicial
que continúa siendo gobernado aquellos que buscan la impunidad y el olvido.
Por ello, la urgencia en transformar este poder arcaico en una
institución que sea capas de avanzar para dar cuenta el entramado político económico
de la dictadura y sus beneficiarios, estableciendo responsabilidades y culpas.
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