El reciente ofrecimiento salarial del gobernador salteño,
Juan Manuel Urtubey, estaría dando fin al último episodio extorsivo de una
policía provincial, en lo que significa, sin medias tintas, una dolorosa
derrota del poder político en gran parte del país.
Esto es, sin dudas, el primer saldo a mencionar sobre los
episodios acontecidos en los que los miembros de las fuerzas de seguridad,
ejecutaron un plan sedicioso casi a la perfección, logrando el clima
desestabilizador y las remuneraciones pretendidas.
Sobre el tapete quedaron expuestos: La connivencia y
participación policial en robos y saqueos; su degradación estructural; y su
capacidad de extorsión multiplicada, y junto a ello, la ausencia de un Poder
Judicial que nunca está cuando las papas queman; la evidencia de las
desigualdades en sociedades quebradas a nivel cultural; y la incapacidad de un
poder político que no supo prever lo que venía y tampoco pudo dar una respuesta
desde la autoridad.
El triunfo de la extorsión policial implica entonces, una
claudicación en quienes abrieron la puerta a la negociación, y una debilidad en
quienes se vieron obligados a hacer concesiones.
En cualquiera de los dos casos, ello se traduce en una pérdida
del poder público y una degradación de la percepción del Estado, algo que
siempre buscan los que viven fogoneando operaciones desestabilizadoras.
Y en cualquiera de los dos casos, urge avanzar en pos de
recomponer el poder político y el rol del Estado, necesariamente con reformas
integrales en las fuerzas de seguridad a fin de desarticular sus redes ilegales
y sus niveles de autogobierno.
Allí está la clave de la recomposición, y la garantía del
transitar un arduo camino hacia el saneamiento.
Se impone que a nivel provincial, se tenga la misma voluntad política
que a nivel nacional, para avanzar en este proceso.
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