El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de
Uruguay decidió consagrar la impunidad al declarar la inconstitucionalidad de
la ley aprobada en 2011 que invalidaba la denominada Ley de Caducidad aprobada en 1986.
Fue tras dos
recursos de amparo presentados por represores, que el máximo tribunal definió
revitalizar la amnistía por todos los crímenes del terrorismo de Estado cometidos
durante la dictadura 1973- 1985.
La noticia, si bien
no llama la atención considerando los nefastos antecedentes del hermano país, constituye
un retroceso inaceptable en materia de Derechos Humanos.
Es que el Poder
Judicial uruguayo, determina, aún yendo en contra de todos los tratados
internacionales, que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los
genocidas uruguayos no deben ser juzgados.
Suena hasta ridículo,
que el máximo tribunal de un país sea el garante de que no se investiguen asesinatos;
torturas; y desapariciones, pero este es el caso y no es el único.
No hay argumento
racional ni legítimo para consagrar la atrocidad, y de hecho, la consagración
hace del Estado uruguayo, un Estado incapaz de garantizar el derecho a la vida.
Esta consagración,
luego de años de lucha, resulta insultante y degradante no sólo para con las
victimas y sus familiares, sino para con la sociedad toda que hoy esta más
lejos de acceder a la verdad de lo ocurrido durante la dictadura.
En definitiva,
Uruguay vuelve al camino del olvido y de la impunidad institucionalizada.
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