La judicialización del debate político, el modus operandi opositor.

Ayer se promulgó la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, fijándose al 27 de octubre en coincidencia con las legislativas, como fecha para la elección de sus miembros.

Acto seguido, se sucedió la esperada catarata de amparos que pretenden frenar la democratización del Poder judicial, por parte de la seudo- mafiosa “Familia Judicial” y de sectores opositores varios.

La Asociación de Magistrados, el Colegio Público de Abogados de la CABA, el radicalismo, el errante tándem Carrió- Solanas y el macrismo entre otros, definieron, una vez más, judicializar el debate político, a fin de mantener la dependencia de gran parte del Poder Judicial, respecto del poder económico, así como su estructura oscurantista y vetusta.

A esta altura, un clásico modus operandi opositor, esto de acudir al Poder Judicial cuando le resulta incapaz dar el debate político ya sea a nivel legislativo como de cara a la sociedad.

Pero a diferencia de otras ocasiones, tanto en cuanto a la catarata de amparos generados ayer como respecto de los anteriores amparos presentados para frenar este inicio de democratización del Poder Judicial, la situación se presenta como aún más grave.

Es que justamente, algunos de los grandes beneficiarios del modelo judicial arcaico, han sido siempre los jueces nucleados en todos esos grupos que conforman la nefasta “Familia Judicial”, quienes, en un flagrante conflicto de intereses, deberán fallar sobre los amparos presentados.

El conflicto, desde ya, supera la condición de estos jueces porque aún cuando no respondieran a las lógicas y los mandatos de esta seudo- mafia, continuaría exponiéndose, pues aún serían los miembros del Poder Judicial quienes tienen la potestad para definir sobre una cuestión que los afecta directamente.

Es indudable entonces, que más allá de los fallos que puedan darse respecto de estas leyes, el conflicto de intereses continuará irresoluble en tanto los jueces no se excusen en temas que los afectan en forma directa.

Dicho esto, resulta difícil pensar que todos los amparos ya presentados, tengan resoluciones expeditas y respetando la legitimidad y legalidad de las leyes que avanzan en la democratización del Poder Judicial.

De hecho, la apuesta de todos los opositores es a que, en el peor de los casos, la maraña judicial permita congelar las causas eternamente.