En las últimas 48 horas, la agenda pública se ha visto
atravesada por el reclamo salarial de prefectos y gendarmes de los rangos más
bajos.
Cómo es de público conocimiento, el conflicto estalló tras
una desastrosa liquidación de sueldos hecha por los propios superiores de la Prefectura Naval
Argentina, y se extendió al ámbito de la Gendarmería Nacional
donde los miembros inferiores de la fuerza especulaban con verse afectados de
la misma forma.
Esta clara la legitimidad que tenía el reclamo inicial, efectuado
por los efectivos en tanto trabajadores, que han visto su salario en mano reducido
por una resolución que mal aplicada, a traído como consecuencia de una búsqueda
normalizadota de haberes, una reducción producto de un mayor aporte en lo que a
cargas sociales refiere.
Pasando en limpio, la consecuencia de incorporar al básico
la totalidad del monto que venían cobrando estos trabajadores, es decir el
efecto de normalizar una situación de semi precarización, es lisa y llanamente,
un aumento en cargas sociales que a su vez trae aparejado una disminución en el
sueldo neto.
Prefectos y gendarmes tomaron los edificios Guardacostas y Centinela
reclamando una solución que ayer por la tarde fue oficializada por el propio Jefe
de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quién anunció “Gendarmería cobrará lo
mismo que el mes pasado y Prefectura recibirá compensaciones”, a lo que se sumo
el descabezamiento de las cúpulas de ambas fuerzas, contra las cuales también
se expresaba el descontento de los primeros.
Sin embargo, el reclamo no cesó sino que cambió de forma
oportunista tras los anuncios, pues ahora hay otras exigencias, todas reivindicaciones
que se cuadran en lo que a gremialidad refiere, y que en última instancia ponen
de manifiesto dos cuestiones centrales.
Dejando de lado a todo el golpismo oportunista de medios y
periodistas opositores; y de conocidos dinosaurios que pretenden aprovechar la
situación para desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, la
primera de estas cuestiones resulta evidente, pues hay un problema, sobre todo
considerando la historia nefasta que tienen las fuerzas encargadas de llevar a
la práctica la potestad del uso de la fuerza por parte del Estado en nuestro país,
en cuanto a que miembros de dos de estas fuerzas lleven adelante protestas
siendo que, aunque son trabajadores, sus funciones y sus herramientas de
trabajo son tan exclusivas como peligrosas.
Esta particularidad que los afecta en tanto agentes del
orden público, es lo que hace a una muy fina línea entre un reclamo gremial, único
que puede serles permitido, y una actitud de desacato a la ley, que pondría a
la democracia en una situación de peligro existencial.
La segunda cuestión viene atada a la primera, pues la misma
particularidad que tiene este grupo de trabajadores por la que su reclamo puede
transformarse en un riesgo para las instituciones democráticas, es la que visibiliza
la imposibilidad que tienen para llevar adelante reclamos gremiales por los
canales legales.
Sin dudas, y aún cuando el conflicto actual no ha concluido,
resulta necesario abrir el debate entorno a que canales deben poder acceder los
integrantes de las fuerzas de seguridad a la hora de reclamar por sus derechos
laborales, porque si entendemos como sociedad que los agentes que no poseen
jerarquía alguna son trabajadores, resulta indispensable repensar formas en que
ellos puedan acceder a los derechos que todo trabajador tiene, inclusive al de
la sindicalización.
Este es un debate profundo que nos debemos, y para el cual habrá que considerar absolutamente todas las aristas, desde las de laborales hasta las político- institucionales e inclusive las históricas.
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