Leemos en el portal opositor Infobae.com, que diputadosoficialistas están elaborando un proyecto para crear una entidad que nuclee alas casi 40 plantas de medicamentos que dependen de los distintos gobiernosprovinciales y universidades.
El objetivo, romper el oligopolio de los laboratorios que
hace a las tarifas de los remedios.
Como en tantas otras ramas – las fundamentales en el mercado
interno-, el formidable negocio de la venta de medicamentos, pilar de cualquier
sistema de salud, esta carterizado.
Por carterizado, cabe aclarar, se entiende que son un grupo
de grandes laboratorios, los que fijan qué se vende y a qué precio, de acuerdo
a sus intereses y sin ningún tipo de regulación más que los denodados esfuerzos
de la Secretaria de Comercio por lograr acuerdos que luego se cumplan.
El negocio de la salud en su costado farmacéutico,
orquestado por obra y gracia de la liberalización de la economía en el período
1976- 2003, tiene entonces hoy a los laboratorios como ganadores excluyentes, a
costa de una sociedad que se ve obligada a comprar remedios a precios
disparatados.
Ante esto es que surge la necesidad de un avance del
sistema público en el mercado farmacéutico, y la opción que están manejando varios
diputados oficialistas es la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos (ANLAP), a fin de poner un contrapeso fuerte a la posición dominante
oligopólica.
Desde luego, la concreción de este organismo en todo su
potencial, significaría un importante avance en pos de garantizar en la
práctica, a la salud como un derecho humano inalienable.
Algo para lo cual, necesariamente, se impone una discusión
integral sobre el sistema de salud y en manos de quien está, en todos sus
niveles.
En el instante en que la salud pasó a ser un negocio privado, dejó
de ser un derecho que como tal, el Estado debe garantizar.
Desandar ese camino es la tarea, y este proyecto de ley va
en ese sentido.
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