Cordobesismo, policía y saqueos.

Córdoba vive desde ayer, la etapa más crítica de un conflicto que viene de hace tiempo.

El acuartelamiento de la policía provincial, es el corolario de una gestión política – la cordobesista- a medida del autogobierno de una fuerza ligada, por no decir participe, del narcotráfico en la provincia mediterránea.

A ello, deben sumarse los reclamos gremiales, entre los que se destaca el salarial, que tendrían ahora un acuerdo, tras el ofrecimiento de un básico de $8.000 por parte del gobernador José Manuel de la Sota.

Ahora bien, hubiérase podido evitar la medida tomada por la policía si se atendía el reclamo que viene de hace tiempo, y también, si la definición en materia de gestión, no fuera la de acentuar este autogobierno que legitima internamente de manera alarmante, la potestad de la propia fuerza para actuar.

Porque aún conviniendo sobre la legitimidad del reclamo, es claro que una medida como esta no puede prosperar si de una fuerza de seguridad hablamos, por ser esta ejecutora del monopolio de la fuerza por parte de un Estado, en este caso, provincial.

Desde luego, queda pendiente un profundo debate sobre la sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad, pero hasta tanto no este zanjado, resulta de gravedad institucional cualquier movimiento del tipo del que realiza la policía cordobesa.

Dicho esto, cabe destacar que la consecuencia lógica del acuartelamiento en una sociedad con desigualdades es la que se viene observando desde ayer, con robos y saqueos, aunque a priori y más si consideramos la época del año en la que estamos y su historial, no se puede descartar que los hechos producidos, fundamentalmente algunas zonas de Córdoba Capital y alrededores, no tengan un entramado más complejo detrás.

Párrafo aparte merece el lamentable accionar del gobernador cordobés, quien arribó a su provincia en la madrugada de hoy procedente de Panamá, y no inocentemente salió con declaraciones para la tribuna de Twitter. 

En los hechos, recién a las 8 de la mañana solicitó ayuda formal al Gobierno Nacional, que de inmediato puso en marcha el envío de 2.000 gendarmes para colaborar en la contención de la situación social.