Catamarca; La
Rioja; San Juan; Santa Fe; Salta; Chaco; Neuquén; Río Negro;
Chubut; Entre Ríos; Buenos Aires; y ahora Corrientes, son las provincias en las
cuales, el temido efecto contagio del conflicto policial en Córdoba, es un
hecho.
Algunas ya han logrado una resolución del conflicto – en algunas
inclusive el reclamo no se tradujo en acciones de manifiesta ilegalidad- con
aumentos salariales, como San Juan; Río Negro; y Neuquén, pero en las
restantes, la tensión va en aumento al paso que los efectivos policiales
locales amplían sus maniobras sediciosas con acuartelamientos; intentos de tomas
de jefaturas; e inclusive con el gravísimo intento de copar la gobernación que
se registro en Catamarca el fin de semana.
Frente a esta situación, todos los gobiernos provinciales afectados
vienen trabajando en conjunto con el Ejecutivo Nacional quién ya ha enviado a
la gendarmería a fin de mantener la paz social y evitar mayores incidentes – El
intento de copamiento de la gobernación desemboco en un enfrentamiento entre
policías y gendarmes en Catamarca en lo que fue el hecho más significativo, al
cual debemos agregar saqueos en Resistencia, Chaco, y en Concordia, Entre Ríos-.
Dejando de lado el reclamo, el cual habría que analizar caso
por caso para discernir sobre su justeza, es evidente la conexión entre las
maniobras policiales y los hechos desestabilizadores que se vienen replicando, esto
al margen del entramado social que influye en la potenciación del vandalismo y
los saqueos.
El modus operandi doblemente extorsivo – con aprietes de los
efectivos a conciencia de ser quienes poseen las armas y con su influencia en
el desarrollo de disturbios que afecten la paz social-, inaugurado el martes
pasado en Córdoba, se viene registrando en varias localidades.
Dicho esto, también cabe destacar que los ejecutivos
provinciales no están abordando la situación a fin de llegar a una salida defeccionadora
como lo hiciera el cordobesismo, y por el contrario se observan claras
demostraciones de autoridad política.
En estas muestras de autoridad política y en la apelación a
la responsabilidad de los efectivos policiales y de toda la sociedad, están las
claves para la resolución del conflicto inmediato que por otra parte, no escapa
a una problemática profunda que debe abordarse: La de los necesarios los
canales y formas en que las fuerzas de seguridad puedan reclamar sobre
cuestiones de índole laboral.
Para concluir, creo que la gravedad de la situación amerita dejar de
lado cualquier festejo por los 30 años de una democracia que aún tiene
demasiado en el Debe.
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