El día lunes, la Presidenta, Cristina Fernández, anunció el
envío al Congreso de un proyecto de ley que apunta a combatir la precarización
laboral y el trabajo en negro.
El proyecto, según explicó, consiste en la rebaja de aportes
patronales a pequeñas y medianas empresas de forma específica y no generalizada,
y mayores controles por parte del Estado, fundamentalmente, para aquellas empresas que sean beneficiarias.
A partir de estas acciones, se busca apuntalar el nivel de
empleo formal atacando de llenó la problemática que Cristina definió como la
segunda en importancia en lo que al ámbito laboral refiere – la primera claro
está, es el no poder acceder a un trabajo-.
No es casual que este gobierno, que creó más de 6 millones
de puestos de trabajo del 2003 a la
fecha, continúe avanzando con normativas que pretendan recuperar el trabajo
formal.
Tampoco lo es que esta iniciativa se conozca en un contexto
en el cual las paritarias se vienen desarrollando con la normalidad propia de
este proceso político, pero a la vez, gran parte de los centros urbanos del
país vieron paralizadas sus actividades el jueves pasado.
En este sentido, y más allá del disgusto de los referentes
sindicales opositores artífices del paro en el trasporte y los piquetes, el
anuncio de la Presidenta viene a ser una respuesta, no a sus difusos y hasta
ridículos enunciados, sino a la deuda que se tiene respecto de los trabajadores
precarizados, y en todo caso, también representa una posición en la disputa por
el sentido – en esta, desde luego, se inscriben aquellos ridículos enunciados-
en el conjunto de problemáticas laborales, que las hay.
Dicho esto, sería deseable que se profundice el
combate contra la precarización laboral también en el ámbito estatal, donde una
parte importante de los trabajadores se encuentra bajo esa situación.
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