Desde hace varias semanas, cuando empezaron a circular versiones sobre posibles medidas a tomar por el Gobierno Nacional y Popular ante los comprobados incumplimientos de la petrolera Repsol en su administración de YPF, los medios opositores, no casualmente dados los negocios en común – recuérdese la pauta publicitaria que pone Repsol en ellos-, salieron a intentar instalar miedo en la opinión pública desde una óptica defensora de intereses ajenos al país.
Era de esperar que en el mismo instante en que la Compañera Presidenta concluyó el anuncio sobre la recuperación de nuestra histórica empresa hidrocarburífera, la táctica mediática se profundizara de la mano de ataques varios al gobierno y repeticiones sistemáticas publicitando la posición del gobierno y los medios españoles, y así fue.
Del lunes al mediodía a la fecha hemos sufrido el constante bombardeo de lo que dicen o dejan de decir Mariano Rajoy, el presidente español; sus ministros, los dueños de Repsol, los diarios españoles; etcétera, acompañados por los cipayos justificadores del saqueo neoliberal, ahora erigidos en guardianes de la petrolera foránea.
Ahora bien, lo que cipayos de aquí y custodios de la multinacional allá pretenden ocultar, es justamente la legitimidad y legalidad de la expropiación, así como la trama de intereses contrapuestos que la antecede.
Ninguno habla sobre la expropiación como algo contemplado en las leyes vigentes y en la Constitución Nacional, así como evitan referirse a la soberanía más que para intentar restarle peso específico, cuando bien saben que los intereses de Repsol chocan de lleno con los de nuestro país, y esto ha sido acreditado con el vaciamiento que venían realizando en YPF.
Repsol se llevaba los dividendos a España mientras la empresa tenía balances negativos, es decir, no sólo no reinvertía utilidades a fin de explorar y explotar nuevos yacimientos, sino que tampoco cuidaba que YPF no tuviera números en rojo mientras arrojaba ganancias estrafalarias.
Lógicamente, este mecanismo de vaciamiento choca de lleno con las necesidades de mayor energía que requiere nuestro país a fin de satisfacer el modelo de desarrollo y producción industrial, y el mercado interno.
Y legítima y legalmente, porque los yacimientos y la producción son nuestros según contempla en la Constitución Nacional, la expropiación de YPF asiste a defender los intereses nacionales.
Es indudable que nos asiste la razón y el derecho a ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales, así como lo es que el bombardeo de amenazas y la táctica de pretender instalar miedo, no contienen ninguna otra bandera que no sea la del voraz capitalismo predador neoliberal.
1 comentario:
Partamos de la base de que estoy totalmente de acuerdo con que el Estado Argentino recupere la voz de mando en nuestra querida YPF.
Pero después de analizar los gráficos que resumen el paulatino vaciamiento de nuestra empresa por parte de la corporación española, me pregunto:
Desde el Gobierno Nacional y Popular, ¿nadie lo advirtió? ¿Se tomó alguna medida ó se elevó algún reclamo o protesta? Y asumo que desde fines de 2009 hasta fines de 2011 el FPV no contó con mayorías parlamentarias.
De manera similar a la inexplicable permanencia de TBA al frente de gran parte de los transportes metropolitanos, este tipo de incoherencias me molesta profundamente.
Saludos
Tilo, 70 años
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