YPF: Una decisión soberana.

Ayer al mediodía como es de público y notorio, la Compañera Presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al parlamento de un proyecto de ley que declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, y expropia el 51% de las acciones de YPF S. A. a la firma española Repsol otorgándoselas al Estado Nacional y las provincias petroleras.

En simultaneó, informó la firma de un decreto por el cual se interviene la empresa hasta tanto se el proyecto se transforme en ley, removiendo a todo su directorio y designando como interventor al Compañero Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

De esta forma y descartando que la ley será aprobada por amplia mayoría, el Gobierno Nacional y Popular produce una ruptura histórica respecto del esquema estatal neoliberal, y avanza, una vez más, sobre su fase más nefasta, la privatizadora.

YPF, una empresa estatal emblemática como marca argentina en el mundo pero también por las ganancias extraordinarias que genera, había sido privatizada en un proceso que llevo ocho años (1990- 1998), y venía siendo vaciada por su accionista mayoritario, Repsol, quién jamás reinvirtió utilidades.

Repsol se dedicó en su totalidad a la extracción y comercialización del crudo, desde la lógica predadora que toda empresa privada tiene.

El refinamiento privilegiaba a las naftas más caras, las que se venden en el exterior, llegando a desabastecer al mercado interno, y desde luego, enviando todas las ganancias a su casa matriz en España.

Como bien explicó Cristina Ayer, “De proseguir la política de vaciamiento y no exploración ni inversión prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, no por falta de recursos, sino por políticas empresariales”, y ello resulta un argumento central a la hora de abordar lo que significa la nacionalización de YPF.

Porque YPF, resulta una herramienta económica y de desarrollo central, pues los hidrocarburos, son un engranaje clave en toda la maquinaria económica del modelo productivo.

La nacionalización, que prevé una distribución de las acciones adquiridas en: Un 51% para el Estado Nacional y un 49% para las provincias petroleras, indudablemente, contempla el carácter estratégico que poseen el petróleo y el gas como recursos naturales, y su papel determinante en la matriz energética del país.

La recuperación de YPF tiene estas implicancias en el desarrollo integral argentino, y por ello expresa una decisión política soberana que además, cuenta con toda la legalidad y la legitimidad social.

Una definición que pone de manifiesto la reafirmación sobre nuestra empresa, y sobre nuestros recursos naturales.

Desde luego, uno es conciente de que los intereses que se tocan a la hora de llevar adelante políticas soberanas no son menores, y claramente, en la ecuación entran las respuestas y las consecuencias de la acción tomada.

Pero es justamente el ejercicio de la soberanía, lo que a un Estado Nacional fortalece frente a las consecuencias, si las hubiera, y frente a los buitres externos y sus socios internos.