Volvió ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) – entiéndase los dueños de los multimedios que hacen negocios a lo largo y ancho del continente-, a atacar a aquellos países que más han avanzado en procesos de democratización de la comunicación, entre los cuales se encuentra Argentina.
Por medio de un informe, el comité que nuclea a quienes pretenden monopolizar la palabra, fustigó relatando: “En los últimos meses se han multiplicado y agravado, en la Argentina, las agresiones contra periodistas por parte de altos funcionarios públicos, incluyendo desmesuradas acusaciones como la de desestabilizadores, mafiosos o antisemitas”.
Pues claro, a los paladines de la libertad de empresa les molesta profundamente que ellos o sus subordinados sean objeto de crítica, e insisten en erigirse como una casta privilegiada llamada a narrar la realidad de acuerdo a sus intereses.
El comunicado, también aduce que aquellos supuestos agravios, además de “ser profundamente ofensivos, podrían conducir a situaciones de mayor violencia por parte de grupos afines al poder”, y que “las máximas autoridades de la Argentina deben fomentar un clima de tolerancia y diálogo”, para “evitar que el temor, la autocensura y la ausencia de debate se sigan instalando peligrosamente en el país”.
La recurrencia a los cuentos de siempre, cuando la realidad señala que los únicos que se han servido de la violencia por ejemplo, por medio del Terrorismo de Estado, para consolidar su nefasto poder, han sido miembros de la SIP como el multimedios Clarín y sus aliados, La Nación y Perfil, aburre de igual forma que esa apelación sistemática a clichés vacíos de contenido como “el dialogo”.
No conformes con tantas barbaridades, los muchachos pretenden dar clases sobre como un gobierno debe manejar su comunicación cuando en el escrito cuestionan la ausencia de conferencias de prensa, aduciendo que “exime a los gobernantes del escrutinio público y les permite comunicar solo los mensajes que les interesan, situación que atenta contra el derecho de información de la sociedad”.
Obviamente, les molesta que un gobierno ejerza el derecho a comunicar como lo considere conveniente y elimine la mediación periodística, que siempre está ligada a la necesidad de querer instalar tal o cual tema según danzan los intereses de las empresas del sector.
Lejos se esta de atentar contra el derecho a la información que goza de inmejorable salud, porque todo acto de gobierno así como de sus funcionarios puede ubicarse por los canales habituales.
El problema que tiene la SIP en todo caso, es que a partir de este Gobierno Nacional y Popular, la comunicación es directa con el Pueblo quién es el único con derecho a pedir explicación alguna.
Lo cierto es que la SIP, pretende seguir dando pelea por su modelo exclusivísimo de comunicación y desinformación que tantas alegrías le ha dado a los jefes de los multimedios, y que, a su vez, tanto daño ha hecho a todo el continente.
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