Leemos en la página del opositor Clarín, sobre el no inicio
de la investigación judicial correspondiente a las 4040 cuentas no declaradas en el HSBC Suiza, de empresas
y particulares argentinos.
El motivo, la veloz excusación de la jueza María Victoria
Straccia cuyo juzgado había sido sorteado, y la, hasta el momento, indefinición
por parte del juez Javier López Biscayart, cabeza del juzgado en el cual recayó
la causa tras la decisión de la primera.
¿Es una noticia que sorprende?
En lo más mínimo.
Era esperable que por el contenido de la causa y la
permeabilidad que posee la enorme mayoría del Poder Judicial a los designios de
las corporaciones, ocurriera esto que se traduce en dilaciones iniciales de una
investigación que tiene la potencialidad de poner al descubierto las facilidades
que la consagración del Estado mínimo ha otorgado al Poder Económico para fugar divisas,
cuando no lavar activos.
Es sabido entonces, que lo plausible de esperar, es que esta
causa, como la que se le sigue a la plana mayor del Grupo Clarín por lavado de
dinero o la que investiga la apropiación de Papel Prensa, duerma el sueño de
los justos.
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