El viernes pasado se conoció la carta de renuncia con la que
el Ministro de la CSJN, Raúl Zaffaroni, formalizó que dejará su cargo en el
tribunal el 31 de diciembre del presente.
Cumpliendo con la normativa constitucional que señala los 75
años como una edad límite para ser parte del máximo tribunal, Zaffaroni dejará una vacante a cubrir a fin de
completar los cinco miembros correspondientes.
Desde luego y como ya se ha señalado en otra oportunidad, ya
han empezado a circular los nombres de los posibles candidatos a ocupar esa
vacante, algo que corresponde realizar según la normativa vigente.
El punto, más allá de los nombres, es que, según denunció
hoy el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, existiría un acuerdo entre algunos
cortesanos y toda la oposición en pos de impedir que el Senado apruebe un
nombramiento, independientemente de cual sea el nombre propuesto.
Abonando la denuncia y haciendo uso de la impunidad que les
proporciona saber de la necesidad de los dos tercios de senadores necesarios
para lograr un nombramiento en la CSJN, algunos radicales ya han expresado que
no van a avalar ningún nombramiento que proponga la Presidenta, Cristina Fernández.
No importa quién sea propuesto ni su trayectoria o sus
antecedentes, han realizado este anuncio que está bastante lejos
de su pretendida bandera institucional, y se corresponde completamente con ese
oposicionismo a todo, al cual la oposición nos suele tener acostumbrados.
Apostar a demorar esa designación, no colabora en el plano
institucional y afecta el normal desempeño del tribunal; algo que bien puede
retardar sus definiciones judiciales.
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