Cuatro horas de demora, maltratos del aparato judicial para
con Susana Trimarco y la absolución de los 13 acusados fueron el saldo de un
fallo que otra vez, pone en evidencia la notoria decadencia del Poder Judicial
en el país.
10 años después de la aún desaparecida Marita Verón, victima
de la trata de personas, el proceso judicial por el cual se supone, se hicieron
las investigaciones para llevar a juicio a los 13 imputados que ayer el
tribunal de la Sala II
de la Cámara Penal
de Tucumán definió absolver por fallo unánime, ha tenido una conclusión que muestra falencias por donde se lo mire.
Ya sea porque la investigación judicial ha sido incapaz de
llegar a parte de la verdad, o porque, cómo la propia Susana Trimarco afirma, los
jueces que integran la Sala II,
Alberto Piedrabuena; Eduardo Romero Lascano; y Emilio Herrera Molina, son, por
complicidad o por acción, parte del entramado que conforma la trata de
personas, lo cierto es que el fallo da cuenta de la impunidad con la que
cuentan grupos mafiosos que operan con el beneplácito del poder económico en
nuestro país.
Y digo que funcionan con el beneplácito porque el negocio de
la trata de personas se traduce en prostíbulos que aún hoy, y con la ley de
trata vigente desde 2008, siguen utilizando espacios para publicitarse en diversos
medios que se transforman en cómplices y/o socios.
Es claro entonces, que los grupos mafiosos tienen capacidad
para obrar configurando un entramado que les garantiza impunidad policial y
judicial, y con un poder económico que busca sacar su tajada.
Como una red de complicidades que garantizan el negocio de
la degradación y la muerte, y encuentran el resguardo de un Poder Judicial
cuyos miembros son sospechados de ser son participes.
Desde luego, esta sospecha tiene fundamentos en la evidencia que tras 29 años de
democracia, el Poder Judicial guarda vicios propios en su configuración y
conformación que permiten que quienes lo conducen en sus distintos estamentos y
quienes toman las decisiones sobre que es justicia y que no, sean permeables a
intereses ajenos y particulares.
Cómo lo he mencionado frente a otras causas que dan cuenta de la
degradación que sufre el poder más antidemocrático del Estado, la causa sobre
la desaparición de Marita Verón, vuelve a poner sobre el tapete la urgencia en repensarlo
de forma integral.
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