Tres más del Poder Judicial.

En ocasiones, hay jornadas que alcanzan para pintar de cuerpo entero algo.

Ayer fue una de esas, en la que bien se pudo observar lo que es hoy el poder más antidemocrático del Estado, el Judicial.

Un fallo vergonzoso; otro, al menos cuestionable por no decir sospechado; y una decisión de la CSJN que da pena, son el saldo que nos permite avanzar en aquello de entender la lógica con la que se imparte la entelequia denominada “justicia”.

En primer lugar tenemos el sobreseimiento al ex presidente Fernando De la Rua, quien para la Sala I de la Cámara de Casación no tiene culpa alguna en los 5 asesinatos y los 117 lesionados producto de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad nacionales en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Para la cámara, es creíble que el presidente del último gobierno radical “desconocía los supuestos excesos de sus inferiores”, y no es importante considerar las consecuencias de los actos del acusado cuando declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien representa algunas de las victimas de la masacre graficó de manera impecable el fallo y sentencio que “aunque fuera cierto este argumento – el del supuesto desconocimiento que tenía de los hechos que ocurrían-, que la defensa del ex presidente sigue repitiendo y ahora validaron los camaristas, eso no lo exime de su responsabilidad por las consecuencias del estado de sitio que dictó, tenía el deber de estar al tanto, no podía hacerse el desentendido, es como si uno pone la pava en el fuego y se va a dormir la siesta”.

Bien distinta fue la suerte de Felisa Miceli, a quien, a diferencia de De la Rua, el Tribunal Oral Federal II no le creyó en su declaración sobre el dinero hallado en su despacho cuando era Ministra de Economía, y decidió condenarla a 4 años de prisión por los cargos de encubrimiento agravado y sustracción; y ocultamiento de documento público.

Para este tribunales, es claro que las palabras de Miceli no tuvieron ningún peso, aunque lo que no queda tan claro es como cuadran las figuras jurídicas por las cuales la condenan.

Se la condena por encubrimiento agravado y sustracción, sin pruebas de la existencia de una sustracción, y evidentemente pretendiendo que la acusada declare su culpabilidad; pues hablar de encubrimiento ante un hecho que de ser delito, se podría haber considerado como “in fraganti”, es poco serio.

El mismo calificativo le cabe a la condena por ocultamiento de documento público, y ello hace inentendibles a la acusación y la condena, salvo que tener un monto grande de dinero en tu oficina sea delito y yo lo desconozca.

En todo caso, lo que sí queda claro, es que el Poder Judicial, demasiadas veces, aplica criterios disímiles, si haz sido o no un funcionario o un representante ligado a los intereses de las corporaciones.

Y si de no afectar intereses de las corporaciones hablamos, que mejor que enfocarnos en la lamentable doble decisión de la Corte de no hacer lugar al per saltum y reponer la medida cautelar avalando el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, y contradiciendo una resolución propia anterior, en la cual se la daba por caduca el 07 de diciembre pasado.

Tal parece que a los supremos se les apaciguaron los ánimos por terminar con las dilaciones en el diferendo planteado por el multimedios Clarín, y ahora han definido que la cámara se tome su tiempo, el cual puede ser eterno, para resolver la apelación al fallo de primera instancia favorable a la Ley SCA.

Lejos de exigir celeridad, su definición no hace referencia a tiempos concretos, e implica que la causa volverá a dormir en un cajón de la Sala I con la medida cautelar repuesta.

Lo que se puede decir, una definición que si bien reconoce que todos los plazos para adecuarse a la ley estarán vencidos una vez que exista un fallo final, no se sale en nada de la media vergonzosa de los fallos inertes de la corte.

La conclusión, a esta altura obvia, es que el poder más antidemocrático del Estado luce bastante desteñido, o mejor dicho, luce teñido con los colores de las corporaciones que pretenden seguir viviendo a costa del país.

Entonces, vuelve a ser necesario plantear la urgencia en repensar y reestructurar integralmente el Poder Judicial para que deje de estar arrodillado ante el poder económico.