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jueves, 13 de diciembre de 2012

Patética puesta en escena de la izquierda jurásica.



En el día de ayer hubo masivas manifestaciones en distintas partes del país en rechazo al saldo del proceso judicial por la desaparición de Marita Verón, y también, mostrando una altísima disconformidad en general con el obrar de los poderes judiciales nacional; provinciales; y de la CABA.
Todas ellas, manifestaciones que comprenden el momento histórico del país en cuanto a la necesidad de protestar pacíficamente; cuidándose y cuidando al otro.
Todas excepto una, la movilización de la izquierda jurásica a la Casa de Tucumán en la CABA, en la cual, distintos partidos de esa izquierda que necesita constantemente ajustar la realidad al manual, definieron pudrirla destruyendo este local, patrimonio público, y lo más grave, atacando e hiriendo a empleados y policías que se encontraban dentro a fin de cuidar las instalaciones.
Una veintena de heridos debieron sufrir el embate de este minúsculo sector con casi nula legitimidad social, quien arrogándose la potestad para actuar en nombre de la justicia, realizó el ataque desde una perspectiva tan disparatada cómo falsa.
Según su pensamiento, el ajuste de realidad para que cuadre en los manuales dogmáticos señala que el gobierno es el responsable de todo lo que ocurre en la esfera estatal, sin mediaciones ni análisis que contemplen por ejemplo la división de poderes o como juega el poder económico; los policías son asesinos siempre y por ende merecen ser agredidos; y existe una cadena de mando lineal que baja desde el gobierno norteamericano a los gobiernos municipales que incluye, obviamente, a todos poderes del Estado.
Este tipo de análisis disparatados son los que los llevan a la conclusión según la cual, cualquier acción directa contra el Estado, sea nacional o provincial, es parte de la lucha “revolucionaria”, y en tanto así sea, es válida sin medir consecuencia alguna.
Una lógica que escapa totalmente a cualquier atisbo de realidad para sumergirse en una suerte de mundo fantástico donde, en tanto acción directa, destruir la Casa de Tucumán en la ciudad y herir a quienes allí trabajan y a los policías que allí se encontraban, sería un paso más en la lucha revolucionaria.
Lo cierto, es que este tipo de accionar tan patético como irracional, yendo más allá de la gravedad por el saldo de lo ocurrido, en la sociedad genera un profundo rechazo, y por ende, suele ser utilizado por los sectores corporativos para bastardear a la política.
Este tipo de acciones aportan a la despolitización social, y le dan a los escribas de la antipolítica letra para hacerse un festín.
Todo ello, al margen del apoyo brindado ayer por Susana Trimarco, la persona con más legitimidad para expresarse tras el lamentable fallo en Tucumán, a la otra movilización realizada en la CABA que fue frente a Tribunales.
Las puestas en escena en las que pretenden vestirse de revolución, realizadas por esta izquierda jurásica, siempre arrojan saldos que colaboran con la cultura neoliberal del descreimiento; el individualismo y la fragmentación social.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Caso Marita Verón: La decadencia judicial.



Cuatro horas de demora, maltratos del aparato judicial para con Susana Trimarco y la absolución de los 13 acusados fueron el saldo de un fallo que otra vez, pone en evidencia la notoria decadencia del Poder Judicial en el país.
10 años después de la aún desaparecida Marita Verón, victima de la trata de personas, el proceso judicial por el cual se supone, se hicieron las investigaciones para llevar a juicio a los 13 imputados que ayer el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán definió absolver por fallo unánime, ha tenido una conclusión que muestra falencias por donde se lo mire.
Ya sea porque la investigación judicial ha sido incapaz de llegar a parte de la verdad, o porque, cómo la propia Susana Trimarco afirma, los jueces que integran la Sala II, Alberto Piedrabuena; Eduardo Romero Lascano; y Emilio Herrera Molina, son, por complicidad o por acción, parte del entramado que conforma la trata de personas, lo cierto es que el fallo da cuenta de la impunidad con la que cuentan grupos mafiosos que operan con el beneplácito del poder económico en nuestro país.
Y digo que funcionan con el beneplácito porque el negocio de la trata de personas se traduce en prostíbulos que aún hoy, y con la ley de trata vigente desde 2008, siguen utilizando espacios para publicitarse en diversos medios que se transforman en cómplices y/o socios.
Es claro entonces, que los grupos mafiosos tienen capacidad para obrar configurando un entramado que les garantiza impunidad policial y judicial, y con un poder económico que busca sacar su tajada.
Como una red de complicidades que garantizan el negocio de la degradación y la muerte, y encuentran el resguardo de un Poder Judicial cuyos miembros son sospechados de ser son participes.
Desde luego, esta sospecha tiene fundamentos en la evidencia que tras 29 años de democracia, el Poder Judicial guarda vicios propios en su configuración y conformación que permiten que quienes lo conducen en sus distintos estamentos y quienes toman las decisiones sobre que es justicia y que no, sean permeables a intereses ajenos y particulares.
Cómo lo he mencionado frente a otras causas que dan cuenta de la degradación que sufre el poder más antidemocrático del Estado, la causa sobre la desaparición de Marita Verón, vuelve a poner sobre el tapete la urgencia en repensarlo de forma integral.
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