6D: Confirmado, no hay independencia del poder económico.

Como es de público y notorio, ayer a última hora, la autoproclamada competente, a pesar la vergüenza jurídica de tomar una causa que le correspondía al fuero contencioso administrativo y de volver a rechazar las recusaciones a jueces ligados a una de las partes, Cámara Civil y Comercial, prorrogó hasta la eternidad la medida cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Por medio de su Sala N° 1, recompuesta a pesar de las dos recusaciones, cabe reiterar, a medida de una de las partes en conflicto y por tres jueces de los cuales sólo dos firmaron el fallo – María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras-, algo inédito en la historia argentina, hizo lugar al planteo de dicha parte – entiéndase cumplió con las ordenes que le fueron dadas-, yendo en contra del fallo de la CSJN el cual dejaba en claro que la cautelar concluía el día de hoy.

Desde luego, Ya hay una doble presentación para revocar el fallo: Por un lado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual solicitó a la CSJN que declare la nulidad de la resolución dictada por la cámara, y por otro la Jefatura de Gabinete de Ministros utilizó el recurso constitucional del per saltum para presentar ante el máximo tribunal el pedido de revocación.

Ayer mismo, decía que aún cuando el grupo Clarín se está quedando sólo en su cruzada para defender su poder corporativo, eso no implicaba que su capacidad de acción y presión estuviera afectada, y en todo caso, el fallo ha venido a confirmar esto.

Pero no es lo único que confirma, pues también deja en claro que la batalla contra las corporaciones necesariamente tiene un frente judicial en el cual hay que pensar.

Al fallo podemos sumarle el nefasto accionar corporativo de un poder que se abroquela cuando se cuestionan algunos de sus miembros, tal es el caso de la declaración vergonzosa efectuada ayer por magistrados, incluidos miembros de la CSJN, quienes pretenden colocarse en un estadio superior incuestionable para el resto de la sociedad, inclusive avasallando las potestades de los otros poderes del Estado.

Resulta una verdad de Perogrullo, pero parece necesario decir que todos los miembros del Poder Judicial son parte de esta realidad y esta sociedad, y como parte tienen inquietudes; pensamientos y accionares políticos; y defienden intereses diversos.

El problema entonces radica, en que la sumatoria de todo el entramado judicial ha venido dando el mismo resultado a lo largo de la historia argentina, y fundamentalmente en los últimos 35 años: La imposibilidad de fallar de manera independiente de los designios del poder económico.

Sí el Poder Judicial no puede ser independiente de estos intereses, entonces urge rever y reformar integralmente su condición.