Procesamiento anunciado y una concesión.

Como era previsible, el viernes pasado se conoció la definición del juez Ariel Lijo de procesar a Amado Boudou, en la causa de la ex Ciccone Calcográfica.

No llama la atención, pues todos los caminos conducían a ello desde el momento en que el cuñado del abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, lo había citado a declaración indagatoria.

Al margen de la construcción político- mediática de la causa, de la cual se viene hablando largo y tendido, cabe destacar que en el día de ayer, el oficialismo habilitó la comisión que definirá el pedido de juicio político en una suerte de concesión al circo opositor.

El hecho de la habilitación, desde ya, está más ligado a las formas - esas que tanto preocupan a los que nunca piensan en las cuestiones de fondo-, que al resultado, también previsible, que arrojará la votación.

Uno podría pensar entonces, que la habilitación de la comisión tiene como finalidad evidenciar la animosidad opositora por echar a Boudou, al tiempo que se da lugar a los pasos institucionales en una situación que desde el momento de la habilitación, se reconoce, al menos, como anormal.

Es este reconocimiento, un paso de cierto riesgo por su carácter institucional, del cual cualquier opositor podrá agarrarse para esgrimir su ataque al vicepresidente – entiéndase, reconocerlo es darle entidad al circo opositor-.

A su vez, es este reconocimiento, otra posibilidad de fortalecer todo el bombardeo mediático estrechamente ligado con la vida judicial de la causa y con la vida institucional opositora.

Sin embargo, negar la posibilidad de esta concesión, hubiera sido quizás otro hecho también utilizado en contra de este proceso político.

Como sea, la cuestión en la comisión se definirá por votos; democráticamente, mal que les pese a algunos, y la oposición no tiene los suficientes para imponer sus pretensiones – léase: ¿Quieren juicio político? Consigan los votos-.