U$S 5.000 millones, sería el monto a pagar en activos líquidos,
tras el acuerdo con Repsol y Pemex, por lo que fuera la nacionalización de YPF.
Incógnitas varias, en cuanto a si efectivamente, la forma de
pago será esta u otra – una parte en bonos surge como rumor-, lo cierto es que
el Gobierno Nacional ha avanzado reconociendo una deuda por la recuperación de
la petrolera que la Reforma
del Estado nos había arrebatado.
La novedad de ayer impacta hoy, como era de esperar por la
rancia lógica mercantil, con subas en las bolsas local e ibérica, y con el
racimo de opinólogos neoliberales, festejando el reconocimiento de una deuda
estatal y augurando las supuestas bondades para con el clima de inversiones –
falacia que se cae a pedazos sólo con mencionar a Vaca Muerta-.
Al margen de ello, la primera conclusión a sacar sobre este
acuerdo, ineludible, es que el Gobierno decide dar legitimidad al reclamo de
Repsol, entendiendo que ello forma parte del denominado frente externo en el cual
se juega la política de desendeudamiento que tan fructífera ha sido de 2003 a la fecha.
Habrá que ver si la decisión es la acertada, y si en efecto, resultaba
fundamental acordar, aún considerando un dato no menor: El monto es la mitad de
lo que exigía la petrolera española.
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