El traspaso en la recepción de los fondos judiciales nacionales.

El miércoles la Cámara de Senadores aprobó y transformó en ley el traspaso de los fondos judiciales nacionales, del Banco Ciudad al Banco Nación.

Tras Seis horas de debate y una votación con amplio apoyo al proyecto - 38 votos favorables contra 25 opositores-, los fondos del Poder Judicial de la Nación y sus tribunales nacionales y federales, a partir de ahora, serán recepcionados en el Banco Nación.

Desde luego, el traspaso de fondos tiene un significado que se ha intentado tergiversar desde algunos sectores, pues en si representa la recuperación por parte del Estado Nacional, de fondos que le son propios por jurisdicción y jurisprudencia.

Resulta ilógico y profundamente antifederal que los fondos competencia del Poder Judicial Nacional, no fueran recepcionados y administrados por una entidad de carácter nacional, sino que estuvieran en manos de una entidad municipal.

A ello, debe agregarse que en la práctica, el Banco Nación cuenta con presencia a lo largo y ancho del país mientras que el Ciudad carece de ella, lo que trae como consecuencia demoras y complicaciones a la hora de administrar los fondos.

Es decir, tanto desde lo que significa en términos de avance en el federalismo, así como lo que producirá en la práctica avanzando en la administración eficiente, el traspaso de los fondos es un avance legal, legítimo, y reparador.

Vale aclarar, que la ley señala que los nuevos fondos deberán depositarse en el Banco Nación, mientras los existentes permanecerán en el Ciudad hasta que sean utilizados según corresponda por decisiones del Poder Judicial.

En este sentido, la norma contempla que la entidad porteña no pierda los fondos actuales dando por tierra con el supuesto desfinanciamiento, aún cuando el Estado Nacional no tiene ninguna obligación legal, y el banco municipal carece de atribuciones para realizar cuestionamientos entorno a fondos que no son propios de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva norma pone fin a una injusticia histórica para con las provincias que veían fondos federales recepcionados por un banco municipal, cubre lo que podría haber sido una problemática inmediata en cuanto al financiamiento de éste último, y da cuenta de una necesidad en que la administración de esos fondos la realice una entidad con capacidad operativa nacional.