Se creó el Instituto Argentino de Transporte.

Se oficializó hoy, por medio del Decreto 1004/2014, la creación del Instituto Argentino de Transporte (IAT), que ayer había anunciado el Ministro de la cartera, Florencio Randazzo.

Con el foco puesto en la investigación; capacitación; y distribución de la información relacionada al transporte, a fin de elaborar programas y acciones en el marco de una política estratégica para el sector, la flamante institución, se plantea como un ámbito de participación abierta que contempla la articulación de lo público y lo privado.

A su vez, el IAT surge como un espacio federal desde su concepción puesto que estará integrado, con carácter ad honórem, por el Ministro del Interior y Transporte, quien ejercerá la presidencia del organismo; los funcionarios de las 24 jurisdicciones – las 23 provincias y la CABA- con competencia en el área de transporte; y los delegados de aquellos municipios de todo el país que adhieran.

La necesidad de avanzar en esta flamante iniciativa, es un desafío en pos de pensar y concretar una política de transporte de carácter estratégico por solidez y sustentabilidad, que pueda dar cuenta de un sistema complejo y en movimiento, producto del crecimiento y la integración nacional y regional.

Esa es la gran apuesta con la que se piensa una institución con raíces participativas y solidarias.

El traspaso en la recepción de los fondos judiciales nacionales.

El miércoles la Cámara de Senadores aprobó y transformó en ley el traspaso de los fondos judiciales nacionales, del Banco Ciudad al Banco Nación.

Tras Seis horas de debate y una votación con amplio apoyo al proyecto - 38 votos favorables contra 25 opositores-, los fondos del Poder Judicial de la Nación y sus tribunales nacionales y federales, a partir de ahora, serán recepcionados en el Banco Nación.

Desde luego, el traspaso de fondos tiene un significado que se ha intentado tergiversar desde algunos sectores, pues en si representa la recuperación por parte del Estado Nacional, de fondos que le son propios por jurisdicción y jurisprudencia.

Resulta ilógico y profundamente antifederal que los fondos competencia del Poder Judicial Nacional, no fueran recepcionados y administrados por una entidad de carácter nacional, sino que estuvieran en manos de una entidad municipal.

A ello, debe agregarse que en la práctica, el Banco Nación cuenta con presencia a lo largo y ancho del país mientras que el Ciudad carece de ella, lo que trae como consecuencia demoras y complicaciones a la hora de administrar los fondos.

Es decir, tanto desde lo que significa en términos de avance en el federalismo, así como lo que producirá en la práctica avanzando en la administración eficiente, el traspaso de los fondos es un avance legal, legítimo, y reparador.

Vale aclarar, que la ley señala que los nuevos fondos deberán depositarse en el Banco Nación, mientras los existentes permanecerán en el Ciudad hasta que sean utilizados según corresponda por decisiones del Poder Judicial.

En este sentido, la norma contempla que la entidad porteña no pierda los fondos actuales dando por tierra con el supuesto desfinanciamiento, aún cuando el Estado Nacional no tiene ninguna obligación legal, y el banco municipal carece de atribuciones para realizar cuestionamientos entorno a fondos que no son propios de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva norma pone fin a una injusticia histórica para con las provincias que veían fondos federales recepcionados por un banco municipal, cubre lo que podría haber sido una problemática inmediata en cuanto al financiamiento de éste último, y da cuenta de una necesidad en que la administración de esos fondos la realice una entidad con capacidad operativa nacional.

Un Desendeudamiento Federal, Nacional y Popular.

El pasado lunes, la Compañera Presidenta Cristina Fernández anunció la puesta en marcha del Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias Argentinas. El programa contempla que el 89% de las deudas que los estados provinciales mantienen con la Nación sean refinanciadas, junto con “un plazo de gracia de amortización de intereses y capital de un año y medio" y "una reducción neta de la deuda hasta 2015 de casi 40 %" según palabras de la propia Jefa de Estado.
La importancia tanto de la refinanciación como de las quitas en las deudas provinciales no tiene sólo un valor simbólico ligado al efecto favorable que esto indudablemente producirá como señal en el mercado internacional de capitales, sino que a la vez tiene un valor palpable ligado a la economía del mercado interno y la acción que los estados provinciales puedan ejercer en pos de desarrollar y fortalecer al mismo.
Efectivamente las consecuencias lógicas y visibles del programa serán que por un lado a través de la reorganización de la deuda se estará brindando inequívocas señales hacia la inversión privada, y por otro la disponibilidad creciente de fondos en manos de los estados provinciales – esto dado que dichos fondos antes debían utilizarse para pagar deuda- en el caso de provincias con mayor desarrollo y poder recaudador, y el punto final al ahogo presupuestario que sufrían las provincias menos desarrolladas y con mas dificultades para saldar sus deudas.
Ambas consecuencias representan una medida de gran magnitud económica que sujeta a las políticas de los estados provinciales, tiene la potencialidad de generar un mayor desarrollo sustentable por medio de la obra pública y un crecimiento en el mercado interno que se traducirá en mas y mejor trabajo a lo largo y ancho de todo el país.

Compañero Ikal Samoa