Sobre el nuevo acuerdo de precios.

Se conoce desde hace unos días que a partir del 03 de enero, entrará en vigencia un nuevo acuerdo de precios que incluirá 200 productos de primera necesidad a ser develados en esa misma fecha.

Firmado la semana pasada entre el Gobierno Nacional y las principales cadenas de supermercados, y refrendado también en las últimas horas por los supermercados chinos, el acuerdo pretende extenderse hasta diciembre de 2014.

La intención del Gobierno Nacional en efecto, es que se cumpla a rajatabla a fin de combatir la inflación generada por toda la cadena de valor, y para ello, no sólo viene trabajando con los precios de los productos que fijan los supermercados y están en las góndolas, sino también, con la cadena de distribución y las empresas que los desarrollan que vale recordar, suelen ostentar monopolios u oligopolios en la producción de bienes de consumo.

De esta manera, el trabajo de gestión apunta al sostenimiento de los precios para muchos productos e inclusive, a la disminución en algunos que han sido aumentados deliberada e injustificadamente por empresarios y supermercadistas.

Es justamente clave, para que el acuerdo se cumpla, el hecho de apuntar al problema de forma amplia y trabajar con cada eslabón de la cadena de valor. 

Sin embargo, el problema de fondo seguirá persistiendo en la medida en que continúe la denominada cartelización de la economía – en cada rama de la producción nos encontramos con una o dos marcas que concentran más del 90% del mercado lo cual les permite fijar precios a gusto-, y por ello, el desafío a futuro es poder generar políticas que apunten a la desconcentración y el surgimiento de más competidores por rama económica, ya sean producidas desde el sector privado o desde el Estado.

A 12 años del 20 de diciembre de 2001.

Se cumplen 12 años del día en que el país voló por los aires, producto de un modelo económico; social; y cultural, excluyente y hambreador: El modelo neoliberal, impuesto en 1976 por medio del terrorismo de Estado y consolidado en las dos décadas siguientes, llevó a la mitad de la población a la pobreza y a un tercio a la indigencia, y destruyó la industria nacional y el mercado interno, al tiempo que producía la mayor transferencia de recursos de la que se tenga memoria, desde la sociedad al Poder Económico nacional e internacional.

El colapso económico que dio cuenta del fin de la sostenida ficción del uno a uno, derivó en aquellas jornadas del 19 y el 20 donde el país vivió horas de saqueos; protestas; y una brutal represión que nos dejó 33 muertos.

Pero este colapso, no sólo puso en evidencia la inviabilidad del país en lo económico y las consecuencias más dolorosas de ello, palpables en la destrucción del tejido social, sino también lo que el neoliberalismo nos estaba legando en términos de problemáticas estructurales.

Problemáticas que aún ahora, tras 12 años y con 10 de un modelo económico de crecimiento con inclusión y desarrollo, siguen haciendo a las dificultades del país.

Pese a ello, y habiendo logrado superar la etapa que bien describió Néstor Kirchner como “la salida del infierno”, Argentina es hoy un país con una economía pujante que aún con dificultades, tiene un crecimiento sostenido en el trabajo; la producción; el salario; y el mercado interno.

Es todo esto, lo que nos sitúa en una etapa cualitativamente diferente, en la cual se observa una recomposición del tejido social impensada cuando el país estaba cerca de la desintegración.

Y es todo esto, lo que hoy nos invita a reflexionar sobre aquellos días de hambre y muerte, y a recordar que el estallido social y el colapso político- económico, fueron el producto de un modelo económico sostenido desde lo institucional, pero diagramado por el Poder Económico, y sus consecuencias, todavía las seguimos pagando como sociedad.

El pliego de Milani.

39 votos a favor y 30 en contra, fueron los números con los que el Senado aprobó el pliego del ascenso a teniente general del jefe del Ejército, Cesar Milani.

Una votación más ajustada de lo habitual en un tema que ha generado controversia, incluso hacia dentro del kirchnerismo, por las denuncias que realizan algunos organismos de DDHH y el CELS, sobre la supuesta participación de Milani en el terrorismo de Estado, pero también por las declaraciones que este ha tenido respecto de su compromiso con el Proyecto Nacional.

Al margen de su no reconocimiento público en la participación de ningún operativo durante la última dictadura cívico- militar, es tan cierto que las denuncias existen como que no existe imputación alguna en ninguna de las causas que continúan avanzando en pos de la memoria, la verdad y la justicia.

Es precisamente esto último, el argumento mas potente que han utilizado los senadores que han aprobado el pliego ayer, pero no es el único, pues también han hecho foco en la campaña opositora hipócrita en contra de Milani, no por su supuesto pasado, sino por su compromiso público con este proyecto político.

Haciendo a un lado la hipocresía de toda la oposición, es claro que desde la legalidad, que tiene como uno de sus pilares la presunción de inocencia, no hay motivos para oponerse al ascenso de Milani, máxime si se conoce, no está imputado en ninguna causa.

Sin embargo, como las definiciones políticas exceden ampliamente la dimensión de la normativa legal, también puede argumentarse, por el peso y legitimidad de quienes realizan el planteo, que resulta un error haber avanzado con el este ascenso. 

La definición de la Presidenta, Cristina Fernández, fue avanzar, y tuvo el respaldo legislativo necesario frente a un tema complejo, dato político no menor, en lo que es ya, el tramo final de su segundo mandato.

Sobre los cortes de luz.

Los cortes de luz en parte de la CABA y algunos lugares del conurbano bonaerense, han puesto de manifiesto algo que se preveía, pero para lo cual no hubo reacción: El sistema eléctrico del AMBA no soporta periodos prolongados con temperaturas superiores a los 32°.

Si bien el fenómeno no es exclusivo del Área Metropolitana porque vienen registrándose apagones en otras ciudades medianas del país, e inclusive tampoco es propio de nuestro país – en lo que va del año Brasil tuvo tres apagones totales y Estados Unidos uno, que duro 17 horas-, es la visualización que da el hecho ocurrido en estos días aquí, lo que lleva a reflexionar sobre sus causas.

Dejando de lado la polémica comunicacional sobre la falacia de la “crisis energética”, aprovechada por quienes siempre están esperando que las diez plagas de Egipto caigan en Argentina, lo cierto es que los cortes han coincidido con dos récords históricos de consumo eléctrico – el del lunes lo fue hasta que ayer se superó-, y que ello inevitablemente tiene sus razones en el crecimiento de la producción que hace a que más empresas se hayan desarrollado en los últimos diez años, y a que el consumo de hogares haya aumentado.

En ambos casos, aún cuando no es comparable el consumo de empresas y hogares, la resultante es igual, hacen a un récord histórico que a su vez, derriba el mito de la supuesta limitación energética del país.

Dicho esto, el problema no radica entonces en la generación de energía, potestad que viene ejerciendo con tino el Estado Nacional – Las puestas en funcionamiento de Yacyretá y Atucha II son muestra de ello-, ni tampoco en la conectividad – el kirchnerismo nos legará la conformación en la práctica del sistema eléctrico nacional con una red que llega a todo el país-, sino en la distribución.

Los cortes, en la CABA y el GBA pero también en algunas zonas del interior, son producto de problemas de distribución porque la red existente no soporta el consumo requerido ante las altas temperaturas.

En criollo, el cableado y los transformadores no soportan la carga y colapsan porque su capacidad de conducción de energía es limitada.

Las causas son conocidas, las empresas privadas encargadas de garantizar la distribución de la electricidad desde la reforma del Estado, nunca invirtieron un peso en modernizar la red.

A pesar de ganar fortunas con la convertibilidad en los ´90, y aún cuando continúan obteniendo ganancias porque debe aclararse que el subsidio del Estado Nacional en el AMBA es al consumo – entiéndase el Estado le paga a cada consumidor parte de su factura-, no han realizado las inversiones necesarias para que la red eléctrica soporte el volumen de energía requerido en días como el de ayer.

Si a ello le agregamos el abuso de energía que realizan sectores medios y altos de la sociedad que en parte tiene relación con su bajo costo del servicio de los subsidios, es inevitable que empiecen a colapsar distintos sectores de la red. 

Dicho esto, el Gobierno Nacional debe tomar nota y accionar, en pos que las empresas den respuesta haciendo la renovación necesaria en lo que a distribución refiere, y también, para que asuman los costos legales por faltas que bien pueden cuadrar dentro de la figura de incumplimiento de contrato.

Fogoneros del diciembre argentino.

Tras la extorsión y sedición de las policías provinciales en gran parte del país, que nos dejo 10 muertos y miles de negocios devastados, ciertos grupos continúan operando a fin de generar miedo y caos en la sociedad.

Es el caso de los Moyano, que vienen amenazando con un paro nacional de camioneros para el 20 de diciembre con la excusa del bono de fin de año – sí, el gremio cuyos trabajadores cobran en promedio 20 mil pesos advierte sobre una medida de fuerza justo en esa fecha tan significativa-, pero también es el de la CTA del tándem Micheli- De Genaro y de los partidos de izquierda con sus múltiples sellos lavados.

Los unos y los otros, sueñan con un cierre de 2013 trágico para el país; apuestan a generar un escenario de crisis que incluya batallas campales y represión.

En este sentido, sus jefes vienen comunicando profecías apocalípticas al tiempo que organizan movimientos desestabilizadores que permitan al menos, sostener la convulsión que generaron las extorsiones y saqueos propiciados por las policías la semana pasada.

Pero a diferencia de otros momentos históricos, Argentina no está sumida en una crisis social y económica que pueda servirles de trampolín.

A pesar de todo lo existente en el debe y considerando la difícil situación económica mundial que a diario muestra su costado más dramático en la continuidad de la decadencia europea, nuestro país tiene hoy una economía pujante con trabajo; inversión; producción; y desarrollo del mercado interno.

Las cuentas nacionales están lejos de situaciones catastróficas y se ha reestructurado la deuda externa, al tiempo que se sigue avanzando, con políticas concretas, en el camino del saldo de la deuda interna.

He aquí entonces, un gran obstáculo de quienes pretenden un cierre de año con un país sumido en una crisis político- económica, al cual se suma otro cualitativamente superior: El deseo de la enorme mayoría de la sociedad de atravesar estas semanas en paz. 

De todas formas, más allá de esto último, es conveniente prestar atención, con mesura, al desarrollo de los acontecimientos, y poner en evidencia quienes están apostando a la desestabilización.

Ganó Bachelet.

Con el 99 % de las meas escrutadas, Michelle Bachelet ganó la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, y estará al mando del Ejecutivo del país trasandino desde marzo próximo.

62,15 % de los votos, obtuvo la candidata del Pacto Nueva Mayoría, mientras que su contrincante, la pinochetista Evelyn Matthei, tan sólo alcanzó el 37,84 % de los sufragios.

De esta manera y como era previsible, Bachelet vuelve a ser electa presidenta del hermano país, en una elección en la que una vez más, el dato saliente ha sido la bajísima participación ciudadana: Sólo voto el 42 % del padrón.

Aún cuando desde estos comicios, la participación es optativa en Chile, los números dejan en claro que la legitimidad con la que asume el nuevo gobierno es endeble, pese al porcentaje de sufragios logrado.

No resulta difícil interpretar que el desanimo social hace a la ilegitimidad creciente en el sistema institucional chileno, y que ello tiene sus raíces en un modelo de país que estructuralmente no ha cambiado en los últimos 30 años.

Entonces, se le impone a Bachelet y sus aliados, el poder interpretar las demandas sociales y canalizarlas, aunque no le será sencillo, dado que no contará con la mayoría absoluta en el parlamento.

En este aspecto, radica ya el primer gran desafío para el Pacto Nueva Mayoría, que basó su campaña en el reconocimiento de necesarias reformas estructurales entre la que se destaca una reforma constitucional. 

A partir del 11 de marzo, se observará en que medida, el nuevo oficialismo, logra llevar adelante estas propuestas de campaña.

Electrificación del Roca y Metrobus en La Matanza.

El Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó hoy en declaraciones radiales, que en el día de la fecha se estará firmando un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la electrificación total del FFCC Roca.

Desde Washington, Randazzo explicó que el acuerdo es por un crédito de 500 millones de dólares a destinar a las obras requeridas para concluir la electrificación de la línea Roca, y para mejorar “estaciones, los paso bajo nivel y señalamiento”, y recordó que este reacondicionamiento, “es un viejo proyecto que tiene más de 30 años de prometido y nunca se concretó”.

A su vez, el Ministro destacó que se están aguardando provenientes de China, las formaciones que complementan una renovación total de la línea.

“Para el Roca hemos adquirido 300 coches nuevos, de los cuales 200 van a ser destinados para los tramos que están ya electrificados”, expuso, y agregó que “estos coches están ingresando en septiembre del próximo año y se van a terminar de integrar en marzo de 2015”.

Este acuerdo, se suma al que se conoció ayer con el Banco Mundial, por un crédito de 90 millones de dólares, que se destinará a la construcción del Metrobus más grande del país en el Municipio de La Matanza.

Sobre el mismo, Randazzo indicó que “se trata de una obra que tiene un recorrido de 26 kilómetros, que irá desde el límite con la Capital Federal hasta la localidad de Marcos Paz, atravesando de manera troncal el partido de La Matanza” y que “se invertirán 90 millones de dólares que serán destinados a la construcción de carriles exclusivos y obras de infraestructura vial; nuevas paradas con refugios; semaforización inteligente; adquisición de colectivos de gran capacidad; y construcción de pasos bajo nivel”

“Para que dimensionemos la cantidad de gente a la que beneficiará esta obra, recordemos que durante 2013 los colectivos que circulan por la avenida transportaron más de 125 millones de pasajeros”, añadió y señaló que “este es un pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien nos instruyó para trabajar con la prioridad puesta en mejorar la calidad de vida de los pasajeros que diariamente circulan en el área metropolitana de Buenos Aires”.

Es evidentemente fructífera, la estadía de Randazzo en Washington, porque ha logrado el financiamiento para dos obras de infraestructura que se van a traducir en un cambio sustancial en el transporte interurbano. 

Un cambio en beneficio de millones de personas, que deja en claro la decisión política traducida en hechos concretos a fin de poner en valor el sistema de transporte.

Saldo de las extorsiones y sediciones policiales.

El reciente ofrecimiento salarial del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, estaría dando fin al último episodio extorsivo de una policía provincial, en lo que significa, sin medias tintas, una dolorosa derrota del poder político en gran parte del país.

Esto es, sin dudas, el primer saldo a mencionar sobre los episodios acontecidos en los que los miembros de las fuerzas de seguridad, ejecutaron un plan sedicioso casi a la perfección, logrando el clima desestabilizador y las remuneraciones pretendidas.

Sobre el tapete quedaron expuestos: La connivencia y participación policial en robos y saqueos; su degradación estructural; y su capacidad de extorsión multiplicada, y junto a ello, la ausencia de un Poder Judicial que nunca está cuando las papas queman; la evidencia de las desigualdades en sociedades quebradas a nivel cultural; y la incapacidad de un poder político que no supo prever lo que venía y tampoco pudo dar una respuesta desde la autoridad.

El triunfo de la extorsión policial implica entonces, una claudicación en quienes abrieron la puerta a la negociación, y una debilidad en quienes se vieron obligados a hacer concesiones.

En cualquiera de los dos casos, ello se traduce en una pérdida del poder público y una degradación de la percepción del Estado, algo que siempre buscan los que viven fogoneando operaciones desestabilizadoras.

Y en cualquiera de los dos casos, urge avanzar en pos de recomponer el poder político y el rol del Estado, necesariamente con reformas integrales en las fuerzas de seguridad a fin de desarticular sus redes ilegales y sus niveles de autogobierno.

Allí está la clave de la recomposición, y la garantía del transitar un arduo camino hacia el saneamiento. 

Se impone que a nivel provincial, se tenga la misma voluntad política que a nivel nacional, para avanzar en este proceso.