Viendo las chances que Mauricio Macri tiene de llegar al
Ejecutivo nacional, Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, decidió, esta semana, empezar a emitir fallos que buscan vaciar
de poder al Gobierno Nacional, al tiempo que juegan su papel de cara a la
opinión pública.
La escalada inició hace dos días, cuando la CSJN, habilitó
el pedido opositor por inmiscuirse en una empresa con carácter de Sociedad
Anónima barriendo con toda la legislación vigente.
La referencia es al fallo en el cual se obliga a YPF SA a
dar a conocer el acuerdo con la firma norteamericana Chevron, que no es ni más
ni menos que hacer público un contrato entre privados – recuérdese que YPF no
es una empresa del Estado Nacional-.
Una maniobra que, a menos de dos semanas del ballotage, no
sólo pone de manifiesto que la Corte aspira a colaborar con la campaña del
candidato de la Alianza opositora, sino que también, y lo que es más grave, puede
tener gravísimas consecuencias respecto a la capacidad de la petrolera local
por conseguir socios para ampliar sus exploraciones y explotaciones de crudo y
gas.
No es gratuito lesionar la posibilidad de la empresa para
mantener reservas en acuerdos con otras empresas, y bien sirve como inicio de
un camino de estancamiento que habilite lo que ya expreso el principal asesor
en energía de Macri, el ex CEO de Shell cesanteado en su puesto tras ser partícipe
necesario en el último intento de corrida cambiaria que fogonera junto con
algunos bancos en el país, Juan José Aranguren; quién desde el principio puso
en duda el plan de acción actual de YPF y habilitó la posibilidad de volver a
privatizarla – Esto último, el propio Macri ha salido a intentar ocultarlo
sacando de escena al susodicho, como viene haciendo con cada asesor posible
miembro de su gabinete que dice más de lo conveniente sobre el plan de gobierno
que pretende llevar delante de ganar el 22 del corriente-.
Dicho esto, se acaba de conocer la continuidad en la
escalada de los cortesanos con otro fallo emitido hoy – raro que la corte emita
fallos en días distintos de una misma semana, pues no ocurre habitualmente-, en
el cual se avala la medida cautelar por la cual el grupo Clarín no se adecúa a
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Esto, traducido, significa que el grupo Clarín está
habilitado a no cumplir la ley a diferencia del resto de los medios y
multimedios existentes, y porque no decirlo, a diferencia del resto de los
mortales que habitamos el país; algo que a su vez, choca de lleno con un fallo
previo de esta misma corte, que declaró otrora, constitucional la Ley SCA.
Resulta evidente que Lorenzetti está dispuesto a cualquier
cosa, inclusive a generar desaguisados legales que serán difíciles de reparar,
en pos de lograr el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos; algo que
permitiría a las corporaciones – al círculo rojo, como las llama Mauricio
Macri-, retomar el control, poniendo un gerente propio al frente del gobierno después
de 12 años.
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