Cristina presentó el proyecto de Ley del Código Procesal Penal de la Nación.

Ayer por la noche, en cadena nacional, la Presidenta, Cristina Fernández, anunció el envío al Poder Legislativo para su tratamiento, del proyecto de Ley del Código Procesal Penal de la Nación.

“Es algo que pedían todos los juristas y lo pedía también la sociedad; la propia realidad”, señaló la Presidenta en el inicio de su alocución antes de destacar que “va a ser un instrumento fundamental para combatir el delito” porque es más “ágil, rápido y moderno” que el vigente; “lento y gravoso”.

“La sociedad se siente desprotegida, que no hay tutela sobre sus intereses”, analizó.

Seguido a ello, la Jefa de Estado explicó que se agilizarán los procesos al poner plazos al periodo de instrucción y el tiempo entre su finalización y el inicio del juicio: El primero “será de un año mientras que el del juicio no podrá exceder el plazo de entre 5 y 30 días desde concluida la instrucción”.

A ello, cabe sumar que las apelaciones deberán resolverse dentro de los cinco días de presentadas, que “todas las decisiones serán orales” y que los fiscales y jueces que no cumplan con los plazos, “serán sancionados”.

Por otra parte, la mandataria indicó que el nuevo instrumento, prevé “una comisión bicameral que se creará ad hoc, y que integrarán representantes de todos los partidos políticos” para su monitoreo: “Queremos una participación alta, de todos los sectores, para que sea un código que le sirva a toda la sociedad”, expresó en referencia a esto.

A su vez, advirtió que el nuevo código instaurará “el sistema acusatorio para reemplazar al actual sistema mixto” en pos de propiciar mayores garantías; celeridad; y oralidad en los procesos – este sistema prevé la existencia de dos etapas separadas: La primera en la que un fiscal investiga mientras un juez de garantías vele por el correcto desempeño y la segunda en la que se desarrolla el juicio oral, lo cual supone mayor imparcialidad en el proceso-, y también, un enfoque en la resolución de conflictos y las necesidades de la víctima: Permite la introducción “de las víctimas como participantes junto al fiscal y al juez, produciendo medidas, y proponiendo la dirección del proceso cuando los magistrados no lo hagan”.

Concluyendo, Cristina puntualizó que se buscará saldar lo que se suele denominar como “puerta giratoria” ya que “la reincidencia será motivo para dictar la prisión preventiva”, que los detenidos en caso de delitos graves “estarán presos desde el primer día de investigación y condenados dentro de los diez meses”, y que se dispondrá la expulsión de extranjeros “si son sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos”.

El nuevo Código, de aprobarse, permitirá, en los casos futuros, no sólo agilizar causas sino también contemplar las necesidades de la víctima; algo que resulta cualitativamente diferente al actual, tanto en su concepción como en su puesta en práctica.

Obviamente, lejos estará de ser una solución mágica a la denominada inseguridad, por la compleja raíz causal de esta, pero si pretende dar respuesta a una serie de reclamos sociales que hacen al funcionamiento del Poder Judicial.