Cristina presentó el proyecto de Ley del Código Procesal Penal de la Nación.

Ayer por la noche, en cadena nacional, la Presidenta, Cristina Fernández, anunció el envío al Poder Legislativo para su tratamiento, del proyecto de Ley del Código Procesal Penal de la Nación.

“Es algo que pedían todos los juristas y lo pedía también la sociedad; la propia realidad”, señaló la Presidenta en el inicio de su alocución antes de destacar que “va a ser un instrumento fundamental para combatir el delito” porque es más “ágil, rápido y moderno” que el vigente; “lento y gravoso”.

“La sociedad se siente desprotegida, que no hay tutela sobre sus intereses”, analizó.

Seguido a ello, la Jefa de Estado explicó que se agilizarán los procesos al poner plazos al periodo de instrucción y el tiempo entre su finalización y el inicio del juicio: El primero “será de un año mientras que el del juicio no podrá exceder el plazo de entre 5 y 30 días desde concluida la instrucción”.

A ello, cabe sumar que las apelaciones deberán resolverse dentro de los cinco días de presentadas, que “todas las decisiones serán orales” y que los fiscales y jueces que no cumplan con los plazos, “serán sancionados”.

Por otra parte, la mandataria indicó que el nuevo instrumento, prevé “una comisión bicameral que se creará ad hoc, y que integrarán representantes de todos los partidos políticos” para su monitoreo: “Queremos una participación alta, de todos los sectores, para que sea un código que le sirva a toda la sociedad”, expresó en referencia a esto.

A su vez, advirtió que el nuevo código instaurará “el sistema acusatorio para reemplazar al actual sistema mixto” en pos de propiciar mayores garantías; celeridad; y oralidad en los procesos – este sistema prevé la existencia de dos etapas separadas: La primera en la que un fiscal investiga mientras un juez de garantías vele por el correcto desempeño y la segunda en la que se desarrolla el juicio oral, lo cual supone mayor imparcialidad en el proceso-, y también, un enfoque en la resolución de conflictos y las necesidades de la víctima: Permite la introducción “de las víctimas como participantes junto al fiscal y al juez, produciendo medidas, y proponiendo la dirección del proceso cuando los magistrados no lo hagan”.

Concluyendo, Cristina puntualizó que se buscará saldar lo que se suele denominar como “puerta giratoria” ya que “la reincidencia será motivo para dictar la prisión preventiva”, que los detenidos en caso de delitos graves “estarán presos desde el primer día de investigación y condenados dentro de los diez meses”, y que se dispondrá la expulsión de extranjeros “si son sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos”.

El nuevo Código, de aprobarse, permitirá, en los casos futuros, no sólo agilizar causas sino también contemplar las necesidades de la víctima; algo que resulta cualitativamente diferente al actual, tanto en su concepción como en su puesta en práctica.

Obviamente, lejos estará de ser una solución mágica a la denominada inseguridad, por la compleja raíz causal de esta, pero si pretende dar respuesta a una serie de reclamos sociales que hacen al funcionamiento del Poder Judicial.

La otra inseguridad.

Leemos en Minutouno.com que en el día de la fecha, la AFIPpublicó el listado completo de empresas que han sido denunciadas porfacturación apócrifa.

Se trata de empresas que falsearon datos y evadieron más de 1200 millones de pesos, y por las cuales ya existen más de 750 causas judiciales.

Desde luego, este tipo de información no suele cubrirse con la lógica del show y la inmediatez que se cubren los casos de la denominada inseguridad.

En el mismo sentido, tampoco se habla de ello cuando se pretende abordar esta problemática; de hecho, nunca se lo presenta como parte.

Sin embargo, cuando hablamos de la evasión multimillonaria, estamos hablando de robos inigualables, contra el Estado; es decir contra el patrimonio de todos los argentinos.

Entonces, resulta obvio pensar que este tipo de accionar delictivo no es distinto de otros por lo que le cabría el mismo rótulo; algo que no sucede porque el foco no está puesto en la acción sino en la victima y el victimario – Estado y empresas privadas-.

Ahí reside la diferencia cualitativa que choca de lleno con la visión subjetiva titulada inseguridad, que no por su subjetividad, deja de presentarse como una problemática diaria que se ve profundizada cuando ocurren este tipo de hechos de la otra inseguridad.

Profundizada porque con esta otra, se atenta contra el Estado y se lo desfinancia.

Nuevo paro de subtes.

Hoy entre las 05.00 y las 07.00 horas, hubo un paro en las seis líneas del subterráneo y el Premetro, por definición de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

La medida de fuerza, que logró paralizar totalmente los subtes, estuvo fundamentada en el reclamo de los trabajadores por mayor seguridad respecto de las boleterías.

Los también denominados metrodelegados, vienen denunciando que el gobierno porteño por medio del SBASE, y la concesionaria Metrovías, están quitando el personal de seguridad que custodiaba la zona de boleterías, y como contrapartida, en una medida de impacto visual, colocan efectivos de la Policía Metropolitana en los andenes.

Al margen de sus históricos cuestionamientos respecto a la delegación en una empresa privada para custodiar un espacio público como lo son las estaciones de subte, los trabajadores nucleados en AGTSyP están reclamando, en lo que seguridad refiere, que la presencia de efectivos también este en los alrededores de las boleterías; lugar de mayor vulnerabilidad tanto para ellos como para los usuarios – de manual pero cabe decirlo: Para ellos porque es el lugar de la recaudación, y para los usuarios porque es el lugar en donde sacan efectivo para comprar pasajes/ cargar la tarjeta-.

La protesta, continuó hoy entrada la mañana, con el cierre de boleterías y la apertura de molinetes, y conociendo el historial de este gremio, cabe esperar que se profundice de no ser escuchada.

Más allá de la legitimidad construida por AGTSyP hacia los trabajadores del subte, legitimidad que abarca la lucha; los logros en cuanto a mejoras; y la veracidad de las denuncias y los reclamos, sería deseable que la intendencia de la CABA se haga cargo de este conflicto – parece poco inteligente dejarlo crecer, a sabiendas de la sensibilidad social que causa, sobre todo en los sectores medios que son la base del voto macrista-.

Reedición del debate sobre la colimba.

Arranco ayer, el senador bonaerense Mario Ishii, y tomó la posta hoy, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, en la intentona por revitalizar el caduco servicio militar obligatorio – probablemente, lo único positivo que nos legó el menemismo-.

Lo cierto, es que como estas declaraciones estrafalarias por su contenido ambiciosamente mágico respecto a lo que el ítem inseguridad refiere, son siempre tomadas por todos los multimedios, la reinstalación del debate falaz sobre la colimba tiene su reedición, de esas que aparecen cuando la inseguridad está al tope de las publicaciones masificadas por repetición.

Ahora, pensar que el camino para los jóvenes que aún no tienen oportunidades en el país es el de encerrarlos en cuarteles, más allá del supuesto mentiroso clasista – sí sos joven y pobre, sos chorro- , es, cuanto menos ridículo.

Ridículo porque no tiene ninguna relación con la problemática social – si la problemática a abordar es la de garantizar oportunidades para que los jóvenes se formen y accedan al mundo laboral, en todo caso la clave está en fortalecer líneas políticas que tienen bajadas en programas como el PROG.RES.AR  que apunta a respaldar a los estudiantes de entre 18 y 24 años-, pero también porque en última instancia no hace más que fomentar la instalada estigmatización, es decir fortalece esa visión según la cual ser pobre ameríta ser tratado de forma distinta, lo que trae entre sus consecuencias una mayor fragmentación social.

Lo que se dice, un disparate.

Randazzo sobre la inseguridad.

“Hay que preocuparse y ocuparse, y el Gobierno Nacional se está ocupando”, fueron las palabras del Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en declaraciones radiales hoy por la mañana, al referirse al publicitadísimo tema de la inseguridad.

Sin caer en declaraciones para quedar bien con ese sentido común según el cual Argentina es el Far West, pero considerando la necesidad de responder sobre el tema de moda, Randazzo sentenció que “la inseguridad no se afronta con discursos vacíos, ni con marketing político, hay propuestas que muchas veces son sólo lo que la gente quiere escuchar”, y destacó aspectos clave para lograr que baje la cantidad de hechos ligados a esta problemática.

Entre ellos mencionó: “Las políticas de inclusión; las fuerzas de seguridad que hay que represtigiar; el funcionamiento de la justicia y un servicio penitenciario que resocialice a quienes han cometido un delito”.

Sin eufemismos y sin vender humo, el Ministro dio precisiones que van a contramano de la lógica según la cual la seguridad se garantiza con las calles inundadas de uniformados sin importar la degradación actual de las policías o con el boom del panóptico faulcaultiano – el slogan “Cámaras para todos” le sienta de maravilla-.

Hizo foco en problemas de fondo que van, desde continuar generando más políticas de inclusión, hasta avanzar en una deuda histórica del país: La necesidad de repensar y reorganizar el servicio penitenciario a fin que cumplimente su rol fundamental; el de la resocialización de los internos.