Las últimas 48 horas han dejado un derrotero político por parte de la conducción de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que amerita reflexiones varias.
Ante todo, urge poner blanco sobre negro en lo que al conflicto del sector devenido en ataque al Gobierno Nacional y Popular refiere, y recordar que el inicio de medidas de fuerza paulatinas por parte del gremio que conducen los Moyano – padre e hijo-, fue con argumentos ligados a la paritaria abierta en el sector.
Tanto el paro de la rama de transporte de caudales de la semana pasada, como el actual del transporte de combustibles, se realizaban como medidas de protesta por no llegar a un acuerdo en las paritarias del sector, esto afirmado desde el comienzo por la conducción gremial.
Indudablemente, los reclamos iniciales han mutado o sumado demandas al Gobierno nacional sobre la suba del mínimo no imponible; la eliminación del impuesto a las ganancias; y la cuestión de las asignaciones familiares, las cuales resulta imposible resolver por medio de una paritaria.
Sin poner en tela de juicio estos últimos reclamos, lo que queda claro es que el cambio en las demandas viene acompañado de correr de la escena del conflicto a la patronal, de la que en muchos casos los referentes del gremio son partícipes, para colocar al gobierno.
El no acatamiento de la conciliación obligatoria también va en este sentido dado que se sabe, cuando esta medida es dictada por el Ministerio de Trabajo, se obliga a ambas partes a sentarse en la mesa de negociación, algo que beneficia a los trabajadores; pues siempre la parte reticente a hablar de las paritarias es la patronal.
El no acatamiento, implica en la práctica sostener una medida de fuerza por fuera de la legalidad, algo que también conocen a la perfección Hugo y Pablo Moyano.
Entonces, lo que se deja en claro con él, es que se pone al gobierno en la situación de recurrir a las vía judicial para que se cumpla la normativa vigente, y que la medida de fuerza y todo lo que la rodea y acompaña, ha dejado de ser una acción ligada al reclamo por paritarias para transformarse en un mecanismo de ataque hacia el gobierno y hacia el Proyecto Nacional.
Las condiciones en que se toma o se deja de tomar una medida de fuerza y se decide acatar o no una conciliación obligatoria, son lógicamente, la clave para entender los fines últimos del accionar.
En este caso, Camioneros define pasar a la ilegalidad a sabiendas de cómo la rama que para es clave en todo el país sobretodo en invierno, y cómo su demostración de fuerza cosechará apoyos de todo payaso de turno que busca destruir este proyecto.
También decide su avance tan irracional e inconsistente en argumentos que necesita trocar reclamos para poder ajustar la explicación a conveniencia, en el marco de una puja por la conducción de una CGT que parece inevitablemente destinada a la fractura.
Es tan evidente que esta situación buscada por Pablo y Hugo Moyano pretende sumir al país en un clima político enrarecido, como que sus objetivos no están ligados a reivindicaciones gremiales sino a la pretensión de disputarle la conducción del Movimiento Nacional y Popular a la Compañera Cristina Fernández de Kirchner.
De igual manera, es evidente que la fuerte disputa interna en la CGT, es fruto de la creciente perdida de legitimidad del líder de Camioneros.