Que el Nismangate está dejando mucha tela para cortar,
parece una obviedad.
Sin embargo, bien vale detenerse en algo a lo que se hacía
referencia en el post de ayer: La respuesta política que el Gobierno plantea
ante las evidencias de un rol protagónico de ciertos servicios de inteligencia
en el entramado de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentara días
antes de su muerte, y desde luego, ante el devenir de los acontecimientos que
vienen poniendo al descubierto los históricos problemas que acarrea la
autonomía de la ex SIDE.
Desde el Gobierno, indudablemente venían percibiendo
maniobras poco claras desde adentro de la Secretaría de Inteligencia hace
meses, y la primer respuesta a ello; la de diciembre, fue, no sólo cesantear a
varios agentes e inclusive a parte de la cúpula, sino también plantear cambios en
la organización interna con Oscar Parrilli como flamante cabeza visible.
Más allá del diagnóstico, las evidencias y los
acontecimientos de enero muestran la necesidad de un cambio más profundo; de un
cambio de paradigma, que es precisamente lo que se plantea con el proyecto de
ley de la creación de la Agencia Federal de Investigación; una segunda
respuesta política que representa una enorme oportunidad para nuestro país en
términos de avanzar en la desarticulación de un sistema de inteligencia viciado
de irregularidades y con peligrosísimos márgenes de autonomía.
Es entonces, el debate sobre este proyecto de ley, la forma
de abordar el tema desde el terreno de lo político institucional; algo que la
oposición niega desde su accionar, por medio de sus representantes legislativos
que han decidido no participar del debate en Comisión de la Cámara Alta, y
también desde su discurso, abocado a la operación política con la que se
pretende desestabilizar al Gobierno Nacional.
Esto es precisamente, el modus operandi con el que se apunta
a instalar un clima de miedo en la sociedad al tiempo que se evita discutir
política; proyectos, prácticas y gestión.
La oposición con pretensiones electorales se aboca a ser
meros comentaristas cuando no lobistas, del relato de multimedios y
periodistas, todos ellos “independientes”, que buscan de cualquier forma,
sostener la idea de que el fiscal es un muerto que le pertenece a este
gobierno.
Sostenerla como ataque directo, pero también como fórmula
para bajarle el precio a hechos de la gestión de relevancia, como es la
completa renovación de las formaciones del FFCC Mitre por poner un solo ejemplo.
Obviamente, es esperable esta forma de obrar opositora que vivimos
a diario desde hace años, como también lo es que se pretenda amplificar y
extremar en este año electoral en el que no parece fácil que se dé el debate sobre
proyectos de país tan necesario.
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