Una aproximación al debate sobre la minería (Parte II).

En el artículo que publiqué ayer, cerraba diciendo que cualquier debate serio entorno a la minería debía poner en discusión, entre otros, “el modelo privatista imperante bajo el cual las provincias mineras reciben regalías a modo de pago por permitir la extracción y el atesoramiento de los metales que las empresas efectúan”.

Lejos de escaparle a la discusión, podría tranquilamente y muy suelto de cuerpo, afirmar que dicho modelo esta en las antípodas de lo que considero fundamental a nivel estratégico, es decir, que los recursos naturales en su totalidad deben estar bajo el control total del Estado Nacional debido a su carácter irremplazable en la construcción de una economía sustentable en términos sociales.

Ahora bien, en la práctica lejos estamos de está pretensión por al menos tres razones.

La primera de estas es que como es de público y notorio, el modelo vigente asigna a los Estados provinciales y al Nacional el rol de controlador del desarrollo minero el cual es potestad de las empresas concesionarias.

En cuanto a la segunda, se expresa entendiendo la existencia de un andamiaje institucional que ha permitido y fomentado de manera exclusiva, el desarrollo del modelo privatista.

Un andamiaje que se forjo al calor del infierno neoliberal destructor de la industria nacional, y se consolido con la reforma constitucional de 1994 en la cual la Nación cede a las provincias la potestad de explotar recursos naturales como el petrolero o el minero.

Lógicamente, el andamiaje institucional nos lleva indefectiblemente a la imposibilidad que tiene hoy el Estado Nacional para intervenir en el modelo privatista vigente, para lo cual además, se necesitaría una reforma constitucional con previo acuerdo de aquellas provincias en donde se desarrolla la actividad; algo bastante complejo desde el vamos.

La tercera, es puntualmente otra herencia del infierno neoliberal que atravesó el país durante tres décadas: La incapacidad por falta de desarrollo científico e industrial que poseen hoy los estados Nacional y provinciales para poder hacerse cargo de la actividad.

Es un hecho que el proceso de desindustrialización sumado a la devastación del Estado empresario, tienen como resultante dicha incapacidad actual.

Incapacidad en la que se viene trabajando fuertemente desde 2003 para su superación, pero que aún tiene arraigo y da cuenta de limitaciones concretas.

Dicho esto, la discusión sobre la minería en tanto recurso natural estratégico, quizás haya que enfocarla en pensar que rol superador pueden cumplir la Nación y las provincias que se traduzca en beneficios mutuos.

Compañero Ikal Samoa