Tres nuevos jueces para el vetusto Consejo de la Magistratura.

Leemos en el opositor Infobae que ayer, se definieron lostres miembros votados por los jueces  queremplazarán a sus antecesores en el Consejo de la Magistratura.

En cuanto a la votación, se puede decir que según la normativa vigente, para que una lista logre colocar dos representantes, debe obtener el 50% de los votos, algo que al no ocurrir en este caso, decantó en que habrá un representante por cada lista en el órgano.

Más allá de ello, cabe destacar que estos tres miembros, que sumados a los diez restantes – 3 representantes del Senado; 3 por Diputados; 2 por el ala de abogados de la corporación judicial; 1 por el ala académica de la corporación judicial; y 1 por el Poder Ejecutivo-, son los que tienen a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial – recuérdese que el Poder Judicial incumple esto último al administrarse según los designios de la CSJN-, según el Artículo 114 de la Constitución Nacional.

Siendo más específico, el órgano, con rango constitucional, es el encargado de definir las ternas de candidatos a jueces nacionales y federales, y quien controla la actividad de los jueces y la imposición de sanciones llegado el caso de incumplimiento alguno de funciones; mal desempeño; y/o comisión de delitos.

Ahora bien, al momento de analizar la composición del órgano, se advierte que hay tres grupos mínusculos de la sociedad, que en realidad son parte de la denominada Familia Judicial; son uno en gran medida, que ostenta seis representantes – los 3 de los jueces, el académico y los dos por abogados-, lo que se traduce en un 46,35%.

Entonces, cabe señalar que la composición del órgano tiene a ese 46,35% que representa a una elite, y digo elite porque son sólo ellos quienes ven representados sus intereses por ese porcentaje, mientras que el 53,85% restante, corresponde a la representación de los dos poderes del Estado elegidos en el marco de la democracia liberal por el voto popular.

Mientras casi la mitad de los miembros del Consejo de la Magistratura tienen una ilegitimidad propia de quien responde a intereses particulares, la otra mitad y un 3,85% más es la que representa a los poderes que ostentan legitimidad de origen.

Esa conformación anacrónica y profundamente corporativa, es la que se empezó a poner en debate a partir de las leyes para democratizar el Poder Judicial que este último volteó, y tiene, posiblemente, su expresión más acabada en la elección de ayer donde 670 miembros de esa elite iluminada, definieron a tres representantes – el 23,05% del órgano-.

670, fueron los votos que sumaron las tres listas ayer: Será legal, pero carece de legitimidad y racionalidad.

Falló la CSJN: El feudo no se toca.

En tan sólo 48 horas, dando una muestra de la celeridad con la que actúan cuando la causa afecta intereses de su feudo, la CSJN declaró inconstitucional la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. 

En tan sólo 48 horas, desperdició la oportunidad histórica de darle la espalda a la mafia judicial que se pretende erigir como casta intocable, en pos de avanzar en la democratización del único poder del Estado en el cual sus funcionarios no son elegidos por el pueblo. 

En tan sólo 48 horas, seis miembros del máximo tribunal confirmaron su pertenencia inquebrantable a la mafia, y su apoyo a la lógica ilegítima según la cual el Poder Judicial tiene la capacidad de anular toda aquella política que ose rosar sus intereses o los de sus aliados en el co- dominio del país que ostentan, aunque vivan publicitando la negación de ello. 

El fallo al cual el único que no se plegó fue Eugenio Raúl Zaffaroni, ha venido a visibilizar la potestad ilegítima de un poder que se pretende por encima de los otros dos poderes del Estado. 

Es un fallo que pisotea el concepto de república y fortalece el instinto conservacionista de los oscurantistas que administran la justicia según quien sea el beneficiado. 

Es un fallo cuyos argumentos no se condicen con la realidad porque esa pretensión de jueces impolutos y ajenos a la sociedad política no existe, pues todos los jueces tienen su pertenencia y fallan según los intereses que defienden. 

Es un fallo elitista que niega una ampliación de derechos; que niega a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los miembros del consejo que se encarga de seleccionar los jueces, con la excusa de un supuesto saber técnico que sería necesario como si se necesitaran “saberes técnicos” para ejercer la ciudadanía. 

Es un fallo que en definitiva, resulta insostenible por su propia incapacidad de ampararse en la inconstitucionalidad: Es un absurdo plantear que la Constitución niega la participación por medio del voto popular.  

Dicho todo esto, plantear la necesidad de continuar el debate, es plantear la necesidad de avanzar en una reforma constitucional que efectivice el salto cualitativo no sólo en cuanto a la democratización del Poder Judicial, sino también respecto de otros temas – recursos naturales; propiedad comunal; y avances en materia de plurinacionalidad, son algunos ejemplos- negados y subsumidos en la reformada Constitución de 1994.

Sabbatella sobre la maniobra en el Consejo de la Magistratura.

Ayer por la noche en el programa 678 de la TV Pública, el flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, dio cuenta de la “maniobra de sectores de la oposición asociados a intereses concentrados y mediáticos de la Argentina” que se está llevando adelante en el Consejo de la Magistratura a fin de bloquear la designación de jueces, entre ellos, el correspondiente al juzgado en el cual reside la causa que frena la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Es brutal la maniobra que hay para bloquear la designación de los jueces naturales, la Constitución y lo que tiene que suceder. Que se elija un juez naturalmente y dejar esto de los jueces subrogantes, que cambian semana a semana”, manifestó Sabbatella y agregó que la Ley SCA, es una “ley de la democracia que hace tres años fue aprobada por oficialistas y opositores, con gran consenso en el Congreso; una ley que viene a dejar una norma oscura de la última dictadura y comprometida con la pluralidad, la diversidad y con mejorar nuestra democracia al garantizar plenamente la libertad de expresión”.

Seguido a ello se preguntó “¿Por qué alguien se cree que tiene el privilegio de no cumplir la ley? Se trata de una ley que viene a enfrentar tendencias monopólicas, concentraciones mediáticas y posiciones dominantes, y que el Grupo Clarín la quiere presentar como una ley que lesiona la libertad de expresión, cuando es una obviedad que lo que la lesiona es su concentración”, y finalizó expresando que “el mandato de la Presidenta, cuando me convocó, fue muy claro: hacer cumplir la ley sin excepciones, ni privilegios para nadie. Todos los grupos de medios lo tienen que hacer”.

La cercanía del 07 de diciembre ha venido poniendo de manifiesto la preocupación del Grupo Clarín y como consecuencia, sus ataques sostenidos hacia la Ley SCA y todo aquel que tenga un rol de relevancia en pos de su cumplimiento.

De igual forma, es factor a la hora de utilizar todas las influencias corporativas a fin de conseguir maniobras dilatorias para que la ley no se aplique en su totalidad. 

Como bien explicó Sabbatella ayer, la brutal maniobra que se esta llevando adelante en el Consejo de la Magistratura responde pura y exclusivamente a ello, y no debe extrañar que los ataques cada día, sean más intensos; más bajos; e inclusive, más rebuscados.

Otro juez para Clarín.

Tras el alejamiento del ilegalmente impuesto juez subrogante, Raúl Orestes Tettamanti, del juzgado Civil 1, en el cual se tramita la presentación judicial hecha por el multimedios Clarín a fin de no cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la oposición ha salido nuevamente a cubrir las espaldas de este último, perpetrando una nueva maniobra para nombrar otro ex magistrado jubilado con nefasto historial.

Roberto Raúl Torti, es el nuevo subrogante que pretenden imponer desde la Cámara Civil y Comercial, la cual se atribuye una potestad que no le corresponde, al frente del juzgado clave en pos de salvaguardar los privilegios del grupo económico- mediático.

Con un historial que deja muchísimo que desear dada sus participaciones en el poder judicial en amplios periodos dictatoriales y con una llamativa coincidencia digna de destacar respecto de quien quisieran imponer anteriormente – Al igual que Tettamanti es jubilado, razón por la cual goza de la impunidad de no poder ser juzgado si emitiese un fallo que atente contra el pueblo y las leyes vigentes-, el nuevo viejo hombre llamado a blindar al monopolio, es parte de una sencilla táctica dilatoria.

Por un lado se impide el nombramiento de jueces en el Consejo de la Magistratura, órgano que existe a tal efecto, y por otro se busca imponer algún ex juez fiel representante de los intereses clarinistas al frente del juzgado donde reside la causa clave.

Desde luego y al igual que con el impresentable de Tettamanti, el Gobierno Nacional y Popular ya tomó nota de la maniobra espuria, y fue el propio Ministro de Justicia, Julio Alak, quien ha salido a denunciarla.

“Volvieron a impedir que los argentinos tengamos jueces naturales al designar jueces jubilados”, afirmó y agregó que “existe una maniobra política de la oposición para impedir que se tenga un juez de la Constitución” en el Juzgado Civil 1.

Además, recordó: “Torti transitó varios gobiernos militares. Desde el aspecto ideológico hasta su carácter de jubilado hace que sea sospechosa su designación” y “ya falló a favor de Fibertel”.

Indudablemente, este tipo de maniobras bajísimas ponen de manifiesto la proximidad del 07 de diciembre, y como se está avanzando en la democratización de los medios audiovisuales en el país.