El “éxito" de la educación pro.

Hace unos días, el intendente de la CABA, Mauricio Macri, había calificado de “éxito” el flamante sistema pro de inscripción online de estudiantes en las escuelas públicas porteñas.

Un “éxito” que, como se limitó pura y exclusivamente a reconocer Esteban Bullrich, ministro de educación del distrito, ayer, a menos de tres semanas del inicio del ciclo lectivo 2014, cuenta con 12.000 chicos que no tienen su vacante.

De esos 12.000, hay 7.000 con edades de entre 0 y 3 años que ya no la tendrán en el nivel inicial, y sólo 4.000 de los restantes, podrían llegar a tener vacantes en los niveles primario y secundario, según palabras del propio Bullrich.

Un hecho sin precedentes, gravísimo y vergonzoso, que da cuenta del estado de la educación pública en la ciudad con mayores recursos en materia de recaudación, y con el mayor PBI per cápita del país.

Un hecho inaceptable, que viola de manera flagrante la Constitución Nacional y la de la CABA, incumpliendo con el deber del Estado a garantizar la educación pública y gratuita.

Un hecho que efectivamente, el macrismo debe considerar como un “éxito”, dado que desde el inicio de su primer mandato, su política en materia educativa ha sido clara: Desfinanciar la escuela pública y aumentar los subsidios a los colegios privados.

Su apuesta, slogans y frases hechas de lado, siempre fue a ir reduciendo la matrícula en la escuela pública, y a ese fin fue subejecutando las partidas presupuestarias en materia de infraestructura escolar, así como no dando respuesta a la necesidad de construir nuevas escuelas y jardines de infantes, fundamentalmente en la zona sur del distrito. 

Esa es la política educativa municipal y estos sus "éxitos", como cínicamente lo catalogó Macri, y como lo demuestra todo su gobierno al no realizar absolutamente nada para garantizar que esos 12.000 chicos puedan ir a la escuela este año.

Represión, la fórmula pro ante el conflicto en las escuelas secundarias.

El macrismo vuelve a mostrar su vocación por reprimir toda protesta social, esta vez, en el marco del conflicto existente por el intento de cambio de currícula que pretende instaurarse en las escuelas secundarias de la CABA a partir del año próximo.

Haciendo un breve racconto, la intransigencia en perpetrar un cambio curricular sin consulta alguna a docentes y estudiantes porteños, quienes vienen solicitando ser participes del debate, por parte del ministro de educación Esteban Bullrich, ha derivado en diversas medidas de fuerza, las más recientes; la toma de escuelas que ya alcanaza a 32 establecimientos educativos en la ciudad.

Pese a ello y haciendo oídos sordos al legítimo reclamo, el macrismo vuelve a incurrir en la vía represiva y persecutoria hacia quienes defienden la educación pública, tal cómo se desprende de lo contado por la directora del Colegio Mariano Acosta, Raquel Papalardo, quien explicó que desde el ministerio de educación porteño, se distribuyó un protocolo según el cual deben denunciarse las tomas de los establecimientos ante la comisaría correspondiente en cada caso.

En dialogo con Radio Nacional, la académica detalló que en la reunión con directivos realizada por el gobierno municipal y encabezada por Ana María Ravaglia, Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, se recomendó “dar cuenta del hecho a las direcciones de área y concurrir a la comisaría más cercana a efectos de denunciar la situación de toma, los ilícitos que se estarían configurando por usurpación e ingreso o permanencia de personas contra la voluntad del titular”.

A su vez, denunció que el protocolo “no tiene membrete ni está firmado por nadie” lo que da cuenta de una informalidad útil en pos de cubrirse por la nefasta orden impartida, y reveló que de las modificaciones estructurales de la educación en las escuelas porteñas, directivos y docentes se enteraron “hace veinte días, cuando la resolución habla de que todo lo que conlleve a una modificación en los planes de estudios debería bajarse a las escuelas y ser discutidos por los docentes. Para eso teníamos de 2009 a 2012 porque se van a ejecutar en 2013”.

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el modelo de gestión pro no piensa incluir la resolución de conflictos sociales, pues siempre ante cada protesta el mecanismo elegido es alguna forma de represión.

No es la excepción este conflicto, en el cual lejos de escucharse a los estudiantes, la respuesta es avanzar con una reforma curricular que encarece la educación pública.

Macri sin 0800 fascista.

En un acto de legitimidad; legalidad; y cordura, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la CABA, Elena Liberatori, acaba de restringir el uso de la línea gratuita que el Intendente, Mauricio Macri, había habilitado para que se denuncie cualquier tipo de actividad política en las escuelas públicas de la ciudad.

El fallo de Liberatori, limita ese recurso “a la recepción de llamados vinculados a hechos de violencia, discriminación u otras figuras consideradas delito por la justicia penal”, invalidando así la puesta en marcha de una medida que pretendía inhibir la participación política de toda agrupación ajena al pro – fundamentalmente y sobretodo toda aquella que pertenezca al Movimiento nacional y Popular-, en los establecimientos educativos porteños.

Desde luego, es de esperar que el macrismo apele el fallo, pues su interés en cercenar la participación y la libertad de expresión  en el ámbito educativo se viene poniendo de manifiesto desde hace tiempo con medidas persecutorias.

No casualmente, anteayer, los porteños debimos sufrir otro hecho gravísimo cuando el ministro de educación pro, Esteban Bullrich, separo de sus cargos y sumarió a seis docentes, por realizar una representación sobre lo que fue el cierre de cursos que el gobierno de la CABA hiciera a inicios del presente ciclo lectivo.

Es claro, que todas estas medidas que viene tomando la gestión Macri con excusas absurdas, apuntan a aislar la vida escolar del proceso de participación que vivimos en el país, y en consonancia con ello, pretenden convertir a la educación pública en un terreno de adoctrinamiento para las necesidades del mercado.

Se niega la dimensión de la educación como pilar para construir una sociedad más democrática, y se apuesta a resquebrajar el sistema educativo público en pos de beneficiar lo privado, tanto en cuanto a sus escuelas como en cuanto a los contenidos de la currícula.

En este sentido, si bien el fallo de la jueza Liberatori es muy positivo, la apuesta es a dar la discusión política entorno al rol de la escuela pública y su necesidad en la construcción de un país para todos.