Ayer, la Iglesia Católica
Apostólica Romana, esa que mantenemos todos los argentinos, adelantó su
documento navideño a fin de atacar al país; al proceso político histórico; y
fundamentalmente, al Gobierno Nacional y Popular.
Como buena corporación, salió a jugar fuerte en la antesala
del 7D a fin de sentar postura respecto del momento histórico, dejando en claro
su defensa de todas aquellas trincheras en las cuales se viene dando una disputa política.
Así, volvió a embestir sobre temas como el matrimonio
igualitario o el aborto con su visión familiar arcaica – vale la pena recordar
que por prohibiciones propias de la corporación, sus miembros tienen vedado
armar una familia-, y abonó a las mentiras instaladas en algunos sectores
sociales entorno a la división de la sociedad y las supuestas peripecias
sufridas por la libertad de expresión.
Con nula autoridad moral y un completo cinismo, quienes
fueron coautores del genocidio en el país durante la última dictadura hablan de
divisiones sociales atribuyéndolas al proceso político y al Gobierno Nacional y
Popular, cuando a lo largo de su historia han cumplido un rol esencial en el
ocultamiento y sostenimiento de la división inherente a toda sociedad moderna.
La misma nula autoridad les compete si hablamos de libertad
de expresión, pues no hay que buscar en los anales para ver antecedentes de
cómo se manejan en la materia respecto de curas que expresan opiniones
distintas a las oficiales sobre tal o cual tema – recuérdese el caso del cura
Nicolás Alessio, quien fuera expulsado por manifestarse a favor del matrimonio
igualitario-.
Y ni que hablar de su falta de autoridad para colocar motes
como el de “excesivo caudillismo” al criticar el funcionamiento de las
instituciones.
Justo la
Iglesia habla de caudillismos cuando tiene como forma de
organización una monarquía absoluta en El Vaticano, justo su jerarquía,
enquistada y parasitaria de nuestro Estado, pretende darnos lecciones de
institucionalidad.
Parece increíble el grado de cinismo y desfachatez que tiene
esta corporación oscurantista y su actual jefe en el país, José María Arancedo,
quienes continúan viviendo del Estado que paga cifras indignantes a modo de
subsidios a sus miembros que nada aportan laboralmente.
Es indudable, y cada vez que la Iglesia saca uno de sus documentos
ultraconservadores se hace más visible, la necesidad de abrir el debate sobre
los espacios que esta ocupa en la sociedad y los fondos públicos que recibe en
relación a su inexistente aporte.
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