Mañana se cumplen 36 años del golpe cívico militar que dio paso a la instalación de la dictadura genocida que destruyo el país en beneficio de los grupos económicos concentrados.
Dictadura que tuvo en las FFAA a su brazo ejecutor – con colaboraciones de otros sectores en numerosas ocasiones- de miles de asesinatos y desapariciones forzadas de personas, pero que también tuvo un brazo político conformado por varios actores de la sociedad civil, que además de colaborar con el brazo sanguinario – a fin de cuentas aquel trabajaba en pos de éste-, sentó las bases del paradigma neoliberal.
Bases en lo económico con las medidas de apertura indiscriminada que iniciaron el proceso de aniquilamiento de la industria nacional; los beneficios que subsumieron a toda la economía al libertinaje del capital financiero; y la política sistemática de endeudamiento, y bases en lo cultural con todo el aparato propagandista en torno al nacionalismo católico; el desprecio por toda actividad militante y su estrecha relación con lo que bien definió alguna vez el periodista Gabriel Fernández como “La opción por los ricos” apuntalada a posteriori durante los ´90; y el descrédito sistemático a todo lo producido en el país.
La instauración del neoliberalismo en cada trinchera de la sociedad civil en términos de Antonio Gramsci, fue, justamente, su gran triunfo y para el cual necesitaron desaparecer a 30.000 compañeros.
Fue su gran triunfo porque aún hoy, ocho años después del inicio de una nueva etapa decidida a enterrar ese paradigma – etapa que ha permitido la reapertura de todos los juicios y la cárcel común para quienes cometieron delitos de lesa humanidad-, nos atraviesa con la impunidad que muchas veces ostentan las grupos económicos coautoras del genocidio y benefactoras de él.
El plan genocida fue político; social; y económico, como lo señalo Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977 un día antes de que lo desaparecieran, y de igual forma, sus autores intelectuales y materiales fueron tanto militares como civiles.
De 2003 a la fecha, se ha avanzado en el Poder Judicial con el juzgamiento y condena de los socios militares del genocidio, algo que desde luego es fundamental, pero que resulta insuficiente porque los socios civiles – salvo excepciones-, aún gozan de impunidad.
Urge que se los juzgue y se los condene, según sus acciones y responsabilidades, para continuar avanzando con memoria, verdad y justicia.
Compañero Ikal Samoa
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