viernes, 28 de diciembre de 2012

Tres más del Poder Judicial.



En ocasiones, hay jornadas que alcanzan para pintar de cuerpo entero algo.
Ayer fue una de esas, en la que bien se pudo observar lo que es hoy el poder más antidemocrático del Estado, el Judicial.
Un fallo vergonzoso; otro, al menos cuestionable por no decir sospechado; y una decisión de la CSJN que da pena, son el saldo que nos permite avanzar en aquello de entender la lógica con la que se imparte la entelequia denominada “justicia”.
En primer lugar tenemos el sobreseimiento al ex presidente Fernando De la Rua, quien para la Sala I de la Cámara de Casación no tiene culpa alguna en los 5 asesinatos y los 117 lesionados producto de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad nacionales en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Para la cámara, es creíble que el presidente del último gobierno radical “desconocía los supuestos excesos de sus inferiores”, y no es importante considerar las consecuencias de los actos del acusado cuando declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien representa algunas de las victimas de la masacre graficó de manera impecable el fallo y sentencio que “aunque fuera cierto este argumento – el del supuesto desconocimiento que tenía de los hechos que ocurrían-, que la defensa del ex presidente sigue repitiendo y ahora validaron los camaristas, eso no lo exime de su responsabilidad por las consecuencias del estado de sitio que dictó, tenía el deber de estar al tanto, no podía hacerse el desentendido, es como si uno pone la pava en el fuego y se va a dormir la siesta”.
Bien distinta fue la suerte de Felisa Miceli, a quien, a diferencia de De la Rua, el Tribunal Oral Federal II no le creyó en su declaración sobre el dinero hallado en su despacho cuando era Ministra de Economía, y decidió condenarla a 4 años de prisión por los cargos de encubrimiento agravado y sustracción; y ocultamiento de documento público.
Para este tribunales, es claro que las palabras de Miceli no tuvieron ningún peso, aunque lo que no queda tan claro es como cuadran las figuras jurídicas por las cuales la condenan.
Se la condena por encubrimiento agravado y sustracción, sin pruebas de la existencia de una sustracción, y evidentemente pretendiendo que la acusada declare su culpabilidad; pues hablar de encubrimiento ante un hecho que de ser delito, se podría haber considerado como “in fraganti”, es poco serio.
El mismo calificativo le cabe a la condena por ocultamiento de documento público, y ello hace inentendibles a la acusación y la condena, salvo que tener un monto grande de dinero en tu oficina sea delito y yo lo desconozca.
En todo caso, lo que sí queda claro, es que el Poder Judicial, demasiadas veces, aplica criterios disímiles, si haz sido o no un funcionario o un representante ligado a los intereses de las corporaciones.
Y si de no afectar intereses de las corporaciones hablamos, que mejor que enfocarnos en la lamentable doble decisión de la Corte de no hacer lugar al per saltum y reponer la medida cautelar avalando el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, y contradiciendo una resolución propia anterior, en la cual se la daba por caduca el 07 de diciembre pasado.
Tal parece que a los supremos se les apaciguaron los ánimos por terminar con las dilaciones en el diferendo planteado por el multimedios Clarín, y ahora han definido que la cámara se tome su tiempo, el cual puede ser eterno, para resolver la apelación al fallo de primera instancia favorable a la Ley SCA.
Lejos de exigir celeridad, su definición no hace referencia a tiempos concretos, e implica que la causa volverá a dormir en un cajón de la Sala I con la medida cautelar repuesta.
Lo que se puede decir, una definición que si bien reconoce que todos los plazos para adecuarse a la ley estarán vencidos una vez que exista un fallo final, no se sale en nada de la media vergonzosa de los fallos inertes de la corte.
La conclusión, a esta altura obvia, es que el poder más antidemocrático del Estado luce bastante desteñido, o mejor dicho, luce teñido con los colores de las corporaciones que pretenden seguir viviendo a costa del país.
Entonces, vuelve a ser necesario plantear la urgencia en repensar y reestructurar integralmente el Poder Judicial para que deje de estar arrodillado ante el poder económico.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Contundente dictamen de Gils Carbó.



Mientras la CSJN analiza si acepta el pedido de per saltum y finalmente se hace cargo de fallar en la cuestión de fondo respecto a los planteos judiciales del multimedios Clarín sobre la Ley SCA, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presento ante el máximo tribunal su dictamen sobre el diferendo.
Por medio del mismo, Gils Carbó expuso que el máximo tribunal del Poder Judicial, fijó un plazo para evitar que Clarín “pueda eximirse de cumplir con la normativa por todo el tiempo de vigencia de sus licencias al exclusivo amparo de la medida cautelar y sin un pronunciamiento de fondo”, y que la Sala I de la Cámara Civil y Comercial “se arrogó la atribución de revocar la caducidad de la cautelar, no reconociendo lo dispuesto por el primero.
El plazo de vigencia de la medida cautelar venció el 7 de diciembre pasadoafirmó la jefa de fiscales, y agregó que no habiéndose mostrado argumento alguno que de cuenta de un cambio en las circunstancias, “la verosimilitud del derecho dejó de existir con la sentencia de primera instancia” a favor del Gobierno.
La procuradora hizo hincapié en las atribuciones que se tomó la Sala I, advirtiendo que parte de una “lectura errónea” que perjudica el interés público, y dando cuenta de los vicios de origen de la cautelar firmada por María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, ambos jueces recusados por una de las partes y cuyas recusaciones resolvieron ellos mismos.
El hecho de que los mismos jueces – cuya imparcialidad una parte pone en cuestión-, se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio: el juzgador imparcial, al que toda parte en un litigio tiene derecho”, señaló.
El dictamen de Gils Carbó pone en evidencia las irregularidades notorias que vienen configurando la trama de impunidad con la que Clarín sostiene su lugar de privilegio.
Es un dictamen tan contundente como independiente del poder económico, e indudablemente, la CSJN deberá considerarlo a la hora de definir sobre el per saltum y sobre el diferendo de fondo.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Recuperando el patrimonio del Estado.



Hace dos meses, escribía unas líneas haciendo referencia a la propuesta de la Unidad Básica Pueblo Peronista sobre la necesaria recuperación del predio ferial ubicado en Palermo que el menemismo había regalado a la oligarquía encabezada por la Sociedad Rural Argentina.
Como ya se mencionó aquí y es de público y notorio, el día jueves, el Gobierno Nacional y Popular definió dejar sin efecto el decreto por el cual dicho predio había sido vendido al precio vil de 30 millones de pesos a la entidad oligárquica que dicho sea de paso, jamás terminó de abonar, para retomar el control de esos terrenos.
La definición se dio tras un fallo judicial en el cual se dejó al descubierto lo que fuera un doble robo al Estado Nacional orquestado en el marco de la nefasta reforma del Estado que liquidó el patrimonio nacional.
Más allá del fallo, que en definitiva da cuenta del entramado neoliberal consistente en la entrega de todo a las corporaciones, la política de recuperación del patrimonio viene a saldar una cuenta con la propia concepción del Estado.
Viene a consolidar un proceso en el que el Estado recupera poder de acción y herramientas para llevar adelante políticas inclusivas.
La expropiación del predio ferial de Palermo, en este sentido, permite que el Estado Nacional vuelva a tener un espacio para desarrollar diversas actividades en un punto neurálgico de la CABA, e inclusive puede pensarse como destino, aún parcialmente, de viviendas sociales, en un distrito donde la crisis habitacional resulta el problema mayor.
En definitiva, esta recuperación es un acto de soberanía política respecto de las corporaciones y de aquel desfalco estatal neoliberal.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Sobre los robos masivos organizados a supermercados.



Tenía pensado escribir unas líneas sobre la importancia en la declaración de utilidad pública del predio que el menemismo le regalo a la Sociedad Rural Argentina, anunciada ayer por el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y su significado en términos de la recuperación del patrimonio del Estado, pero urge intentar reflexionar sobre los hechos que vienen ocurriendo en algunas localidades del país en las últimas horas.
Como es de publico y notorio, inició ayer a la mañana en Bariloche, y prosiguió por la tarde en Rosario y Campana, una serie de robos masivos organizados a supermercados.
Afirmo robos masivos organizados y no saqueos, porque los saqueos cuentan con una espontaneidad propia cimentada a base de políticas de miseria y hambre que llevan a situaciones angustiantes; desesperantes, bastante alejadas de la realidad actual.
Los saqueos son la cara más visible de un estallido social propio de situaciones de expulsión económica de la sociedad, y desde ya no cuentan con los grados de organización características del entramado político- social clientelar.
No hay que ser un gran observador para darse cuenta que la situación socioeconómica actual dista bastante de momentos en los cuales hubo saqueos en el país - a pesar de la crisis internacional que influyó en cuanto a las dificultades para crecer este año, el desarrollo del mercado interno continúa y eso se ve reflejado en los buenos números en cuanto al consumo-, y que en estos hechos, los elementos sustraídos de los supermercados han sido fundamentalmente electrodomésticos – el que tiene hambre saquea comida, casi una obviedad-.
Por otra parte, que ocurran estos hechos justo un 20 de diciembre y justo tras fracasados intentos opositores por mostrar un poder de movilización que no tienen, es cuanto menos llamativo por no decir sospechoso, fundamentalmente para quienes sabemos que las casualidades no existen en la política.
Más allá de ello, lo que vienen a confirmar estos sucesos es la permanencia de organizaciones de la vieja política con capacidad de acción y con potencialidad para atacar la paz social.
Y si este entramado cuasi mafioso subsiste, tiene que ver con que ciertas estructuras clientelares se mantienen en los estratos sociales más bajos producto de sus relaciones con la delincuencia y el narcotráfico, pero también producto de necesidades que no están satisfechas.
Si las estructuras clientelares subsisten, es porque hay sectores que no están incluidos en la economía formal y el desarrollo que se ha venido realizando del 2003 a la fecha.
Allí es donde hay que atacar esta problemática, profundizando el proyecto con políticas que lleguen a estos sectores y den respuesta a sus necesidades.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Subterráneos porteños.



Y finalmente llegó el día en que el pro como partido gobernante en la CABA, se dignó a negociar la adecuación legal del traspaso de los subterráneos en la legislatura; traspaso que el intendente, Mauricio Macri, había firmado a principios de año y reconocido recién hace dos meses.
Esta madrugada y tras arduas negociaciones, la legislatura porteña aprobó la ley de traspaso con 46 votos favorables y 12 contrarios, luego de un cuarto intermedio de 14 horas que le permitieron al interbloque kirchnerista lograr que la norma exprese de donde se sacarán los fondos para financiar el servicio sin aumentar el cuadro tarifario, y excluyendo la ilegal propuesta macrista de aumentar los combustibles.
De esta manera, el financiamiento del servicio se completará con aumentos en los peajes porteños; las patentes; y el impuesto al sello, y en la norma también se permite el endeudamiento para la realización de obras de infraestructura.
Desde ya, lejos está el traspaso en sus condiciones y su financiamiento, de poner en cuestión ese gran agujero negro que representa el absurdo de tener concesionado un servicio parcialmente, que bien podría reducir sus subsidios externos.
No se cuestiona ni la forma, ni la nefasta concesión actual de Metrovías que recauda millones diarios y poco se ocupa de las funciones que le competen.
Más allá de ello, esta ley según la cual a partir del 01 de enero la ciudad se hará cargo completamente del subte, pone en evidencia el capricho macrista que durante meses pretendió desconocer lo firmado por el propio alcalde, y deja en claro que el capricho sólo respondía a la necesidad de confrontar públicamente con el Gobierno Nacional y Popular.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Los protagonistas de la historia.



Hoy elijo recordar a quienes fueron asesinados por el gobierno radical el 19 y 20 de diciembre de 2001.
A quienes les arrebataron la vida en pleno cataclismo de ese modelo neoliberal cipayo que quebró al país.
A quienes fueron victimas de la represión propia del pensamiento único que reinaba, y a aquellos que sufrieron la sumisión en la pobreza; la indigencia; y el hambre.
Hoy elijo recordar a aquellos que salieron a saquear supermercados porque los sueños y la dignidad les habían sido arrebatados al igual que el pan de cada día.
A quienes estallaron tras años de verse degradados por las políticas económicas del hambre y la destrucción del empleo.
A quienes el Estado mínimo expulso del presente y el futuro.
Hoy elijo recordar a quienes no pudieron sobrevivir los 30 años de neoliberalismo; a aquellos que asesinó el genocidio económico al servicio del mercado.
Todos ellos, los desclasados; los pobres; los desocupados; los laburantes ultra explotados, son los protagonistas de la historia.
Todos ellos son parte de la memoria colectiva que vive en el Pueblo a la hora de pensar el proyecto de país que venimos construyendo desde 2003.
Todos ellos permanecerán siempre como razón para dar los debates políticos que haya que dar en el camino de la Justicia Social.

martes, 18 de diciembre de 2012

Ley SCA: Continúa la batalla judicial.



La batalla judicial para lograr la plena aplicación de la Ley SCA continua, y hoy fue el turno de la esperable aceptación de la apelación por parte del juez Horacio Alfonso.
Así como suena, era obvio que Clarín iba a apelar el fallo sobre la cuestión de fondo que el juez había dictado el día viernes, y de igual forma también lo era que acepte la apelación para que la causa pase a la Cámara Civil y Comercial – la que controla el multimedios-.
Cómo suele ocurrir, la propia dinámica del proceso judicial implica instancias sucesivas para apelación de las partes, y de allí, aquello de reconocer la importancia el fallo de primera instancia, pero no creer que la batalla judicial había concluido, pues aún queda un largo trecho.
Desde luego, Clarín y demás medios opositores han salido a mentir titulando que se mantiene la cautelar, cuando como bien explicó el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, hoy, “el artículo 198 parte final del Código de Procedimiento Civil y Comercial establece que en materia de medidas cautelares, el recurso de apelación se concederá siempre con efecto devolutivo. Ahora bien, la medida cautelar es un incidente dentro de la causa principal. El hecho de que la resolución esté en el mismo cuerpo (me refiero a la medida cautelar dentro de la cuestión de fondo) no significa que quede involucrada en lo que hace al mecanismo procesal de la apelación respecto del fondo de la cuestión. En cuanto al fondo, la apelación normalmente se concede con efecto suspensivo, pero la propia norma procesal prevé que cuando haya una ley especial se concederá con efecto devolutivo. En este caso existe ese principio general del derecho, que establece la presunción de validez de los actos del poder político administrador y del Congreso de la Nación, que es la presunción de legitimidad de las leyes de la Nación. Por lo tanto también aquí la apelación es siempre con efecto devolutivo, aunque el juez no lo aclare. Todos los tratados de Derechos Administrativo y Constitucional así lo establecen.
Barcesat también deja en claro que se mantiene vigente la nulidad de la cautelar dispuesta por Alfonso en su fallo, hasta que el tribunal superior lo revise.
Aclarando este punto, el fondo de la cuestión reside en que es ahora la cámara quien deberá resolver, salvo que se presente desde el Gobierno Nacional el recurso de per saltum y la CSJN lo acepte.
Pudiera ocurrir que aún utilizando el per saltum, los supremos definieran no hacerse cargo, con lo que la causa se vería sometida a las dilaciones propias de los cuestionados procesos judiciales.
Más allá de ello, lo que queda claro es que así como la Ley SCA vio la luz gracias a la movilización popular, difícilmente el Poder Judicial defina sin sucumbir ante el poder económico, sino se mantiene la presencia de la movilización y la participación para que la Ley pueda ser aplicada.
Por ello, más allá de la estrategia a seguir sea vía cámara o vía per saltum, la fuerza para avanzar en la pluralidad de voces y la democratización de los espacios de comunicación audiovisual, sigue radicando en la capacidad de lograr visibilizar el amplio consenso existente entorno a la norma.

lunes, 17 de diciembre de 2012

De los fallos judiciales y la aplastante victoria chavista en Venezuela.



Del cierre de la semana pasada, con el fallo del juez Alfonso declarando la constitucionalidad de los artículos de la Ley SCA que vienen frenando los jueces que responden a Clarín; y el fallo favorable del Tribunal del Mar que permitirá que el miércoles, la fragata Libertad emprenda el viaje de regreso tras haber sido retenida - intervención judicial de los fondos buitres mediante- en Ghana, al inicio de ésta con otra aplastante victoria chavista en los comicios regionales venezolanos, la vorágine política nos viene trayendo buenas nuevas.
En primer lugar y más allá de la apelación que ya presentó esta mañana el multimedios, cabe destacar que el fallo de Alfonso no sólo pone en plena vigencia la Ley SCA, sino que también sienta un precedente importante en la larga batalla judicial al dictar sentencia en la cuestión de fondo.
Un segundo lugar, digno de comentarse, es el fallo favorable al país dictado por el Tribunal del Mar que concluye con el vergonzoso accionar pro fondos buitres del Poder Judicial ghanés.
Andarán llorando aún ahora, los cipayos que apostaron al fracaso de la presentación judicial del Estado Argentino ante ese organismo en una causa que representaba un ataque liso y llano a nuestra soberanía.
Para desgracia de ellos y sus amos del mundo de las finanzas, el fallo del tribunal con sede en Hamburgo reafirma la total falta de competencia del Poder Judicial ghanés, y la imposibilidad de los buitres para pretender inhibir ciertos bienes de los Estados.
El corolario, un suceso que se esperaba, pero que confirma, en un momento delicado por la salud del Compañero Hugo Chávez Frías, el armonioso y contundente andar de la Revolución Bolivariana.
El chavismo arrasó en las elecciones a gobernadores y ganó en 20 de los 23 estados, incluyendo el Estado de Zulia, bastión histórico de la derecha pro imperio.
Sólo perdió en Amazonas; Lara; y Miranda, y obtuvo notables triunfos en Aragua; Carabobo; y Mérida.
El masivo apoyo, muestra un indudable convencimiento de la gran mayoría de los venezolanos en el proyecto popular y emancipador que viene realizando las mayores transformaciones de la historia venezolana.
La marea roja continúa avanzando a paso firme y con las banderas en alto.

viernes, 14 de diciembre de 2012

La negación de Lorenzetti.



Pese a estar de viaje en Brasil, el titular de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, no perdió la oportunidad de encabezar a la distancia, el acto de fin de año de la nefasta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quienes recuérdese, en vísperas del 7D sacaron un comunicado que significo su arrodillamiento público ante el poder económico.
En momentos en los cuales el debate entorno a la necesaria democratización del Poder Judicial crece en la sociedad, Lorenzetti eligió esa tribuna, que contó entre otros con la presencia de los consejeros de la Magistratura clarinistas, Ricardo Recondo; Alejandro Fargosi; y Daniel Ostropolski, las supremos, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, el titular de la entidad, Luis María Cabral, y el secretario general de los Judiciales, Julio Piumato, para sentar una posición que defiende el statu quo reinante.
“No somos una corporación, somos un poder del Estado, no defendemos intereses personales ni posiciones particulares” dijo Lorenzetti, y agregó: “lo que nosotros defendemos son los intereses de los ciudadanos, las libertades frente a los poderes económicos, fácticos y otros poderes del Estado. La gran diferencia que existe entre una corporación y un poder del Estado es que una corporación defiende sus propios intereses”.
Desde lo teórico, aún con matices, las palabras de Lorenzetti suenan positivas, el tema es que las expresa justamente en un ámbito que funciona como órgano corporativo, y para peor, cuenta con el aval de la CSJN quien le habilita sus canales de comunicación formales como su página de Internet, para que publicite sus diatribas.
A partir de ello es que las palabras del presidente de la Corte pasan a ser de poco serias a casi cínicas.
Niega que sean una corporación, pero ante cualquier cuestionamiento y/o debate público en pos de repensar al Poder Judicial, él mismo se suma al abroquelamiento ultraconservador que busca hacer desaparecer todo debate sobre algún posible cambio.
Se suma desde la pura negación y repite casi como si leyera un manual de justicia liberal, los preceptos bajo los cuales se cimentó este Poder Judicial incapaz de sortear las presiones y los acuerdos con los sectores concentrados de la economía, y sus rémoras del mundo ilegal más repugnante.
Definiciones como las de Lorenzetti, son, indudablemente, las que más reafirman la necesidad de repensar integralmente el Poder Judicial.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Patética puesta en escena de la izquierda jurásica.



En el día de ayer hubo masivas manifestaciones en distintas partes del país en rechazo al saldo del proceso judicial por la desaparición de Marita Verón, y también, mostrando una altísima disconformidad en general con el obrar de los poderes judiciales nacional; provinciales; y de la CABA.
Todas ellas, manifestaciones que comprenden el momento histórico del país en cuanto a la necesidad de protestar pacíficamente; cuidándose y cuidando al otro.
Todas excepto una, la movilización de la izquierda jurásica a la Casa de Tucumán en la CABA, en la cual, distintos partidos de esa izquierda que necesita constantemente ajustar la realidad al manual, definieron pudrirla destruyendo este local, patrimonio público, y lo más grave, atacando e hiriendo a empleados y policías que se encontraban dentro a fin de cuidar las instalaciones.
Una veintena de heridos debieron sufrir el embate de este minúsculo sector con casi nula legitimidad social, quien arrogándose la potestad para actuar en nombre de la justicia, realizó el ataque desde una perspectiva tan disparatada cómo falsa.
Según su pensamiento, el ajuste de realidad para que cuadre en los manuales dogmáticos señala que el gobierno es el responsable de todo lo que ocurre en la esfera estatal, sin mediaciones ni análisis que contemplen por ejemplo la división de poderes o como juega el poder económico; los policías son asesinos siempre y por ende merecen ser agredidos; y existe una cadena de mando lineal que baja desde el gobierno norteamericano a los gobiernos municipales que incluye, obviamente, a todos poderes del Estado.
Este tipo de análisis disparatados son los que los llevan a la conclusión según la cual, cualquier acción directa contra el Estado, sea nacional o provincial, es parte de la lucha “revolucionaria”, y en tanto así sea, es válida sin medir consecuencia alguna.
Una lógica que escapa totalmente a cualquier atisbo de realidad para sumergirse en una suerte de mundo fantástico donde, en tanto acción directa, destruir la Casa de Tucumán en la ciudad y herir a quienes allí trabajan y a los policías que allí se encontraban, sería un paso más en la lucha revolucionaria.
Lo cierto, es que este tipo de accionar tan patético como irracional, yendo más allá de la gravedad por el saldo de lo ocurrido, en la sociedad genera un profundo rechazo, y por ende, suele ser utilizado por los sectores corporativos para bastardear a la política.
Este tipo de acciones aportan a la despolitización social, y le dan a los escribas de la antipolítica letra para hacerse un festín.
Todo ello, al margen del apoyo brindado ayer por Susana Trimarco, la persona con más legitimidad para expresarse tras el lamentable fallo en Tucumán, a la otra movilización realizada en la CABA que fue frente a Tribunales.
Las puestas en escena en las que pretenden vestirse de revolución, realizadas por esta izquierda jurásica, siempre arrojan saldos que colaboran con la cultura neoliberal del descreimiento; el individualismo y la fragmentación social.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Caso Marita Verón: La decadencia judicial.



Cuatro horas de demora, maltratos del aparato judicial para con Susana Trimarco y la absolución de los 13 acusados fueron el saldo de un fallo que otra vez, pone en evidencia la notoria decadencia del Poder Judicial en el país.
10 años después de la aún desaparecida Marita Verón, victima de la trata de personas, el proceso judicial por el cual se supone, se hicieron las investigaciones para llevar a juicio a los 13 imputados que ayer el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán definió absolver por fallo unánime, ha tenido una conclusión que muestra falencias por donde se lo mire.
Ya sea porque la investigación judicial ha sido incapaz de llegar a parte de la verdad, o porque, cómo la propia Susana Trimarco afirma, los jueces que integran la Sala II, Alberto Piedrabuena; Eduardo Romero Lascano; y Emilio Herrera Molina, son, por complicidad o por acción, parte del entramado que conforma la trata de personas, lo cierto es que el fallo da cuenta de la impunidad con la que cuentan grupos mafiosos que operan con el beneplácito del poder económico en nuestro país.
Y digo que funcionan con el beneplácito porque el negocio de la trata de personas se traduce en prostíbulos que aún hoy, y con la ley de trata vigente desde 2008, siguen utilizando espacios para publicitarse en diversos medios que se transforman en cómplices y/o socios.
Es claro entonces, que los grupos mafiosos tienen capacidad para obrar configurando un entramado que les garantiza impunidad policial y judicial, y con un poder económico que busca sacar su tajada.
Como una red de complicidades que garantizan el negocio de la degradación y la muerte, y encuentran el resguardo de un Poder Judicial cuyos miembros son sospechados de ser son participes.
Desde luego, esta sospecha tiene fundamentos en la evidencia que tras 29 años de democracia, el Poder Judicial guarda vicios propios en su configuración y conformación que permiten que quienes lo conducen en sus distintos estamentos y quienes toman las decisiones sobre que es justicia y que no, sean permeables a intereses ajenos y particulares.
Cómo lo he mencionado frente a otras causas que dan cuenta de la degradación que sufre el poder más antidemocrático del Estado, la causa sobre la desaparición de Marita Verón, vuelve a poner sobre el tapete la urgencia en repensarlo de forma integral.

martes, 11 de diciembre de 2012

El regreso de la Unión Democrática.



En ocasiones, una foto dice más que mil palabras, y esta es una de ellas.
Apadrinados y auspiciados por el grupo Clarín, los opositores de turno en el terreno electoral- institucional, se juntaron ayer en lo que bien rememora aquella fracasada Unión Democrática.
Sí señoras y señores, aunque sea difícil de creer lo han hecho otra vez, como cuando pretendían cogobernar el país por medio del frustrado Grupo Ahhh, y ahora la excusa ha sido la defensa del poder económico del "Gran Diario Argentino" y del corporativismo judicial imperante.
Utilizando el 10 de diciembre como excusa, opositores del radicalismo; el pro; el FAP en su conjunto; y lo que queda de la derecha peronista aún no alineada al macrismo, se juntaron ayer en la sede capitalina de la UCR para firmar un documento que pretende negar la discusión entorno a la independencia del Poder Judicial respecto del poder económico, a fin de defender el vergonzoso accionar del primero respecto de la cautelar eterna que salvaguarda los intereses de su auspiciante.
Una vez más, y es una constante de 2008 a la fecha, la agenda opositora es definida por un holding de empresas que no representa nada más que sus intereses.
Una vez más tenemos a la bolsa de gatos que posa de guardián de las instituciones cuando lo único que resguarda es la normalidad del statu quo.
Una vez más vienen a atacar al Proyecto Nacional y Popular desde esa mirada que pretende colocar intereses particulares como intereses generales.
Lo han hecho de nuevo, quizás para reafirmar que en definitiva, su compromiso es con las corporaciones.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Tantas veces nos mataron.



Masiva celebración popular a lo largo y ancho del país con motivo del 29° aniversario del retorno de la democracia y el Día Internacional de los DDHH, la ocurrida ayer.
Tras el nefasto 6 de diciembre y a pesar un coro opositor que nuevamente, haciendo caso omiso a experiencias anteriores, venían vendiendo el final del proceso político más importante de los últimos 50, el pueblo volvió a las calles en cada ciudad y localidad para decir presente y apoyar el Proyecto Nacional y Popular.
Una vez más, quienes habían pronosticado al kirchnerismo en su lecho de muerte, vieron sucumbir sus palabras, que más que un análisis bien podrían catalogarse como una cuestión de fe, ante una realidad que se los llevó puestos como ocurriera en 2011 con, probablemente, la manifestación más grande de 1983 a la fecha.
De igual forma, se hizo pedazos aquella falsa premisa sobre cómo el Movimiento Nacional y Popular había perdido las calles.
En contraposición, se evidenció esa masividad que reunió a no organizados y a todas las organizaciones que han venido creciendo con militancia y en unidad en estos años.
En este marco brindaron sus espectáculos distintos artistas, y la Presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández, pronunció otro discurso antológico tras entregar los premios Azucena Villaflor de cara a su Pueblo, que salió feliz a las calles para ser protagonista de esta fiesta patria popular, pero también para defender las políticas de este proyecto redistributivo; inclusivo; y solidario.

viernes, 7 de diciembre de 2012

6D: Confirmado, no hay independencia del poder económico.



Como es de público y notorio, ayer a última hora, la autoproclamada competente, a pesar la vergüenza jurídica de tomar una causa que le correspondía al fuero contencioso administrativo y de volver a rechazar las recusaciones a jueces ligados a una de las partes, Cámara Civil y Comercial, prorrogó hasta la eternidad la medida cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por medio de su Sala N° 1, recompuesta a pesar de las dos recusaciones, cabe reiterar, a medida de una de las partes en conflicto y por tres jueces de los cuales sólo dos firmaron el fallo – María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras-, algo inédito en la historia argentina, hizo lugar al planteo de dicha parte – entiéndase cumplió con las ordenes que le fueron dadas-, yendo en contra del fallo de la CSJN el cual dejaba en claro que la cautelar concluía el día de hoy.
Desde luego, Ya hay una doble presentación para revocar el fallo: Por un lado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual solicitó a la CSJN que declare la nulidad de la resolución dictada por la cámara, y por otro la Jefatura de Gabinete de Ministros utilizó el recurso constitucional del per saltum para presentar ante el máximo tribunal el pedido de revocación.
Ayer mismo, decía que aún cuando el grupo Clarín se está quedando sólo en su cruzada para defender su poder corporativo, eso no implicaba que su capacidad de acción y presión estuviera afectada, y en todo caso, el fallo ha venido a confirmar esto.
Pero no es lo único que confirma, pues también deja en claro que la batalla contra las corporaciones necesariamente tiene un frente judicial en el cual hay que pensar.
Al fallo podemos sumarle el nefasto accionar corporativo de un poder que se abroquela cuando se cuestionan algunos de sus miembros, tal es el caso de la declaración vergonzosa efectuada ayer por magistrados, incluidos miembros de la CSJN, quienes pretenden colocarse en un estadio superior incuestionable para el resto de la sociedad, inclusive avasallando las potestades de los otros poderes del Estado.
Resulta una verdad de Perogrullo, pero parece necesario decir que todos los miembros del Poder Judicial son parte de esta realidad y esta sociedad, y como parte tienen inquietudes; pensamientos y accionares políticos; y defienden intereses diversos.
El problema entonces radica, en que la sumatoria de todo el entramado judicial ha venido dando el mismo resultado a lo largo de la historia argentina, y fundamentalmente en los últimos 35 años: La imposibilidad de fallar de manera independiente de los designios del poder económico.
Sí el Poder Judicial no puede ser independiente de estos intereses, entonces urge rever y reformar integralmente su condición.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Clarín cada vez más sólo.



Faltan menos de 48 horas para que se cumpla el plazo definido por la CSJN y caiga la cautelar que impide la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el multimedios Clarín no gana par disgustos.
Es que ayer, tras la fallida movida que pretendía rearmar la Cámara en lo Civil y Comercial, que al margen de no tener competencia para intervenir en el caso dado que el mismo consiste en un diferendo entre el Estado y un particular, fue compuesta por jueces que tienen comprobadas relaciones con el grupo, recibió otro revés de un socio propio.
David Martínez, dueño mayoritario de Fintech Advisory Inc y propietario del 40% de Cablevisión, la empresa del multimedios que más factura, se presentó ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para expresar su pleno reconocimiento a la ley, e informar que en la próxima asamblea de accionistas propondrá un plan de adecuación enmarcado en el artículo 161.
Desde luego, Martínez en tanto socio minoritario de Cablevisión, no tiene la potestad para imponer dicho plan, pero sí deja en claro que la posición corporativa del grupo Clarín, cada vez se encuentra más solitaria.
Más allá de todo el humo que pretenda vender con comunicados de sellos aliados y/o propios, y de la catarata de ataques perpetrados por sus voceros; periodistas; y alcahuetes situados en distintos estamentos institucionales o de la sociedad civil, multiplicados en las últimas horas, contra una ley democrática y el Gobierno Nacional y Popular quien pretende hacerla cumplir, el grupo ve como su ilegitimidad y su ilegalidad se evidencian más a cada minuto.
Indudablemente, que su socio minoritario en la empresa más redituable les dé la espalda, es prueba contundente de ello.
Pasan las horas y Clarín sólo muestra manotazos de ahogado, en su mayoría, escenificaciones montadas para la tribuna.
Parece casi irreal su errante transitar, aunque bien sabemos de su capacidad de acción y presión en todos los estamentos de la sociedad.
Es por ello, que aún no se debe descartar alguna jugarreta espuria de último momento.
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